Aquel rencor

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Marcelino Perello 18/02/2014 01:35
Aquel rencor

La noticia ocupó ayer los principales espacios en los medios informativos de México y España. Una pareja de ciudadanos vascos que llevaban viviendo en nuestro país 22 años fueron detenidos por la policía mexicana y entregados, sin mayor trámite ni dilación, a la española, que los trasladó de inmediato a España en un vuelo comercial.

Así, de manera seca y escueta, se da a conocer un hecho que no puede no plantear serias dudas y cimbrar ciertas conciencias. Los detenidos son acusados de haber pertenecido a la organización guerrillera independentista ETA, y por lo tanto, según la terminología en vigor, son considerados y etiquetados como terroristas. Y, por lo visto, contra los terroristas todo se vale. Incluso pasarse las leyes por aquello que tanto duele.

En particular a todas luces sale sobrando el consabido “presunto” que se aplica por rutina a todos los acusados que aún no han sido juzgados y sentenciados. Parece ser que no hay presuntos terroristas. Son terroristas y ya. De manera que también salen sobrando los jueces. En la detención (¿o debo decir secuestro o levantón?) no hubo intervención de autoridad judicial mexicana alguna. Existía, creo, una orden de aprehensión emitida por los tribunales españoles, que, por lo visto, poseen jurisdicción en nuestro territorio, por virtud de algún tratado internacional.

No sé mucho de leyes, pero lo poco que sé me basta para considerar el hecho una auténtica enormidad. Debería ser innecesario recordar que ni Juan Jesús Narváez ni Itziar Alberdi han sido nunca juzgados, ni aquí ni allá. Y que por lo tanto, según los principios fundamentales del derecho, son inocentes. Hasta prueba contraria. De modo que sólo son, en todo caso, sospechosos y que el adjetivo presunto es obligatorio.

Además, no olvidemos que los delitos de los que se les acusa son estrictamente políticos. Aunque se les imputen hechos de sangre, esos hechos poseen motivaciones y connotaciones políticas, lo que de ninguna manera excluye la responsabilidad penal, pero que sí obliga a una consideración diferenciada. Es siempre el móvil el que determina la naturaleza específica del acto ilícito. Al margen de cualquier valoración moral, política o jurídica que pudiera aplicárseles.

No le demos más vueltas. Aunque residieran en México bajo una identidad falsa, Narváez y Alberdi eran refugiados políticos. Y las autoridades mexicanas, al aprehenderlos y entregarlos, les niegan esa condición. Y en esa medida mancillan la luminosa tradición de asilo político que ennobleció la política exterior de nuestra nación hasta hace poco, y que durante decenios fue nuestro orgullo, para admiración de propios y extraños. Ni más ni menos.

En México hallaron cobijo personajes tan disímbolos como León Trotsky o el filonazi Carol I de Rumania, Fidel Castro o el Sha Reza Pahlevi de Persia. Y miles más. Y es que el principio, más ético que legal, del asilo político, no comporta de ninguna manera la simpatía del régimen que lo otorga con la causa del perseguido. De ninguna manera. Se basa sencillamente en la presunción de que el imputado no gozaría de un juicio justo e imparcial en su país, el que lo reclama y del que huye. Eso es todo.

Y ese es precisamente el caso de los vascos deportados anteayer de tan expedita como brutal manera.

Las autoridades mexicanas, pues, no salen demasiado bien libradas de este trance. El más benevolente de los adjetivos que se le pueden adjudicar en este caso es el de agachonas. Y de manera un tanto gratuita, pues el deplorable oso no era necesario. La solicitud de las autoridades españolas debió necesariamente pasar por el tamiz de las leyes y los tribunales mexicanos. Al margen de la condición migratoria, tal vez irregular, de los afectados, su participación y dictamen era imprescindible.

Plantear otra salida sería inmoral. Acotar con requisitos obligatorios semejantes tratados implica corregir oportunamente carencias heredadas impidiendo crueldades ominosas. A menudo ofrecer refugio impone normas administrativas condescendientes admitiendo brindar algunos beneficios legalmente establecidos.

Si el gobierno de México no queda bien parado, el de España menos. Y es que los señores Rajoy y Ruiz Gallardón se las gastan. ¿De qué se trata? Cuando hace ya dos años que ETA anunció el cese definitivo de su actividad armada, cuando el proceso de acercamiento al País Vasco de sus miembros presos se encausa, cuando, al derogarse la doctrina Parot, varios de ellos han sido liberados, cuando hace apenas unos meses, en su último comunicado la organización pide perdón a las víctimas y a los afectados por sus acciones guerrilleras, ¿qué sentido tendrá encarnizarse contra dos ex-guerrilleros —si lo fueren— que se encuentran desactivados desde hace dos decenios al otro lado del mundo?

Da la impresión de que la caterva de neofranquistas reciclados que gobiernan en Madrid quieren echar leña al fuego, atizarlo e irritar y provocar la reanimación de la ETA. A lo mejor les conviene hacer olas. No me extrañaría ni tantito.

Es realmente triste que nuestro país se haga cómplice de aquel tan lejano, inadmisible y enfermizo rencor.

                *Matemático

                bruixa@prodigy.net.mx

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