Producto perecedero

La ASF cumple con el objetivo de disminuir un poco la opacidad que envuelve el funcionamiento de los programas y el gasto público, pero el ciclo no se cierra. Escasos son los resultados si los medimos respecto a la gestión de los recursos públicos y al cumplimiento de los objetivos de los programas.

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María Amparo Casar 26/02/2014 02:43
Producto perecedero

El Informe de Resultados de la Revisión de la Cuenta Pública, que todos los años presenta la Auditoría Superior de la Federación (ASF), arroja luz sobre dos cuestiones centrales: el cumplimiento de los objetivos de los programas gubernamentales y el manejo adecuado de los recursos públicos de los Poderes de la Unión, de los órganos autónomos, de las entidades federativas (salvo las participaciones) y de todo ente que recibe ingresos del erario. El problema es lo que se hace con este instrumento de transparencia y la valiosa información que proporciona. Y la verdad es que poco o nada.

La ASF cumple con el objetivo de disminuir un poco la opacidad que envuelve el funcionamiento de los programas y el gasto público, pero el ciclo no se cierra. Escasos son los resultados si los medimos respecto a la gestión de los recursos públicos (discrecionalidad en el gasto, desvío y apropiación privada de los recursos) y al cumplimiento de los objetivos de los programas. En otras palabras, ridículo es lo que se hace para evitar la corrupción y mejorar la gestión.

Son muchas las instituciones que podrían sacar provecho a estos informes. Ninguna lo hace salvo para exhibir al adversario, provocar escándalos y sacar raja política.

Ni los titulares de las dependencias del Ejecutivo ni de los órganos autónomos o empresas paraestatales toman en cuenta las recomendaciones de la ASF para mejorar su gestión administrativa, programática o presupuestal. Tampoco tenemos noticia de que la Cámara de Diputados recurra al Informe de Resultados de la ASF para que en la discusión del paquete presupuestal siguiente se condicionen los recursos al cumplimiento de los objetivos de los programas o para que estos se modifiquen cuando su ineficacia quede demostrada. Un ejemplo. De acuerdo al informe, los niños beneficiarios de Oportunidades no registran menores tasas de problemas nutricionales comparados con los que no reciben ayuda. Otro ejemplo. Las mujeres embarazadas o en etapa de lactancia inscritas en los programas sociales presentan índices de anemia mayores a las que no reciben el apoyo.

La PGR es otra dependencia que deja pasar la utilidad de la información. No abre investigaciones ni expedientes a dependencias y funcionarios señalados por la Auditoría a pesar de que las denuncias han crecido de dos en el año 2000 a 147 en  2012. Como en el caso de otros delitos, la justicia no es ni pronta ni expedita ni justa:  96% de las denuncias quedan desatendidas o en proceso. Veremos si en la nueva administración se toman en serio los desvíos por cuatro mil 300 millones de pesos detectados en el Informe de Resultados 2012 y sus responsables son sancionados.

La propia Cámara de Diputados es otra entidad que hace caso omiso de las recomendaciones. Año tras año, cuando menos desde 2005, se le ha ordenado acabar con la opacidad de la partida “secreta” llamada Asignaciones a Grupos Parlamentarios que suma cerca de dos mil millones de pesos y ésta sigue ejerciéndose discrecionalmente sin consecuencia alguna. Ni el Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública ni la Contraloría Interna ni la propia ASF han sido obstáculo para que ese dinero siga siendo usando de forma discrecional, cuando no arbitraria.

Para terminar, los estados simplemente siguen rindiendo cuentas a medias y la impunidad respecto al mal manejo de sus ingresos y gastos crece año con año.

De los potenciales usuarios de los reportes son las organizaciones de la sociedad civil y la academia las que mejor aprovechan la rica información de la ASF: México Evalúa, CIDAC, Fundar, Imco, Causa en Común. Pero su impacto en el control de la burocracia es necesariamente limitado.

El problema con el Informe de Resultados es que la clase política lo toma como producto final y no como insumo para prevenir, mejorar y castigar. Un producto, además, perecedero. Todos los años viene el vendaval que sacude a los tres Poderes, a los gobernadores, a las empresas paraestatales y a los órganos autónomos. Nadie se salva de malos manejos, de ineficiencia, de negligencia, de gasto improductivo cuando no fraudulento. Desde la Estela de Luz hasta el servicio civil de carrera. Desde la SEP hasta el Consejo de la Judicatura. Desde la partida de Aportaciones que la Federación hace a las entidades federativas hasta el gasto excesivo en comunicación por parte de la Presidencia.

Los medios pasan una o dos semanas reportando todas las anomalías. Los titulares de las entidades señaladas aguantan la andanada calladitos. Pasa el vendaval y las cosas siguen exactamente igual. Ya encontraron su caminito.

A la ASF se le asignaron este año mil 800 millones de pesos. Si se quiere que ese dinero rinda, es indispensable que los informes que publica se traduzcan en acciones, que sus revelaciones tengan consecuencias. De otra manera seguiremos con productos perecederos y ejercicios inútiles que a lo único que abonan es al desprestigio de los gobiernos y de la democracia.

                *Investigador del CIDE

                amparo.casar@cide.edu

                Twitter: @amparocasar

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