Se equivoca Puig al estar en contra de la Reforma Energética

En México no hemos acabado de transitar de un Estado interventor a uno regulador. Antes el gobierno manejaba muchas empresas.

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Leo Zuckermann 11/12/2013 02:54
Se equivoca Puig al estar en contra de la Reforma Energética

Una de las críticas más fuertes en contra de la Reforma Energética es la incapacidad del Estado mexicano de regular a empresas poderosas. Esta preocupación, y no las bobaliconas acusaciones de “traición a la patria” de nuestra izquierda, merece una discusión de fondo. Estamos hablando de un peligro real: que, al abrir el mercado al capital privado, las empresas capturen a la autoridad encargada de cobrarles las regalías y se pierdan miles de millones de dólares de renta petrolera.

El argumento lo explica muy bien Carlos Puig en su columna de ayer en Milenio, aunque llega a la conclusión equivocada. El periodista está a favor de la economía de mercado “pero soy también un pesimista crónico. Soy realista. La industria de la energía es una de las más poderosas del mundo (…) Es, según los expertos, una de las que más y mejor regulación necesitan. Y en mi país no sabemos regular ni supervisar absolutamente nada”.

Puig menciona varios casos para ilustrarlo: “Cuando medio sabíamos regular elecciones decidieron acabar con el IFE. Cuando la Cofeco tomó un par de tibias decisiones que afectaron a alguien, la cambiaron por otra. No veo a los bancos temblando frente a sus reguladores. Las telefónicas han hecho lo que se les pega la gana y cuando el Ifetel afectó medio interés de medio actor del sector, lo destruyeron. Cuando el IFAI se organizó para que supiéramos un poco más de quienes nos gobiernan, lo hicieron pedazos. Cuando TV Azteca se robó una señal, nadie en el gobierno se dio por aludido”.

Tiene razón: en México no hemos acabado de transitar de un Estado interventor a uno regulador. Antes el gobierno manejaba directamente muchas empresas. Era dueño del monopolio de la telefonía, de los bancos y de la segunda televisora. En los ochenta se privatizaron. El Estado pasó a regularlas para resolver fallas tradicionales de mercado o concentraciones monopólicas que afectaran a los consumidores. Pero las nuevas autoridades se tardaron en aprender a regular y cuando empezaron a hacerlo bien, vinieron las amenazas.

Se trata de un fenómeno común en todos los países. Los entes regulados siempre tratan de capturar a los entes reguladores. Es por eso que se necesita un Estado con la autonomía y capacidad necesaria para que funcionen las instituciones. Ese es el reto que enfrentan todas las naciones incluyendo a México.

Pero esto no significa que, como aquí lo hacemos mal, debemos renunciar a hacerlo. He ahí donde se equivoca Puig al concluir: “Si no podemos con unos taxis, cómo le vamos a hacer con Exxon o Shell o BP. No es lo óptimo. Seremos igual o más pobres, pagaremos gasolina y luz caras y malas… Pero al monstruo burocrático, corrupto, ineficiente llamado Pemex ya lo conocemos. En el país que de por sí gobiernan los fácticos, para qué invitamos más”.

Es una conclusión tristemente conservadora: “Más vale malo conocido que bueno por conocer”. Es como si en los años ochenta hubiéramos dicho: “Como no sabemos regular elecciones mejor quedémonos con ese monstruo burocrático, corrupto, ineficiente llamado PRI que ya conocemos”. ¡No! Mejor invirtamos los recursos necesarios para desarrollar las instituciones como el IFE que nos permitió transitar a la democracia. Construyamos una autoridad reguladora petrolera que tenga la autonomía y capacidad para enfrentar a empresas poderosas.

Y aprendamos de nuestros errores. Al IFE comenzaron a matarlo en 2007 cuando los partidos optaron por un modelo de hiperregulación electoral que acabó haciendo del Instituto una burocracia cada vez menos concentrada en el objetivo de organizar elecciones limpias. La prioridad de la nueva regulación petrolera debe ser maximizar la renta de la extracción de hidrocarburos. Esto significa privilegiar esquemas jurídicos fáciles de administrar y fiscalizar. He ahí la gran virtud de las concesiones (aunque quieran llamarlas “licencias”) versus los contratos de utilidad compartida que quería Peña. Los primeros son fáciles: el gobierno mide en la boca del pozo cuántos barriles se extrajeron y la empresa paga las regalías e impuestos sobre éstos.
 Los segundos son una pesadilla que genera corrupción: cada contrato es diferente; la empresa puede pedir poca utilidad, pero, con la colusión de las
autoridades, infla los costos.

Si nos sumamos al pesimismo de Puig incluso podemos llegar a una conclusión todavía peor a la de él: como el Estado ha regulado tan mal a
Telmex, los bancos y TV Azteca, mejor volvamos a estatizarlos y que el gobierno los opere.
¿Qué opinas?, querido Carlos.

                Twitter: @leozuckermann

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