La oferta de Beltrones
El Congresoha sido bueno para exigir transparencia y rendición de cuentas al Ejecutivo a través de la primera Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental en 2002 y, sobre todo, a través de la Auditoría Superior de la Federación... Pero esta exigencia no se la ha aplicado a sí mismo...
Al ser nombrado presidente de la Junta de Coordinación Política, el diputado Manlio Fabio Beltrones hizo un anunció importante: una nueva política de transparencia y rendición de cuentas para la Cámara de Diputados. Con esta promesa puede acabarse con esa realidad que tan bien refleja el dicho de: “En casa del herrero azadón de palo”.
En efecto, el Congreso ha sido bueno para exigir transparencia y rendición de cuentas al Poder Ejecutivo a través de la primera Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental en 2002 y, sobre todo, a través de la Auditoría Superior de la Federación.
Año con año al aprobar la Cuenta Pública se aprovecha para leerle la cartilla por todas las observaciones que le hace el auditor superior de la Federación. No se puede decir que la exhibición de las miles de observaciones realizadas tengan mayores consecuencias, pero cuando menos nos permite enterarnos de las “anomalías” en el ejercicio del gasto y en el cumplimiento de los objetivos de los programas gubernamentales.
Pero esta exigencia no se la ha aplicado a sí mismo el Congreso. No fue sino hasta la reforma de 2013 que se convirtió en sujeto obligado a documentar todo acto que derive de sus facultades y funciones. Por fin adquirimos el derecho a pedir cualquier tipo de información sobre el Congreso y sus integrantes y ellos la obligación de darla a conocer.
En particular el diputado Beltrones se ha comprometido a que en un plazo de 45 días el Comité de Administración presente un proyecto para fortalecer la transparencia en el ejercicio del gasto de la Cámara baja e impulsar la revisión y actualización de la normatividad que regula el actuar de la Cámara de Diputados, “con el fin de establecer las bases que permitan a ésta y a las siguientes legislaturas contar con instrumentos jurídicos que brinden certeza, agilidad y transparencia al quehacer administrativo y legislativo de la Cámara”. Dijó que la Cámara tiene que ser ejemplo de transparencia para seguir legislando con autoridad absoluta. Tiene razón y habría que tomarle la palabra en sus dos promesas: la de transparentar y la de eficientar. De otro modo se antoja irremontable la tarea de represtigiar al Congreso, cuyos integrantes son los servidores públicos peor evaluados (BGC, Agosto 2014).
Para transparentar no sólo se debe saber cuánto cuesta la Cámara de Diputados. De eso ya tenemos noticia. Para el año que corre se le otorgó un presupuesto de más de seis mil 700 millones, para 2015 la cifra subirá a más de siete mil 300 millones. Lo importante es saber a quiénes y a qué partidas y rubros se destinan esos recursos; cuánto gana realmente cada diputado “de a pie” y cuánto los que desempeñan un puesto de dirección en los muchos órganos en los que se divide la Cámara, una vez que se le suman todas las prestaciones; a dónde van las llamadas subvenciones ordinarias y extraordinarias, por qué los líderes de las fracciones parlamentarias pueden gastar a modo los recursos que se les asignan. Tienen que transparentar el destino del gasto de esos más de dos mil 400 millones (casi un tercio del presupuesto) que se esconde en la partida Servicios Generales. Lo mismo va para el Senado cuyo presupuesto será de cuatro mil 300 millones.
Países como Chile reportan una página por legislador en la que, además de sus datos generales, se informa el monto de la dieta, las percepciones por concepto de asignación para desempeño legislativo, arriendos y telefonía, el gasto en pasajes aéreos, la asistencia a pleno, el sentido de la votación del legislador y su participación en foros internacionales. Adicionalmente se presenta la declaración patrimonial y la “declaración de intereses” de cada legislador. Este tipo de datos se obtienen en México ya sea por la investigación de aquellos que nos dedicamos al estudio del Congreso o a través de la labor periodística.
Necesitan explicar por qué hay 500 diputados y un ejército burocrático de más de tres mil trabajadores; decirnos qué otras actividades tienen o han tenido los legisladores, cuántos y quiénes son los cabilderos; qué justifica que haya 56 comisiones ordinarias y 35 especiales. Necesitan exponer la razón de por qué año tras año la Auditoría Superior les hace las mismas observaciones y se dan el lujo de ignorarlas.
Se antoja urgente aumentar la transparencia, pero también la eficiencia. Sobre todo (vaya, como recomendación en esta tarea a la que se ha comprometido el presidente de la Junta de Coordinación), debería revisarse la estructura de apoyo a la labor legislativa y los recursos que a ella se destinan. Los parlamentos con mayores capacidades institucionales son los que dedican una importante proporción de sus recursos a la creación y sostenimiento de cuerpos profesionales independientes (a-partidarios) para cubrir la gran diversidad de áreas que un parlamento contemporáneo debe atender. A diferencia de otros congresos, el mexicano no cuenta con ese tipo de apoyo ni a nivel de los grupos parlamentarios ni a nivel de las comisiones. Un Congreso fuerte no es uno con muchos recursos sino uno que los emplea racionalmente.
*Investigador del CIDE
Twitter: @amparocasar