Que mejor no legislen

En España se prohíbe contratar campañas “que tengan como finalidad destacar los logros de gestión o los objetivos alcanzados” por el gobierno. ¿Y en México? Muchos anuncios sobre los logros del gobierno, de los legisladores, de los delegados, de los gobernadores. Ninguno sobre cómo prevenir la influenza (AH1N1).

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María Amparo Casar 05/02/2014 01:48
Que mejor no legislen

En la Reforma Política recién aprobada, los legisladores reconocen implícitamente no haber cumplido con su obligación desde 2007 de elaborar la ley reglamentaria del artículo 134 constitucional, que desde entonces señala que “la propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan como tales, los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público”. Seis años de violaciones a este precepto, miles de millones de pesos gastados y dos reformas políticas de por medio no bastaron para que los partidos y candidatos —únicos beneficiarios de que la ley no se haya expedido— la incluyeran dentro de su agenda legislativa. Tampoco se ha cumplido la promesa de campaña de Peña Nieto y del Pacto por México de crear una instancia ciudadana y autónoma que transparente y supervise la contratación de publicidad oficial.

Ahora se han vuelto a comprometer para el 30 de abril, pero no hay sanción alguna en caso de incumplimiento como está visto en los casos de las leyes de telecomunicaciones, candidaturas independientes, iniciativa ciudadana o consulta popular. El Congreso sigue siendo un poder que no rinde cuentas. Él pide que le rindan cuentas los otros Poderes, pero en casa del herrero azadón de palo.

Según un informe de Fundar y Artículo 19, la administración pública federal gastó más de 27 mil millones de pesos en publicidad y comunicación social entre 2007 y 2012. Esta cifra incluye el sobreejercicio (¡originalmente se habían presupuestado poco más de nueve mil millones para esos seis años!), pero no la cifra negra que, como en el caso de los secuestros y extorsiones, multiplica las cifras oficiales. Tampoco incluye lo que se gastarán los Poderes Legislativo y Judicial, los órganos autónomos y los gobernadores. El gasto en propaganda y comunicación social de los estados es aún más opaco y discrecional y se calcula tan sólo para 18 entidades, para las cuales se pudo recabar información, en dos mil 400 millones de pesos al año. Es difícil saber cuánto dinero se destinará a publicidad en este año, pero el análisis de varias organizaciones sociales señala que están previstos dos mil 116 millones pesos.

Se necesita una solución más radical que la que proponen hacer algún día los partidos a través de la ley reglamentaria y que ha sido explorada por muchos países democráticos. En Gran Bretaña, por citar un caso, sólo se permiten campañas informativas en asuntos que afectan la vida de los ciudadanos, como educación, salud, derechos y bienestar. En España se prohíbe contratar campañas “que tengan como finalidad destacar los logros de gestión o los objetivos alcanzados” por el gobierno.

¿Y en México? Muchos anuncios sobre los logros del gobierno, de los legisladores, de los delegados, de los gobernadores. Ninguno sobre cómo prevenir la influenza (AH1N1).

En realidad, más que hacer una ley secundaria, ya que tan propensos somos a modificar la Constitución, valdría la pena reformarla de nuevo, pero para prohibir todo gasto en publicidad dejando a salvo la comunicación social en la modalidad informativa de prevención y educación en salud, seguridad y civismo (derechos y obligaciones).

Lo que no tiene sentido es desgastarse en leyes que pretenden imponer a la publicidad criterios de transparencia, utilidad pública, objetividad y equidad acompañadas de sanciones inverosímiles que nunca se imponen ya sea por omisión, complicidad, incompetencia o porque es imposible probar la comisión del delito. Ya sabemos para qué sirven y en qué acaban estas normas y castigos: en mayor descrédito a las instituciones encargadas de hacerlas valer.

Las ventajas de prohibir la propaganda gubernamental serían numerosas porque está claro que, personalizada o no, carecen de beneficio social alguno. El dinero mal gastado en el fin promocional podría transferirse a inversión, gasto social, ciencia y tecnología o cualquier otro. Sin propaganda gubernamental los medios de comunicación no tendrían la poderosa palanca para presionar a los políticos ni tampoco los políticos la palanca del dinero público para controlar a los medios. La costosa, pero muy lucrativa actividad política resultaría más barata y más equitativa (nada de que el que paga más manda más). Si de informar sobre los logros de los gobiernos se trata y si se cumple con el nuevo derecho de banda ancha, bien podrían hacerlo por internet en sus páginas web, que cuesta casi nada y tiene la ventaja de poder dirigirse a las poblaciones objetivo o al usuario en general si éste quiere perder su tiempo.

Así que mejor perdonemos a los legisladores el que no hayan cumplido con su obligación de reglamentar el 134 y que mejor simplemente acaben con la propaganda política.

                *Investigador del CIDE

                amparo.casar@cide.edu

                Twitter: @amparocasar

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