Silencio cómplice

Hace dos semanas escribía en este mismo espacio que la idea de un pacto contra la corrupción y la inseguridad no prosperaría porque nuestra clase política tenía un pacto previo e inconfesable: un pacto con la impunidad. “Tapaos los unos a los otros”, decía entonces, era el lema de nuestros partidos.

Hoy tenemos una prueba más de ese silencio cómplice. Gracias a la investigación periodística de Carmen Aristegui hoy sabemos que hay, por decir lo menos, graves irregularidades vinculadas a la casa de la primera dama (aún no es propietaria, pero la parte compradora le otorgó la posesión), pero que, irremediablemente, tocan al Presidente. Lo tocan por partida triple. Primero, porque el señor Hinojosa, cuya empresa todavía es dueña de la propiedad en cuestión, fue un contratista muchas veces beneficiado por Peña Nieto cuando fue gobernador del Estado de México. Segundo, porque, siendo ya Presidente y su esposa ya habiendo tomado posesión de la casa, volvió a beneficiar al señor Hinojosa como integrante del consorcio que “ganó” una licitación en la que había sido el único postor. Tercero, porque no se puede hablar de un negocio privado de la primera dama si está involucrada una obra pública.

Ante estas irregularidades que, de comprobarse, serían hechos constitutivos de delitos, los partidos de oposición han callado: ni condena ni exigencia de aclaración ni demanda de apertura de una investigación. Los liderazgos partidarios en cualquiera de sus manifestaciones —presidentes de las cámaras, líderes de las bancadas, presidentes de los comités ejecutivos nacionales o jefes de los ejecutivos locales— guardan un silencio cómplice. Un silencio que dice mucho del talante de nuestros políticos, particularmente de la oposición. Vaya, cómo estarán las cosas que ante la oportunidad de lucrar electoralmente con un presumible acto de corrupción al más alto nivel, han preferido no hacerlo.

Vinculado a este escándalo está la sorpresiva orden del Presidente de revocar el fallo que había designado a ocho empresas (tres chinas, cuatro mexicanas y una francesa) para desarrollar el Tren de Alta Velocidad México-Querétaro con un costo de 50 mil 820 millones 264 mil 42 pesos. Las razones fueron: “En razón de las dudas e inquietudes que han surgido en la opinión pública”. O sea, una licitación que a su juicio “siempre no” garantizaba las condiciones de transparencia y legitimidad que ameritaba un proyecto de esta envergadura. No estoy segura de que el Presidente esté facultado para revocar una licitación porque, hasta donde entiendo, vivimos en un régimen de facultades expresas y la de revocar licitaciones no es una de ellas. En todo caso, tenemos derecho a suponer que algo malo tendrían el procedimiento y el contrato de licitación pública si el Presidente tomó la decisión de revocarla a pesar de la férrea defensa que su secretario hiciese de la misma apenas tres días antes.

En cualquier país con un nivel de legalidad mínimamente aceptable, ya se habría abierto una investigación para saber si la licitación fue legal y con todos los controles posibles, como dijo el secretario Ruiz Esparza inicialmente, o sucia, como implicó el presidente Peña Nieto unos días después. La investigación ya la habrían pedido los contratistas ganadores con el propósito de defender sus intereses y mantener su reputación. Ya la habría pedido la oposición en el Congreso, que es la institución encargada de vigilar al Ejecutivo y que tan proclive es a pedir la formación de comisiones. Ya la habrían pedido los ejecutivos locales de otros partidos con el fin de diferenciarse del gobierno federal. Pero no. En México ninguno de estos ha dicho esta boca es mía. No hemos visto ni la condena ni la decisión del Congreso de formar una comisión; no hemos visto el reproche ni la exigencia del PAN o del PRD para que se abra una investigación; no hemos visto a los gobernadores ni a los contratistas reclamando el acto de corrupción. No lo hacen porque no tienen la legitimidad para hacerlo. Seguramente los legisladores piensan que si los integrantes del Poder Legislativo tienen derecho a un moche, por qué no habrían de tenerlo los del Ejecutivo. Seguramente los líderes de los partidos siguen necesitando o no han acabado de pagar las deudas por el apoyo del Ejecutivo para mantenerse en sus puestos, aunque el Pacto por México ya haya terminado. Seguramente los gobernadores tienen la misma costumbre de amañar o declarar desiertas las licitaciones y los privados de aprovecharse de ellas.

La investigación no se ha pedido, así que, una vez más, habrá impunidad. Basta con que se haya cancelado el proyecto. A lo más, podríamos ver que el escándalo le costará el puesto al secretario o a algún funcionario de menor rango. Pero responsabilidad administrativa o penal, ni hablar.

Es duro decirlo, pero no parece haber más que de una sopa. Los líderes de los partidos y los titulares e integrantes de los otros poderes no hablan y no denuncian porque tienen cuentas por cobrar que, inmediata o posteriormente, les pueden ser recolectadas. Para eso sí sirve la inteligencia del Estado.

                *Investigador del CIDE

                amparo.casar@cide.edu

                Twitter: @amparocasar