Empresa productiva
En los próximos días será finalmente aprobado por el Congreso de la Unión el paquete de reformas en materia energética que tanto ha polarizado a la política nacional. Esperemos que en breve el debate nacional deje de estar secuestrado por una visión necia de la ...
En los próximos días será finalmente aprobado por el Congreso de la Unión el paquete de reformas en materia energética que tanto ha polarizado a la política nacional. Esperemos que en breve el debate nacional deje de estar secuestrado por una visión necia de la izquierda mexicana en torno a los fantasmas que les despierta el sólo hecho de tocar algo que tenga que ver con el petróleo y el sector energético.
Un tema que clarifica las falacias argumentativas que hemos escuchado en las últimas semanas, es el trato diferenciado que se le da en el debate a Pemex y a la CFE cuando la finalidad es prácticamente la misma: mantener la explotación, generación, comercialización y suministro como bienes y servicios de interés público. También hacer a ambas empresas del Estado altamente competitivas, con estándares óptimos de operación y de calidad en sus servicios, así como con criterios de administración eficientes, de seguridad jurídica y de rendición de cuentas.
Se trata, pues, de un conjunto de iniciativas al que sólo con esa visión retrógrada y testaruda es posible oponerse, pues uno de los principales beneficios de la denominación de empresa productiva del Estado es que las ganancias que produzcan dejen de ser manejadas como un botín político y de manera discrecional entre los legisladores y gobernadores del país, así como con las autoridades hacendarias. Por ejemplo, a partir de la reforma se creará el Fondo Mexicano del Petróleo, que bajo criterios mucho más claros y transparentes definirá los porcentajes de esas ganancias que conformen el presupuesto federal, siempre que antes se cuide el no mermar la operación ni necesidades de inversión que cada una de estas empresas requiere. Es decir, se trata de aplicar el criterio contrario con el que el Estado mexicano había operado Pemex en las últimas siete décadas.
También resulta falaz e ignorante el argumento que sostiene que con la aprobación de estas leyes el Estado claudica a su responsabilidad de ofrecer los servicios básicos, en aras a su privatización y así robarse el patrimonio de los mexicanos. Ejemplo de tal absurdo es que mediante la entrada en vigor de la reforma, la CFE deberá seguir garantizando un esquema de suministro y abasto de electricidad a la población a través de lo que se ha denominado suministro básico. No obstante, lo que la nueva legislación también contempla es que quienes son grandes consumidores de energía puedan contar con la alternativa de comprarla directamente a otros productores regulados por el Estado.
Tales argumentos resultan contraintuitivos a la forma como se interrelacionan los consumidores y sus respectivos mercados. Pues aún no se conocen casos en los que los consumidores prefieran racionalmente prescindir de más opciones de servicios que redunden en maximizar la calidad de los mismos a un menor costo.
Un aspecto positivo que prevé el conjunto de reformas y de enorme justicia es el endurecimiento en las sanciones individuales y multas a quienes descaradamente roban la electricidad. Actualmente se calcula que existe un promedio de cien mil tomas clandestinas en el país que representan una pérdida anual para la CFE de 30 mil millones de pesos. Se trata de una práctica arraigada de enorme inequidad para todos aquellos ciudadanos que pagan sus consumos y que finalmente se ve la determinación del Estado por combatirla.
Finalmente, el nuevo paquete de leyes permite avanzar en un nuevo esquema de relación contractual entre las empresas del Estado y sus sindicatos, con la finalidad de generar un modelo que respete los derechos de sus trabajadores sin que ello se traduzca en mantener los abusos y privilegios de sus líderes en detrimento de las finanzas de la empresa.
Todo lo anterior representa la oportunidad histórica para que el sector energético y las nuevas empresas productivas del Estado se conviertan en verdaderos motores del desarrollo y produzcan beneficios tangibles al consumidor, haciendo gala de su nuevo nombre: productividad, productividad y productividad.
*Abogado y extitular de la Fepade