Transparencia: la batalla cultural pendiente

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Laura Rojas 01/06/2014 01:43
Transparencia: la batalla cultural pendiente

En los últimos 15 años, México ha vivido una profunda transformación en políticas de transparencia. A partir de la transición a la democracia, nuestro país logró construir en esta materia un muy buen marco legal. Sin embargo, aún no podemos decir que el derecho de acceso a la información pública se ha ejercido a plenitud, ni siquiera por una una minoría de ciudadanos. Los mayores retos para ampliar este derecho, que es un elemento clave para el combate a la corrupción, están claramente en el campo de la implementación.

Esta semana, los nuevos comisionados del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) señalaron diversos mecanismos que implementan dependencias en todos los niveles de gobierno con el fin de no entregar la información. Un vicio recurrente, indicaron Araceli Cano y Francisco Javier Acuña, es que hay funcionarios públicos de las Unidades de Enlace en las dependencias que declaran la inexistencia de la información y no turnan el expediente al Comité de Información, que es la entidad a la que le corresponde hacer esta declaratoria. Muchas veces los archivos existen, pero no quieren ser entregados.

Otra de las formas cómo se obstaculiza la transparencia es clasificar cierta información como reservada alegando causales que no corresponden. Por ejemplo, se niega información por razones de seguridad de Estado, cuando en realidad no aplica esa causal. También se reserva la información argumentando que se trata de datos personales, cuando en realidad estamos en presencia de datos de interés público.

Estos mecanismos pudieran sortearse si los órganos de transparencia locales llevaran sus tareas a cabalidad, sin embargo, la mayoría de ellos no están cumpliendo bien sus funciones; algunos por falta de recursos, otros porque están cooptados por el gobernador en turno. De acuerdo al Índice Nacional de los Órganos Garantes, 81% de los órganos estatales de transparencia obtuvieron una nota reprobatoria; sólo cinco aprobaron con más de seis de calificación.

También es indispensable lograr que los funcionarios públicos cumplan la ley desde la primera instancia para evitar que se sobrecargue al IFAI. Desde 2003, el Instituto Federal ha tenido que resolver más de 53 mil recursos. No debería haber tanta inconformidad de los ciudadanos, porque ello señala que hay un fracaso en la cultura de transparencia en las dependencias gubernamentales. 

Otro reto muy importante, que ha resaltado la presidenta comisionada del IFAI, Ximena Puente, es que persiste la impunidad para los funcionarios que se niegan a dar la información: “Deben ser las contralorías las que impongan las sanciones, partiendo de la base de que sean autónomas y no dependan de los ejecutivos locales”. Para resolver este problema, es necesario armonizar el marco legal de transparencia con las leyes anticorrupción.

Ante estos desafíos, los legisladores aprobamos una reforma constitucional en 2013 que busca dar un nuevo impulso a la transparencia y evitar las prácticas de opacidad que aún se dan en diversas instancias de gobierno. Ahora estamos en la etapa de preparación de las leyes secundarias, donde se deben puntualizar aspectos decisivos. Diversas asociaciones civiles, agrupadas en la Red por la Rendición de Cuentas, han generado un mapa para guiar esta discusión en el Congreso. Entre los principales temas a resolver están: a) cómo articular el Sistema Nacional de Transparencia y el alcance de la nueva ley general; b) cómo instrumentar el recurso de revisión ante el IFAI, una vez que el órgano estatal no ha satisfecho la petición del peticionario; c) cómo lograr mecanismos para que la información se registre y archive de forma adecuada; d) cómo fortalecer un marco operable para la sanción de los funcionarios que no respeten la ley de transparencia, y e) cómo dotar de recursos suficientes a los órganos de transparencia para que realicen con eficiencia su trabajo.

Es importante que este entramado legal reduzca los aspectos de discrecionalidad que hoy subyacen en la normatividad y logre facultar al IFAI con medidas correctivas para que los distintos gobiernos y dependencias cumplan con principios como: la máxima publicidad de la información gubernamental, la protección de datos personales y las reservas de ley por verdaderas razones de interés público. 

Nos compete a todos dar seguimiento a este importante debate para que la transparencia no se quede sólo en fórmulas legales, sino que se convierta en una cultura que rija la forma de actuar del gobierno y su relación con los ciudadanos. El objetivo es tener un gobierno que se parezca cada vez más a una caja de cristal, donde todos podamos participar y dar seguimiento a su desempeño.

                *Politóloga. Senadora de la República.

                Twitter: @Laura_Rojas_

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