Consumidores

En 1906, en el vecino país, se dieron los escandalosos aumentos a las sustancias farmacéuticas; en los 30, la depresión económica y el desmesurado incremento de precios motivaron una huelga de amas de casa en Detroit y, en los 60, la imposición de intereses de largo plazo en las prácticas de comercio motivó que en 1962 el presidente John F. Kennedy solicitara una legislación a su Congreso que protegiera los derechos de los consumidores.

Europa, en 1973, aprobó la primera carta de estos derechos, en 1975 la retomó la ONU y emitió una resolución de reconocimiento a éstos, solicitando a los Estados miembro la creación de instituciones defensoras de los consumidores. Recordemos que al nacer y después de morir los seres humanos somos consumidores. México dio vida en 1976 a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), quien, desde su creación, mediante queja o denuncia, restituye nuestros derechos por la vía de la conciliación o de la instauración de las medidas de apremio, con resultados que la colocan como una de las cinco instituciones públicas más eficaces en la percepción ciudadana.

Los derechos básicos que tutela son el derecho a la protección de la vida, la salud y la seguridad del consumidor, contra riesgos provocados por prácticas en el abastecimiento de productos considerados peligrosos o nocivos; el derecho a la educación y divulgación sobre el consumo racional y adecuado, que garantice libertad y equidad en las contrataciones. El derecho a la información veraz, comprobable y precisa de los precios, cantidades, calidades y composición de los productos y servicios ofrecidos, así como los riesgos que representan. El derecho a la efectiva prevención y reparación de daños patrimoniales y morales, individuales o colectivos.   El derecho a la protección de los intereses jurídicos, en el cumplimiento de lo convenido u ofrecido, respetando precios, garantías, cantidades, medidas, intereses, cargos, términos, plazos, fechas, modalidades, reservaciones respecto de lo ofrecido, obligado o convenido con el consumidor. El derecho a la protección de los intereses económicos, que sanciona la publicidad engañosa y abusiva que induce al error, métodos comerciales coercitivos y desleales, así como prácticas y cláusulas abusivas o impuestas en los contratos relacionados con el consumo y a no ser discriminados por condición de sexo, raza, religión, condición económica, nacionalidad, orientación sexual, discapacidad, apariencia física, etcétera.

Las nuevas tecnologías y el mundo digital impulsan a que fabricantes y proveedores estén innovando constantemente en un mercado en crecimiento. El teléfono tomó 75 años para llegar a la audiencia de 50 millones, Facebook un año, e Instagram  tan sólo seis meses. Internet ha crecido con velocidad inaudita. Más de tres mil millones de los siete mil millones que habitamos el mundo están en línea. Cuarenta por ciento de la población mundial conectada a las nuevas tecnologías, en comparación con sólo uno por ciento en 1995, y todos los pronósticos indican que seguirá en aumento. Internet, teléfonos móviles y otras tecnologías digitales han creado oportunidades y desafíos para millones de consumidores en todo el mundo. Nuestro país es uno de los más atractivos del globo para el desarrollo del comercio electrónico y se ha convertido en terreno fértil para la expansión de la economía y el desarrollo de nuevos proyectos, ha expresado el procurador Ernesto Nemer Álvarez. En Noruega, su Consejo de Consumidores descubrió que los juguetes infantiles conectados a internet registran lo que las niñas dicen alrededor de las muñecas, información que se transfiere a la compañía estadunidense NUANCE COMMUNICATIONS, que se especializa en tecnologías de reconocimiento de voz, evidentemente este “marketing oculto” no cumple con las normas de protección de datos de los consumidores al utilizar esta información para venderla a terceros con evidentes fines de lucro. No es menor el escándalo de la CIA que ilegalmente graba y filma a usuarios de celulares y televisiones  con fines políticos, violando su privacidad y seguridad, o sea, sus derechos civiles. ¿O no, estimado lector?

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