Que viene una reforma energética audaz, profunda y prometedora
Una buena noticia llega desde Nueva York: “Enrique Peña Nieto está negociando una reforma más ambiciosa a las leyes energéticas nacionalistas del país que su propuesta inicial del trimestre pasado”. Así lo reveló ayer el influyente diario The Wall Street Journal ...
Una buena noticia llega desde Nueva York: “Enrique Peña Nieto está negociando una reforma más ambiciosa a las leyes energéticas nacionalistas del país que su propuesta inicial del trimestre pasado”. Así lo reveló ayer el influyente diario The Wall Street Journal (WSJ) en otra filtración gubernamental a un medio internacional. De esta forma, el gobierno, por un lado, demuestra que, como en la reforma fiscal, está dispuesto a una postura pragmática para sacar adelante la reforma más importante y, por el otro, que ya entendió que, haga lo que haga, la izquierda se movilizará para echar abajo cualquier tipo de apertura energética.
Dice el WSJ que “altos representantes del gobierno y miembros importantes del conservador Partido Acción Nacional (PAN) se encuentran en negociaciones avanzadas para sellar un acuerdo que permitiría al Estado mexicano compartir la producción petrolera así como conceder contratos de licencia diseñados para acceder a depósitos de gas de esquisto y crudo en aguas profundas, según tres personas que participan en las conversaciones, si bien advirtieron que sigue habiendo obstáculos en el camino”. Esto significaría que el gobierno está dispuesto a aceptar la figura de “concesiones” que propone el PAN y no la de “contratos de utilidad compartida” que el propio Peña había propuesto. Se trata, como dije, de una estupenda noticia, ya que, de acuerdo a todos los expertos en materia petrolera que he leído y escuchado, las “concesiones” o “licencias” son una mejor manera para que el sector privado participe en la exploración y explotación de hidrocarburos.
De acuerdo con el WSJ, el gobierno priista estaría dispuesto a aprobar todo el abanico de formas jurídicas: “Los contratos de ganancias compartidas —en que toda la producción va al Estado— podrían ser útiles para campos petroleros de bajo riesgo. La producción compartida —en que la producción se reparte entre el Estado y la empresa privada— podría usarse para campos más riesgosos. Los negociadores también están esbozando un tercer tipo de contrato de licencia para los campos en aguas ultraprofundas y gas de esquisto, en los que la empresa controlaría el petróleo tras pagar regalías e impuestos”.
Estamos hablando, en otras palabras, de una reforma audaz, profunda y prometedora. Como dice el WSJ: “México pasaría de ser un mercado energético controlado por una sola entidad, la estatal Petróleos Mexicanos, o Pemex, a un mercado basado en la competencia, en que las empresas privadas podrían explorar y producir hidrocarburos por su cuenta, bajo un contrato con el Estado mexicano”.
Ahora bien, el WSJ advierte que “una ley más ambiciosa podría desatar una nueva ola de protestas en un país con un largo historial de nacionalismo petrolero. Los detractores ven los cambios como una manera de privatizar la industria”. No lo creo. Las protestas de la izquierda van a ocurrir pase lo que pase, independientemente de si es una reforma limitada o una ambiciosa. Eso es lo que me parece que ya entendió el gobierno. Si de por sí van a enfrentar las movilizaciones callejeras y la consulta popular de 2015 con una reformita, mejor echar toda la carne al asador con una reforma profunda. Si el costo va a ser el mismo, mejor asumirlo con una reforma que potencialmente tenga más beneficios, que tenga un mayor potencial de atraer el interés privado por invertir en un sector al que le urge mucho dinero y tecnología.
La izquierda se va a unir para protestar contra una reforma que ideológicamente consideran un anatema, sea chica o grande. López Obrador, por ejemplo, ya comenzó a enviar “cartas a directivos y/o dueños de diez empresas petroleras extranjeras para advertirles que firmar contratos de utilidad compartida o invertir en la refinación, la petroquímica, el gas y la industria eléctrica en México sería ilegal”. Según él, “la mayoría de la población vería a su empresa como cómplice de un atentado contra el interés nacional” puesto que la reforma no contaría “con la legitimidad ni el consenso de los mexicanos”. Se trata de una probadita de lo que vendrá con la reforma energética: sean contratos de utilidad compartida o concesiones, la izquierda se va a oponer férreamente. Como no hay espacio alguno de negociación con el frente izquierdista, lo único que le queda al gobierno es pragmáticamente aceptar la postura del PAN y capotear el vendaval de protestas que de todas formas ocurrirán.
Twitter: @leozuckermann
