Para cuántos Castillos alcanza

Seguimos con una concepción centralista del combate contra la industria local de la delincuencia. La estrategia y práctica para disminuir la violencia sigue siendo federal. Ahora más que nunca. ¿Y las entidades federativas? Pues por desesperación, incapacidad o conveniencia abdican de sus funciones.

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María Amparo Casar 09/04/2014 02:48
Para cuántos Castillos alcanza

Tenemos nuevas cifras sobre la evolución de la inseguridad en México. Las del Sistema Nacional de Seguridad Pública no coinciden con otras mediciones como las de Lantia  o las del Observatorio Nacional Ciudadano, pero las tendencias son las mismas. Una ligera baja en la tasa de homicidios (dolosos o ligados al crimen organizado) y un alza en los delitos de alto impacto como secuestro, extorsión o robos y asaltos con o sin violencia. Alzas o bajas, la inseguridad sigue siendo alarmante y sus niveles intolerables. Las cifras son, por decir lo menos, desesperanzadoras.

La estrategia seguida no está dando ningún resultado en caso de los delitos que más afectan a la población y pocos en relación al crimen organizado aun cuando el gobierno federal pueda presumir —con razón— la captura de importantes capos y la desarticulación de algunos cárteles.

La mayor coordinación, el mando único ahí donde se ha implementado, los esfuerzos de profesionalización de las policías, el aumento de recursos para todos los rubros en materia de seguridad, el mejor equipamiento, los incrementos salariales, la inclusión de las Fuerzas Armadas en asuntos de seguridad pública, la creación de cuerpos de élite, las células anticrimen, las unidades antisecuestro, el pacto con los autodefensas, etcétera, no están funcionando o no como se esperaba.

Las entidades federativas no están pudiendo con el fenómeno delictivo y unos más, otros menos, recurren al expediente de pedir auxilio a la Federación para enfrentar no sólo el crimen organizado sino también a la delincuencia común.

Pero los recursos que el gobierno federal puede brindar son, por fuerza, limitados. Cuánto presupuesto, además del que ya se otorga a los estados a través del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) y el Subsidio para la Seguridad en los Municipios (Subsemun), puede seguir aportando la Federación por la vía directa a los estados que así lo solicitan. Para cuántos michoacanes y para cuántos edomexes  o tabascos alcanza la policía federal cuyos efectivos suman aproximadamente 40 mil. Cuántos Castillos puede improvisar la Federación y cuánto tiempo puede permanecer un procónsul en cada entidad. Cuántos representantes de cada secretaría del gobierno federal pueden colocarse e instalarse en cada estado para suplir los gabinetes locales. A cuántos secretarios de Seguridad Pública y a cuántos procuradores estatales puede sustituir la Federación. Y, sobre todo, con qué resultados.

Seguimos con una concepción centralista del combate contra la industria local de la delincuencia. La estrategia y práctica para disminuir la violencia sigue siendo federal. Ahora más que nunca. ¿Y las entidades federativas? Pues por desesperación, incapacidad o conveniencia abdican de sus funciones.

Ante esta situación han surgido al menos dos experimentos interesantes. Uno en Nuevo León y el otro en Querétaro. Curiosamente en ambos estados los experimentos involucran a “los privados”. No a los guardias comunitarios y autodefensas que buscan sustituir a las autoridades policiales o quieren hacer justicia por propia mano, sino a eso que se llama la sociedad civil organizada, incluidos los empresarios.

En el caso de Nuevo León, ante el incremento constante de los índices delictivos primero intervino la Federación con la policía y el Ejército y después se creó la llamada Fuerza Civil, que comenzó a operar en 2011, que hoy cuenta con tres mil 500 elementos y que quiere llegar a 15 mil. Es un intento de renovación de la policía estatal apoyada en la acción conjunta de gobierno y sociedad, en donde la idea es integrar una nueva policía con estudios, entrenamiento de campo, valores, prospectiva de carrera, sueldos y prestaciones muy superiores a los que hasta ahora operan en todo el país (www.fuerzacivil.org.mx).

La otra experiencia es del municipio de Querétaro, en donde la ambición es más limitada, pero que también anuncia la asunción de responsabilidad estatal y la importancia de la colaboración entre gobierno y sociedad. Se trata de la creación de la Dirección de Auditoría Policial encargada de “evaluar el desempeño de las áreas operativas de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal mediante la recepción y trámite de quejas, validación y, en su caso, emisión de recomendaciones para investigaciones internas y emisión de propuestas que incidan en el cumplimiento y mejora de la labor policial” (Ernesto López Portillo, El Universal 1/04/14). Se trata, como lo relata el propio Ernesto López Portillo, de romper el paradigma de la autoevaluación y transitar al de la supervisión civil, que ha dado resultados en otros países.

Estos ejemplos podrían ser la punta de lanza de una nueva estrategia basada en la responsabilidad estatal, la construcción de capacidades locales y la asociación público-privada en las tareas de seguridad.

                *Investigador del CIDE

                amparo.casar@cide.edu

                Twitter: @amparocasar

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