¿Y qué necesidad?

Por primera vez desde la creación del IFE y después de haber organizado exitosamente ocho procesos electorales, hoy no está claro que el de 2015 se pueda llevar a cabo bajo los mismos estándares de eficiencia operativa y técnica.

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María Amparo Casar 05/03/2014 01:52
¿Y qué necesidad?

A los legisladores no hay manera de llamarlos a cuentas por su trabajo sustantivo que es legislar. El problema es que si bien las decisiones que toman no tienen consecuencias ni para su permanencia en el puesto ni para sus carreras políticas, sí las tienen para el desarrollo económico y político del país.

Pueden legislar de manera apresurada, ignorar la opinión de los expertos, prestar oídos sordos al debate público o mercadear los votos de una reforma razonable por otra que no lo es. Todo esto es precisamente lo que ocurrió con la reforma político-electoral.

Existe un consenso prácticamente generalizado de que la reforma, lejos de fortalecer las instituciones electorales y otorgar certidumbre, lo que ha hecho es precisamente lo contrario. Por primera vez desde la creación del IFE y después de haber organizado exitosamente ocho procesos electorales, hoy no está claro que el de 2015 se pueda llevar a cabo bajo los mismos estándares de eficiencia operativa y técnica. 

Lo que los legisladores hicieron con la transformación del IFE en INE resulta francamente una irresponsabilidad que va a costar trabajo reparar a través de la legislación secundaria. El tiempo para organizar las elecciones no admite demoras y se tendrá que volver a legislar de manera apresurada y en condiciones que restringen el margen de maniobra por los nuevos mandatos constitucionales.

Los errores de procedimiento y sustantivos que se cometieron fueron muchos y graves. El primero fue poner candados para que los cuatro consejeros que aún permanecen en funciones pudieran ser ratificados. Hoy los legisladores se arrepienten y si no los convencen de inscribirse en un nuevo proceso de selección habrán privado al INE de quienes, con experiencia y reputación probadas, podrían haber sacado adelante con menor dificultad los retos del nuevo modelo electoral.

Otro error fue el de los plazos. Para el 30 de abril deberán estar expedidas la ley que regule los partidos políticos nacionales y locales, la que regule los procedimientos electorales, la de delitos electorales y la ley que reglamente el artículo 134 de la Constitución, que es la que establece las normas a que deberán sujetarse los poderes y dependencias para garantizar que el gasto en comunicación social cumpla con los criterios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez. A la expedición de estas nuevas leyes deben agregarse las modificaciones a otras como el Código Penal Federal y la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Además, para cuando comience el periodo electoral, el Consejo General deberá haber nombrado a los consejeros de al menos 17 órganos locales, los congresos locales deberán haber adecuado sus legislaciones, los consejeros locales deberán haber expedido su reglamentación interna y deberá estar lista la firma de convenios entre el INE y las autoridades locales. Si no se cumple con todas estas obligaciones, el Cofipe será el ordenamiento que rija el próximo proceso electoral con la consecuente incertidumbre sobre el marco constitucional aplicable y las impugnaciones que ello desatará.

Esto en lo que se refiere a los plazos, pero cuando se pasa a lo sustantivo, los obstáculos son aún mayores. Las facultades del INE se ampliaron y ahora tendrá que responsabilizarse del Servicio Profesional Electoral Nacional, lo que implica, entre otras cosas, crearlo desde cero, pues pocos son los institutos electorales locales que ya cuentan con él; encargarse de toda la organización y capacitación tanto en elecciones federales como locales, lo cual incluye la designación y capacitación de los funcionarios de casilla, la ubicación de las casillas y los lineamientos en materia de producción de materiales e impresión. Para acabar de complicar las cosas, como los órganos locales también tendrán estas atribuciones habrá que definir responsabilidades y mecanismos de coordinación.

Las nuevas obligaciones en materia de fiscalización también le complicarán la vida a los consejeros. Al desaparecer la Unidad de Fiscalización y transferir sus funciones al Consejo General, los legisladores no parecen haber reparado en el hecho de que los partidos —que son los sujetos a fiscalizar— tienen participación en el propio Consejo y, por tanto, aunque no tengan voto, serán una especie de juez y parte.

Tampoco parecen haber reparado en el hecho de que para que el INE se encargue, a petición de un partido político, de realizar los pagos a proveedores y prestadores de servicios, deberán tener especialistas en la materia.

Estas son sólo algunas de las dificultades que resultan del despropósito de haber sustituido a una de las pocas instituciones de clase mundial que tenía México para experimentar con un nuevo modelo caracterizado por la incertidumbre. La pregunta obligada es: ¿y qué necesidad?

La única buena noticia es la conducta de ese IFE reducido a menos de la mitad de sus integrantes, pero engrandecido por la institucionalidad y responsabilidad de sus cuatro consejeros sobrevivientes. Cabe esperar que en esta ocasión los legisladores sí los escuchen.

                *Investigador del CIDE

                amparo.casar@cide.edu

                Twitter: @amparocasar

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