¿Y los derechos de la policía?

Las percepciones de la población sobre la policía no son para enorgullecer a nadie. Su reputación es mala aunque, por cierto, no peor que la que tienen otros actores de la vida pública cuyas calificaciones están por debajo de las de los uniformados.

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María Amparo Casar 04/06/2014 02:55
¿Y los derechos de la policía?

Gracias al trabajo de académicos, organizaciones sociales y medios de comunicación, cada día tenemos más información sobre las extorsiones, crímenes y delitos que los policías cometen contra la población. Aunque, por falta de denuncias, no conocemos con precisión la magnitud del problema. Se sabe que un buen número de policías han hecho del uso de la fuerza y de la corrupción un modus operandi y que estas conductas pocas veces reciben castigo.

Las percepciones de la población sobre la policía no son para enorgullecer a nadie. Su reputación es mala aunque, por cierto, no peor a la que tienen otros actores de la vida pública, cuyas calificaciones están por debajo de las de los uniformados. En la última encuesta de Consulta Mitofsky (febrero de 2014) la policía recibió una calificación de 5.8, pero los senadores de 5.7, los diputados de 5.4 y los partidos de 5.1

Pero de lo que sabemos mucho menos es de las precarias condiciones en las que tienen que trabajar los policías, de las faltas de respeto, reconocimiento y consideración a sus labores y de las muchas agresiones, crímenes y delitos que los ciudadanos y los llamados “pobladores” cometen contra la policía y que también quedan impunes.

No hay estadísticas sobre las violaciones a los derechos humanos, a la dignidad y a la integridad física de los policías en el país. Quién sabe qué revelarían. Pero sí hay casos emblemáticos que alarman por lo que demuestran. Es cuestión de hacer memoria. En noviembre de 2004, pobladores de San Juan Ixtayopan (Tláhuac) golpearon brutalmente a tres agentes de la Policía Federal Preventiva y depositaron los cuerpos de dos de ellos en una hoguera pública hasta que quedaron calcinados. El 1º de diciembre de 2012, opositores de Peña Nieto lanzaron bombas molotov y arremetieron a palos, botellas, ladrillos, vidrios y trozos de banqueta contra los policías encargados de la seguridad en San Lázaro y en el Centro Histórico. El 1º de octubre de 2013, manifestantes de la CNTE que protestaban contra la Reforma Educativa agredieron violentamente a seis policías, mandando a uno al hospital con traumatismo craneoencefálico. Al día siguiente, un grupo de infiltrados en la marcha pacífica para conmemorar el 2 de octubre golpearon brutalmente a elementos policiacos que resguardaban a los manifestantes. El 24 de marzo de este año vimos cómo un grupo de aficionados golpearon, patearon y apalearon sin piedad a ocho policías responsables de la seguridad del Estadio Jalisco. El 22 de mayo, pobladores de San Bartolo Ameyalco, en la delegación Álvaro Obregón, agredieron e hirieron de gravedad a seis policías que protegían la ejecución de una obra de entubamiento de agua a la que ellos se oponían. Finalmente, el 27 de mayo, pobladores del municipio mexiquense de Atlautla secuestraron, golpearon y asesinaron a dos policías para vengar la muerte de dos presuntos talamontes que, a su vez, habían sido ejecutados.

La gama de agresiones a los policías van de los asesinatos y linchamientos hasta las vejaciones por parte de los ciudadanos, como aquel protagonizado por las llamadas ladies de Polanco (agosto de 2011) o los que a diario padecen porque cumplen con la obligación de retirar un auto mal estacionado. A estos casos se agregan cifras como la de los casi tres mil policías municipales y estatales muertos en combate durante el sexenio pasado (M. E. Morera, El Universal, 31-05-14).

Si los ciudadanos son víctimas de la conducta ilegal que practican algunos policías, éstos también lo son de parte de los ciudadanos. Si los ciudadanos están indefensos ante un sistema de justicia inoperante, los policías que cumplen con su trabajo también lo están. Los derechos humanos de cientos de policías se violan cotidianamente y con muchos agravantes. Ellos no tienen una Comisión Nacional (o local) de los Derechos Humanos que los defienda; no hay una instancia a la que puedan recurrir; la presunción de inocencia nunca está de su lado. Tampoco tienen, salvo en casos excepcionales, a la opinión pública o al tribunal de los medios de parte suya. La justicia por propia mano y con ella las violaciones de los derechos humanos de los policías es justificada por muchos haciendo una apología de la “lógica comunitaria” o invocando los usos y costumbres. En una visión casi siempre simplista de la realidad, un acto en defensa propia por parte de un uniformado es inmediatamente condenado. Ante los cientos de expresiones a favor de la justicia por propia mano hay pocos que levantan la voz a favor de un uniformado desarmado que se atreve a defenderse de un linchamiento.

No se trata de solapar a los malos policías ni de hacer una defensa del uso de la fuerza. Mucho menos de respaldar las llamadas leyes bala que algunos gobernadores buscan imponer para justificar el uso excesivo de la fuerza pública, pero sí de poner el acento en que los policías merecen mejores condiciones de trabajo y un trato digno por parte de sus superiores y de la sociedad. Tan condenables son las agresiones de la policía contra los ciudadanos como las de éstos contra los policías. Ambas deben perseguirse y castigarse.

                *Investigador del CIDE

                amparo.casar@cide.edu

                Twitter: @amparocasar

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