La agonía de América Latina

Parecería que los gobiernos de América Latina están siendo atravesados por una oleada de acusaciones de corrupción en contra de sus expresidentes.

Luiz Inácio Lula da Silva (Brasil), Ollanta Humala (Perú), Juan Manuel Santos (Colombia) se integraron a la lista de exmandatarios que han sido acusados o condenados por diversos actos de corrupción y en la que están la también brasileña Dilma Rousseff; los peruanos Alan García, Alejandro Toledo; Cristina Fernández (Argentina), Rafael Callejas (Honduras), Otto Pérez Molina (Guatemala), Elías Antonio Saca, Mauricio Funes (El Salvador), Ricardo Martinelli (Panamá).

Algunos de ellos están implicados por las declaraciones que ha hecho Marcelo Odebrecht. Tras declararse culpable en una corte de Estados Unidos por actos de corrupción, este empresario reveló que tenían una maquinaria de sobornos a lo largo de América Latina con la que no únicamente financiaban candidatos a la Presidencia, en casos como el de Colombia de los dos partidos contendientes, sino a funcionarios para buscar beneficiarse a través de contratos gubernamentales.

En lo que algunos califican como el más grande caso de corrupción internacional en el continente, también implica a funcionarios de los gobiernos de República Dominicana, Ecuador y México, donde Pemex canceló el único contrato que tenía Odebrecht con la empresa productiva del estado en la refinería de Tula. 

Otros más están implicados en actos de corrupción en los que habrían participado miembros de su familia como Nicolás Maduro, de Venezuela, con dos sobrinos condenados en Estados Unidos por narcotráfico o los hermanos del guatemalteco Jimmy Morales. Ante esta gran cantidad de nombres, más aquellos quienes únicamente han sido condenados por la opinión pública, en muchos casos porque ni siquiera se han presentado acusaciones ante tribunales, es pertinente la pregunta: ¿la corrupción es un fenómeno ampliamente extendido por la región o las acusaciones son un arma política?

Si consideramos las acusaciones en contra de aquellos quienes, efectivamente, son condenados por la justicia de su respectivo país, es mandatorio establecer algunas hipótesis como que la corrupción sí es un fenómeno generalizado que crece ante la incapacidad de las autoridades judiciales (posiblemente por corrupción) de condenar a quienes participan en ella y la indiferencia de sus connacionales. La lectura sería más o menos así: los presidentes y su círculo cercano delinquen a sabiendas que lo peor que les podrá pasar es un desprestigio público a través de medios de comunicación.

Otra posibilidad es que los actos de corrupción sean creados o magnificados, señalando a los exmandatarios, como un intento de legitimación-venganza de sus sucesores. En Perú es particularmente notorio el uso de esta estrategia desde hace por lo menos 20 años.

Tomar posiciones maniqueas o intentar ver todo en términos de blanco y negro genera un espejismo que impide la comprensión del fenómeno: es altamente probable la existencia de actos de corrupción y deben ser combatidos. Sólo desde un punto de vista estrictamente formal el Presidente es responsable de todas las acciones que puedan tomar los miembros de su gobierno. No necesariamente toda la corrupción beneficia al primer mandatario, pero sí es responsable de la marcha de su administración y de la omisión en actos de auditoría y supervisión eficaz.

El abuso de acusaciones de corrupción, por cálculos políticos cada vez más incorrectos, ha generado una suerte de vacuna en contra de las mismas. No hay una consistencia entre la virulencia de las imputaciones, las condenas sumarias en medios de comunicación y en las tribunas legislativas y las condenas que efectivamente se logran.

La lucha en contra de la corrupción, en México y el mundo, requiere que se haga con seriedad. No con un ánimo de revancha o buscando ventajas políticas. Debería ser una suerte de campaña para obtener prestigio en la región y dejar de ser visto a nivel mundial como una zona plagada de bandidos y ladrones.

POST SCRIPTUM

En relación con el tema Venezuela, la defensa activa que han hecho el expresidente Felipe Calderón y el gobierno del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, sobre el respeto a los derechos humanos en aquella nación no deben ser confundidos, de ninguna manera, con intervención en los asuntos internos que sólo deben competer a los venezolanos. Sería complicidad no denunciarlos.

Twitter: @kimarmengol