Debatir y decidir

Los éxitos constitucionales que tanto presumieron gobierno y Congreso en 2013 se tradujeron en fracasos legislativos en lo que va de 2014. Ya se ha dicho. Casi siempre es más fácil reformar la Constitución porque los principios generales comprometen poco y no conllevan mayor responsabilidad...

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María Amparo Casar 07/05/2014 01:55
Debatir y decidir

El periodo ordinario de sesiones de la LXII Legislatura no dio para amarrar ni la mayoría ni mucho menos el consenso para aprobar las leyes secundarias de las importantes reformas constitucionales aprobadas casi por unanimidad como resultado del Pacto por México. Los éxitos constitucionales que tanto presumieron gobierno y Congreso en 2013 se tradujeron en fracasos legislativos en lo que va de 2014. Ya se ha dicho. Casi siempre es más fácil reformar la Constitución porque los principios generales comprometen poco y no conllevan mayor responsabilidad hasta que se traducen en leyes que son las que tienen consecuencias puntuales sobre los intereses privados y el bienestar (o malestar) de la población.

Las leyes no han sido aprobadas por la combinación de dos factores. El primero, común a todas las democracias, es que las fracciones parlamentarias usan cada reforma como moneda de cambio: tú, partido de oposición, me das a mí, partido en el gobierno, los votos para cumplir mi compromiso de campaña y yo te doy los votos para que tú puedas pasar una ley que te interesa abanderar. Si no se llega al punto de equilibrio en el que el partido opositor y el partido en el gobierno acuerdan una transacción satisfactoria para ambos, la aprobación de una ley simplemente no ocurre.

El problema es que a este fenómeno generalizado del intercambio de políticas públicas se suma otro, más propio de la democracia mexicana: el de la manía del consenso o de las supermayorías. Una manía cuyo origen está en la larga etapa en la que el PRI podía imponer su aplanadora sin tener que tomar en cuenta la presencia de otras fuerzas políticas y cuya persistencia está en la conducta —poco democrática— de que cada vez que una fuerza política queda fuera de una negociación en el Congreso enseguida se levanta para condenarla diciendo que es producto de la imposición por parte de algún poder ajeno a los “verdaderos” intereses de la nación, de la transgresión del proceso legislativo, de la compraventa de votos o del mayoriteo.

El concepto de mayoriteo, propio del México monopartidista, simplemente ya no aplica ni tiene razón de ser. Debió haber desaparecido de nuestro vocabulario político desde que se hizo realidad el principio de la pluralidad en el Congreso y la política de alianzas parlamentarias se volvió no una opción sino una necesidad.

La mejor prueba de que el concepto se usa de manera retórica es que ningún partido puede lanzar la primera piedra. Si se revisa la historia reciente de las votaciones en el Congreso se puede comprobar fácilmente que ningún partido y ninguna fracción parlamentaria están libres del supuesto mayoriteo. El PRD se quejó de haber sido mayoriteado cuando el PRI y el PAN dieron paso a la Reforma Energética, pero no se tentó el corazón cuando junto con el PRI aprobó la Reforma Fiscal mayoriteando al PAN.

Insistir en el uso del concepto de mayoritear es pura demagogia. En toda democracia los partidos hacen mayoría con quien pueden porque así conviene a sus intereses y porque la suma de votos se los permite.

No se trata de reducir la democracia a la regla de la mayoría. Este principio fundamental de la democracia debe estar acompañado por otros como la libertad de expresión, el derecho a la información (y por tanto a la divulgación) y la rendición de cuentas. El denominador común a todos ellos es la deliberación.

Los ciudadanos, los gobernados, tienen el derecho a estar informados de las políticas alternativas que plantean sus representantes, de los diagnósticos de los que parten, de los objetivos buscados y de las consecuencias esperadas. Los gobernantes tienen el derecho a rivalizar, pero también la obligación de exponer sus razones y de debatir. No hay mejor manera de hacer valer estos derechos y obligaciones que ventilando y confrontando las ideas públicamente.

Pero no nos engañemos. El realismo político indica que es un fenómeno francamente excepcional que un partido convenza a otro de las bondades de sus proyectos. Lo que no es tan excepcional es que el parecer público cambie. La persuasión es un instrumento político al que no se debe renunciar en democracia. En todo caso el consenso que debe buscarse es el de la sociedad no el de los partidos.

Si se quiere seguir usando el concepto de mayoriteo reservémoslo, pues, a otro significado: a la práctica a través de la cual se prepara un dictamen y se lleva a votación ya sea en comisiones legislativas o en el Pleno sin antes haber sido sometido a una discusión amplia seria y plural, a una deliberación en la que todos los puntos de vista, técnicos y políticos, puedan ser escuchados.

Pero de la misma manera que una vez aprobadas las reglas del juego electoral, los partidos y candidatos deben aceptar la regla de mayoría para decidir quién será el próximo gobernante, en el Congreso, una vez agotada la deliberación pública, debe aceptarse que la regla de la mayoría es el mecanismo para optar por una política pública en contraposición a otra. Si no aceptamos este principio, la democracia queda condenada a la parálisis.

                *Investigador del CIDE

                amparo.casar@cide.edu

                Twitter: @amparocasar

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