Una Legislatura muy productiva

En dos añosun Congreso plural en el que están representadas siete fuerzas políticas y ningún partido tiene mayoría fue capaz de procesar 17 reformas constitucionales que modificaron 69 artículos, cambiaron decenas de leyes y crearon más de 15 nuevos ordenamientos jurídicos.

Impresionantes los logros de la LXII Legislatura que la semana pasada concluyó los trabajos de su segundo año sumando cuatro periodos ordinarios y seis extraordinarios.

La cantidad y profundidad de las transformaciones legislativas no tienen precedente. En dos años un Congreso plural en el que están representadas siete fuerzas políticas y ningún partido tiene mayoría fue capaz de procesar 17 reformas constitucionales que modificaron 69 artículos, cambiaron decenas de leyes y crearon más de 15 nuevos ordenamientos jurídicos. No hay mejor prueba de que no hace falta reducir la pluralidad política para lograr la eficacia legislativa.

Pero la importancia no está en la cantidad sino en la variedad de los temas abordados y la profundidad de muchas de las reformas. Los cambios no fueron triviales ni unilaterales ni de fácil concreción.

Los legisladores abordaron desde el carácter laico de la República hasta los registros públicos inmobiliarios. Desde la legislación procedimental penal única hasta la prohibición del trabajo de los menores. Desde las modalidades de la participación del Estado en la economía hasta los derechos políticos de los ciudadanos. Desde la relación del sindicato de maestros con el sistema educativo hasta la reconfiguración del sector de telecomunicaciones.

De la profundidad de los cambios tampoco hay duda. No hay espacio para reseñar las consecuencias potenciales de las reformas, pero está claro que los legisladores decidieron terminar con algunos lastres en la estructura económica como el monopolio del Estado en materia energética y la no reelección (lástima de candados) en la estructura política.

Además, los cambios fueron producto, las más de las veces, no de mayorías predeterminadas y apretadas sino de un consenso y en ocasiones de una unanimidad inusual en las democracias.

Ninguna de las reformas aprobadas en la actual legislatura fue suscrita por un solo partido. Incluso si se considera al PRI-PVEM-Panal como una misma fuerza política, sólo 4% de las votaciones en el Senado salieron adelante con los votos de esa coalición y sólo 8% en la de Diputados. La mayoría de las iniciativas fueron aprobadas por todos los partidos y una mayoría todavía más grande (65% en el Senado y 73% en Diputados) con el concurso de PRI-PAN-PRD. Estos tres partidos dan cuenta de casi 90% de la representación en el Congreso.

La LXII Legislatura se encargó de derribar varios mitos: que los gobiernos sin mayoría tienden a la parálisis, que las fuerzas políticas no pueden dejar a un lado sus diferencias, que la oposición está para obstaculizar el trabajo del Presidente, que en México gobierna lo que algunos han dado en llamar el PRIAN, que los poderes fácticos son intocables.

Mas allá de lo que cada uno piense sobre las reformas, vale la pena recordar, con la muy acertada frase de Federico Reyes Heroles que, al menos en estos 18 meses de trabajos legislativos, “la generación del NO” se convirtió en la “generación del SÍ”.

Aunque muchos hemos sostenido que cerrado este ciclo de reformas ahora es más apremiante la necesidad de gobernar que de legislar, el trabajo legislativo está lejos de haber terminado.

Como suele ocurrir, los asuntos pendientes siempre son más que los concluidos. Partidos y Presidente comprometieron en el Pacto por México políticas y cambios legislativos de los cuales se ha dejado de hablar y cuyo olvido puede perpetuarse en el escenario electoral que está por comenzar.

Uno de los más urgentes es el que atañe a la corrupción: la Secretaría de la Función Pública sigue en el limbo, la iniciativa para crear el nuevo órgano de combate a la corrupción está en la ***congeladora, el fiscal anticorrupción no se ha nombrado. Mientras tanto, los escándalos políticos están a la orden del día. Cuando no son los moches de los propios legisladores son las concesiones discrecionales, Oceanografía, el robo de los ductos de Pemex o la Línea 12 del Metro. Todos consentidos. Todos impunes. La promesa de un cambio drástico en el ejercicio del poder no se ve ni como nueva legislación ni, más grave aún, como política pública. Ahí están las encuestas que muestran el aumento de la corrupción y desaprueban el desempeño del gobierno en esta materia.

Pero la corrupción no es el único pendiente. Faltan la seguridad social universal, el fuero de los legisladores, la ley de responsabilidad hacendaria, la cédula de identidad ciudadana, las reformas en seguridad y acceso a la justicia, la del campo…

Los partidos y el gobierno tendrán la tentación de ponerle “pausa” a estos pendientes porque llegó el momento de competir. Ojalá y no sea así. El buen desempeño de la LXII Legislatura los compromete a ir por más. Las ofertas políticas volverán a estar en la mesa. Habrá que recordar al electorado los compromisos que cada partido nos quedó a deber.

De última hora: decepciona, mancha su reputación y es inadmisible que los diputados quieran cobrar un millón de pesos por el trabajo que están obligados a hacer y por el cual reciben una remuneración más que cuantiosa.

                *Investigador del CIDE

                amparo.casar@cide.edu

                Twitter: @amparocasar

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