¿Por qué no me gustan los derechos como aspiraciones?

Escuchaba a Juan Ramón de la Fuente, integrante del Consejo Asesor Externo del Proyecto Constitucional de la Ciudad de México que entregó el jefe de Gobierno a la Asamblea Constituyente, defender dicho proyecto en una entrevista con Joaquín López-Dóriga. De la Fuente discrepó de aquellos que hemos criticado la propuesta por ser un enorme catálogo de derechos. Argumentó que no tenía nada de malo tener en una Constitución derechos que en realidad son aspiraciones. Estoy completamente en desacuerdo y explico por qué.

Tener, como se propone en la Constitución capitalina, decenas de derechos que no se aplicarán —ya sea por su impagable costo o porque es imposible aplicarlos— no ayuda en nada a crear una cultura de la legalidad en México. Mancera y su comité de asesores están proponiendo el derecho al conocimiento, al aprendizaje continuo, a la educación, a la lectura, a la escritura, al acceso, uso y desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación, al internet en todo el territorio, a una alimentación adecuada, al más alto nivel de salud física y mental, a una vivienda adecuada, a un empleo digno, a programas efectivos de protección contra el desempleo, a una ciudad accesible y segura, a la identidad y personalidad jurídica, a la movilidad, a la recreación, a la cultura, al descanso, a cuidados paliativos, a una muerte digna, a una pensión económica, a la memoria, a la verdad y a la justicia por hechos del pasado, a la convivencia pacífica y solidaria, a una sexualidad plena, a la igualdad sustantiva entre todas las personas, a una renta básica y a una vida libre de violencia. Suena de maravilla. Pero muchos de estos derechos serán, inevitablemente, aspiraciones. Y, cuando los capitalinos vean esto, pues con razón considerarán que su Constitución es un documento con buenas promesas que hicieron los políticos tratando de enamorarlos. El problema es que, si el Estado no aplica la ley, si no se hacen realidad estos derechos, los ciudadanos pueden acabar decidiendo cuáles leyes sí cumplir y cuáles no. Un semáforo puede convertirse en aspiración. Lo conveniente es detenerse cuando está en rojo. Pero, como las leyes son aspiraciones en la ciudad, pues igual y me lo paso. ¿Por qué no?

Poner todos los derechos que se le pueden ocurrir a un grupo de académicos, políticos y activistas tiene otro riesgo: la falta de jerarquía de lo que es importante. Todo cabe. Hasta los derechos de las mascotas. ¿Debe estar esto en una Constitución? ¿No valdría poner en la Ley Fundamental sólo los derechos accionables, aquellos que sean obligatorios de cumplirse? ¿Qué ganamos con decenas de aspiraciones como si todas fueran importantísimas?

De aprobarse este proyecto con tantos derechos aspiracionales, esto va acabar enfrentando al ciudadano con el Poder Judicial. Se corre el riesgo de millones de litigios interminables, si los capitalinos se toman en serio los derechos que tendrán. ¿Podrán demandar al gobierno porque su alimentación es inadecuada o por la falta de movilidad o porque su vecino tiene más dinero y por tanto no hay igualdad?

Tantos derechos, muchos irrealizables, no toman en cuenta los enormes costos de aplicarlos o la siempre terca realidad de una economía de mercado. Por eso es mejor un constitucionalismo mínimo con derechos reales, accionables, obligatorios de cumplirse. Resulta peligroso pensar en derechos como aspiraciones. Pongo un ejemplo. Un derecho importantísimo es al debido proceso: la obligación de las autoridades de respetar las garantías procesales de un individuo cuando es detenido. Uno de ellos es interrogarlo en presencia de su abogado defensor respetando su integridad física. Si la policía tortura a un presunto criminal, no está respetando el debido proceso. Pensar que los derechos constitucionales son aspiraciones justificaría que la policía torturara argumentando que sí está bien bonito eso de respetar la integridad física del detenido pero ellos no se aguantaron las ganas de darle un tehuacanazo. No. La Constitución debe ser un documento que contenga normas jurídicas de aplicación inmediata. Yo por eso prefiero pocas pero que se cumplan.

De la Fuente reconocía que el documento presentado por ellos era el resultado de una negociación política entre un grupo plural de políticos, académicos y activistas. Pues sí, es eso: un proyecto político lleno de promesas, que es lo que mejor les sale a los políticos. En este caso me parece que son las promesas que le servirán como tarjeta de presentación a Mancera como candidato presidencial en 2018. Si es que, por supuesto, los 100 constituyentes aprueban este proyecto que tiene mucho de político y poco de jurídico.

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