El cómodo expediente de los costos políticos

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María Amparo Casar 20/08/2014 00:32
El cómodo expediente de los costos políticos

Mucho y muchos hemos insistido en que una de las grandes reformas pendientes es la legislación sobre corrupción. Francamente ya no sé si deberíamos seguir empujando para aprobar una ley anticorrupción, crear un organismo encargado de prevenirla, investigarla y castigarla o al menos nombrar al titular de la fiscalía anticorrupción que aparece en el organigrama de la Procuraduría General de la República.

Una revisión de la Constitución, las leyes secundarias y un sinfín de reglamentos arroja cientos de referencias a las responsabilidades de los servidores públicos de todos los niveles, a lo que les está prohibido y permitido, a las sanciones a las que se harán acreedores en caso de incurrir en delitos y faltas administrativas y a los procedimientos para imponerlas. Tan solo el Código Penal incluye 13 delitos muy bien especificados y las penas que les corresponden. 

Organismos o instancias anticorrupción nos sobran. Ahí están no sólo la casi extinta Secretaría de la Función Pública y las auditorías superiores de la Federación y de los estados sino también los supuestos guardianes de los programas sociales y las contralorías internas de cada dependencia. Está claro que ni la tipificación de delitos y sanciones ni la existencia de organismos para prevenirlos y detectarlos ni la existencia de un sistema de justicia para procesarlos, alcanzan. La ley en este país no basta.  

No hay cifras de cuántas de las muchas denuncias sobre presuntas conductas ilegales que a diario leemos en la prensa son investigadas, merecen la apertura de un expediente y son eventualmente castigadas. Seguramente ocurre lo mismo que con el resto de los delitos. Se denuncian alrededor de 10% y se castigan el tres por ciento.

Para cerrar el cuadro y al igual que lo que ocurre con los delitos cometidos por los ciudadanos, a quien suele investigarse y castigarse no es a los grandes transgresores de la ley sino a los que se encuentran hasta abajo de la escala social o del escalafón. Las cárceles están llenas de delincuentes menores, pero Amado Yáñez libra la aprehensión gracias a una fianza de 80 millones de pesos por un fraude de cinco mil millones. Hace unos días se tuvo noticia de que la Contraloría del DF destituyó a dos funcionarios de la Oficialía Mayor por el sobreprecio en la adquisición de unos toners, pero el director general que firmó los contratos no fue contemplado en las sanciones (Reforma 14/VIII/14). Para los pequeños infractores, el peso de la ley y la justicia pronta y expedita. Para los grandulones o los peces gordos un largo proceso, casi siempre en libertad, que suele acabar en el olvido.

En México se ha tomado la costumbre de evadir los costos legales que corresponderían a los presuntos delitos cometidos por los servidores públicos: desde la investigación hasta la sanción. Se les ha sustituido por el cómodo expediente de los costos políticos.

¿Para qué más leyes si no sirven más que de decoración? ¿Para qué elevar las sanciones si los delitos no se investigan? ¿Para qué más sujetos de transparencia y rendición de cuentas si acaban por evadir la ley con el beneplácito de quienes tienen que aplicarla?

¿Para qué un órgano anticorrupción si la práctica que se ha adoptado es, en el mejor de los casos, remover al funcionario del cargo que ocupa? Con eso se sacia la sed de justicia. Las consecuencias legales son la excepción más que la norma. Se recurre a una especie de justicia privada: se crea una comisión de investigación que sólo por excepción llega a conclusiones; se recurre a los órganos internos de los partidos como las comisiones de honor y justicia o los comités de vigilancia; se anuncia que se auditarán —siempre en un futuro que nunca se convierte en presente— los recursos mal habidos o mal gastados; se remueve del cargo al inculpado, y se llega al extremo del cinismo de pedir una disculpa pública condicionada a que “mi conducta haya ofendido a alguien”. Ningún gobierno y ningún partido se salvan de esta costumbre.

El costo que pagó Cuauhtémoc Gutiérrez por la acusación de diversos delitos fue su remoción como presidente del PRI del DF. El que ahora paga Luis Alberto Villareal es el de su destitución como líder de la bancada del PAN en la Cámara de Diputados. A veces ni a eso se llega. Ni los presuntos moches ni la acusación de tráfico de influencias para favorecer el negocio de los casinos lo tambaleó. Peor aún, no se sabe si su reciente destitución se debió a la presunción del uso de recursos públicos para beneficio privado o al escándalo de una fiesta que va en contra de la moralidad que predica Acción Nacional.

La devaluación y la degradación de la política de las que tanto se habla en los últimos días a propósito de los llamados diputables del PAN la sufren todos los partidos por igual. No proviene de los escándalos públicos sobre asuntos privados. Lo que verdaderamente deteriora a los políticos y a las instituciones que ellos encabezan o representan son la comisión sistemática de delitos y la impunidad para quienes los cometen.

                *Investigador del CIDE

                amparo.casar@cide.edu

                Twitter: @amparocasar

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