Doce campanazos
El doceavo campanazo lo debemos dar los ciudadanos: impedir que caigan en el olvido tanto crimen y tanta desvergüenza y seguir elevando el listón de exigencia a través de la participación política, la vigilancia y la denuncia de los actos ilícitos en los que incurran las autoridades.
Doce campanadas o mejor aún doce campanazos podrían hacer sonar los titulares o integrantes de las instituciones políticas del país para que los mexicanos podamos empezar a creerles que de verdad son nuestros representantes, que quieren cambiar a México, que debemos votar por alguno de ellos en 2015 y que les interesa el bienestar general.
Doce campanazos que lleven a desmentir lo que dicen las encuestas, o sea, que no nos sentimos representados, que la mayoría de los políticos son corruptos, que lo único que les interesa es ensanchar su beneficio personal.
Doce campanazos para disminuir el desánimo y elevar la esperanza. Doce campanazos que dejen atrás la noche vieja y la historia de horrores de 2014. Doce campanazos que muestren que los políticos quieren separar el año saliente del entrante.
Uno, que en los casos de Tlatlaya y Ayotzinapa se sigan las averiguaciones y no quede funcionario público electo o designado sin ser investigado y sancionado en caso de ser culpable.
Dos, que el Presidente ordene una investigación independiente por cada caso de presunto acto de corrupción en el que algún integrante de su administración se haya visto involucrado. Desde el caso de Benito Neme con Capufe hasta el caso del secretario de Hacienda con el préstamo del Grupo Higa pasando por la participación del secretario de Comunicaciones y Transportes en la “licitación” del tren rápido México-Querétaro. Obviamente en el entendido de que la remoción o renuncia del cargo no es sustituto de la pena correspondiente.
Tres, bajo el lema de “el que nada debe nada teme” que el SAT responda positivamente a la petición de los ciudadanos Luis Pérez de Acha y Darío Ramírez entregando constancia de corroboración de los datos fiscales que la señora Angélica Rivera dio a conocer públicamente a raíz del escándalo de la Casa Blanca.
Cuatro, que la Oficina de la Presidencia ofrezca una lista de los concursos ganados por y de las asignaciones directas otorgadas a las empresas del señor Hinojosa tanto en el sexenio de Peña Nieto, como gobernador del Estado de México, como de los dos años que han transcurrido de su presidencia.
Cinco, que el gobierno también investigue y sancione las conductas delictivas de aquellos ciudadanos que han abusado del derecho de manifestación y a su amparo han cometido delitos como la destrucción de la propiedad privada y la pública, la privación de la libertad de otros ciudadanos, la agresión física y lesión de múltiples servidores públicos y, en el colmo de la impunidad, el homicidio de otros ciudadanos como el despachador de gasolina en Chilpancingo, Gonzalo Rivas.
Seis, que el gobierno federal se comprometa a hacer realidad la Reforma Educativa en Oaxaca y otras entidades federativas, que exitosamente se han opuesto a ella a través de la violencia de la CNTE tolerada por los gobiernos federal y estatales.
Siete, que los legisladores atiendan la ya tradicional, pero incumplida “recomendación” de la Auditoría Superior de la Federación de dar cuenta detallada del uso de la partida otorgada a los grupos parlamentarios, que alcanza casi 20% de los recursos asignados al Congreso y que, supuestamente, está destinada a la “operación interna” de las bancadas.
Ocho, que los legisladores aprueben sin demora y sin deformaciones las iniciativas encaminadas a disminuir la protección de los privilegios de la clase política: fuero, responsabilidad hacendaria de los gobernadores, transparencia y rendición de cuentas, anticorrupción.
Nueve, tomarle la palabra al senador Zoé Robledo y a muchos otros que hemos propuesto que los funcionarios de las tres ramas y de los tres órdenes de gobierno hagan públicas sus declaraciones patrimoniales, su declaración de impuestos y su declaración de intereses para hacer más fácil la tarea de investigación de delitos como el tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito o conflicto de intereses.
Diez, descriminalizar el consumo de la mariguana y dejar de perseguir a los usuarios de esta droga para priorizar la persecución de otros delitos.
Once, implementar medidas para evitar el uso de recursos públicos federales y estatales en las campañas electorales y unir esfuerzos para cuidar la selección de candidatos a los cargos de elección popular en los comicios intermedios de 2015 con el fin de minimizar el riesgo de la narcoelección y la narcopolítica.
El doceavo campanazo lo debemos dar los ciudadanos: impedir que caigan en el olvido tanto crimen y tanta desvergüenza y seguir elevando el listón de exigencia a través de la participación política, la vigilancia y la denuncia de los actos ilícitos en los que incurran las autoridades. Sólo así se podrán disminuir poco a poco la corrupción y la impunidad.
*Investigador del CIDE
Twitter: @amparocasar