La irrupción de Odebrecht

En febrero pasado, fiscales y procuradores de los países involucrados, incluyendo el nuestro, llegaron a un acuerdo de cooperación internacional en Brasilia, buscando esclarecer los desvíos cometidos por Odebrecht, en la mayor red de sobornos extranjeros de la historia.

Marcelo Odebrecht, responsable de la constructora que lleva su nombre, fue condenado por el juez Sergio Moro —perseguidor de la Operación Lava Jato— a cumplir con una condena de 19 años y cuatro meses de prisión por delitos de corrupción pasiva, lavado de dinero y asociación para delinquir. Odebrecht aceptó pagar multas por alrededor de tres mil 500 millones de dólares a Estados Unidos, Brasil y Suiza, en compensación por los ilícitos cometidos, a la vez que firmó un acuerdo para cooperar con las investigaciones, a fin de que le sea reducido el plazo de sentencia. Los distintos países implicados en esta espectacular trama realizaron minuciosas investigaciones al respecto, llegando Colombia a capturar a altos funcionarios de Comunicaciones y Transportes, a un congresista, a un contratista y a un senador. En Perú detuvieron a dos exfuncionarios de Comunicaciones y Transportes, al igual que a un exviceministro. Al expresidente Alejandro Toledo se le acusó por lavado de dinero y tráfico de influencias, dictándole prisión preventiva de 18 meses, ofreciendo recompensa por su captura. Al expresidente Ollanta Humala se le investiga por recibir tres millones de dólares durante su campaña. Panamá emitió notificación roja contra los hijos del también buscado expresidente Ricardo Martinelli. En cuanto a México, de acuerdo a Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, se entregaron 10.5 millones de dólares de sobornos a funcionarios de Pemex, a lo largo de distintos sexenios. Felipe Calderón negó nexo alguno en este asunto.

El presente escrito pretende constatar la enquistada corrupción, tanto del que ofrece como del que recibe, desde oficialías de partes hasta palaciegos despachos presidenciales. Efectivamente, presidentes electos por su supuesta honorabilidad han sido destituidos o posteriormente impugnados por malversación de fondos públicos. El primer presidente en funciones de nuestro tiempo que enfrentó un juicio político fue el mandatario brasileño Fernando Collor de Mello, depuesto —renunció un día previo al condenatorio dictamen— por corrupción, en diciembre de 1992 e inhabitado por ocho años para ejercer cualquier cargo público.

El hartazgo social ha llegado a reflejarse en una ola de anticorrupción extendida por América Latina. Algunos expresidentes han sido encarcelados: Alberto Fujimori, de Perú; Otto Pérez Molina y Alfonso Portillo, de Guatemala; Mauricio Funes y Elías Antonio Saca, de El Salvador, y Rafael Callejas, de Honduras. Otros están en el banquillo: Lula da Silva, de Brasil; Cristina Kirchner, de Argentina; Alan García, Alejandro Toledo y Ollanta Humala, de Perú.

Quien a hierro mata, a hierro muere. El golpista presidente de Brasil, Michel Temer, conspirador de la caída de Dilma Rousseff, siendo su vicepresidente, ahora, un año después, está a punto de afrontar su propio juicio político —impeachment— por corrupción. En días pasados se dio a conocer que Temer autorizó pagar 637 mil dólares por el silencio del expresidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha —condenado a 15 años de prisión por corrupción— para que éste no revele información comprometedora relacionada con Petrobras. Además, Temer fue grabado, subrepticiamente, en cuestionable reunión por el empresario Joesley Batista, diciendo éste ser investigado por la justicia, pero que tenía comprados a dos jueces y un fiscal. “Magnífico, magnífico”, fue la respuesta del aún Presidente de Brasil.

Más de una decena de solicitudes exigen enjuiciar a Temer y convocar a inmediatas elecciones, incluyendo la petición de su propio Partido del Movimiento Democrático Brasileño, junto con la del expresidente Fernando Henrique Cardoso. El gobierno brasileño está paralizado, decenas de miles de ciudadanos protestan en Brasilia contra las reformas liberales propuestas por Michel Temer, clamando por su inmediata renuncia. La desatada violencia callejera sólo se moderará con el impeachment presidencial.

Combatir la corrupción es un asunto muy serio para dejarlo exclusivamente en manos de políticos, la sociedad civil organizada debe involucrarse a fondo en este apremiante cometido. Con respecto a la implicación de Pemex con Odebrecht, no habrá más alternativa que transparentar los hechos, más allá del discurso de que caiga quien caiga.