ADN corrupto

Estos actos de corrupción trafican con las expectativas de la sociedad por una mejor calidad de vida.

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José Luis Vargas Valdez 21/03/2014 02:26
ADN corrupto

Tal parece que el ADN de nuestro sistema político es corrupto y que, por más que se hacen esfuerzos por combatir la corrupción, siempre aparecen nuevos escándalos que ya no generan reacciones colectivas de indignación y sorpresa.

Hoy se trata del fraude monumental a la Línea 12 del Metro en la Ciudad de México (PRD), los moches de los legisladores panistas o la defraudación a Pemex que ha sido durante años orquestada por la empresa Oceanografía, funcionarios de la paraestatal y reconocidos miembros del PAN. Ayer fueron los hermanos Bribiesca (hijos de Marta Sahagún), el fraude millonario en la construcción del hórrido monumento del bicentenario; los desfalcos y endeudamientos millonarios a los estados de Saltillo, por parte de Humberto Moreira (PRI); de Tabasco, por parte de Andrés Granier (PRI), o de  Aguascalientes, por parte de Reynoso Femat (PAN), y así un larga lista.

Todos estos ejemplos revelan que, contrario a lo que fue una de las principales banderas para la alternancia en el poder en el año 2000 (Vicente Fox), la corrupción no es un problema exclusivo de un solo partido o de determinado grupo político, sino que se trata de un problema de comportamiento humano en el que juegan los escrúpulos, la ética individual y la noción de respeto a la ley.

También ha quedado debidamente probado que no es una cuestión exclusiva de funcionarios públicos, pues para que se den muchas de estas acciones ilícitas que involucra la afectación al erario, generalmente se requiere de la participación de particulares que se benefician indebidamente de estas acciones, como son las empresas constructoras, las entidades financieras y quienes son expertos en orquestar licitaciones y adjudicaciones a modo. En ese sentido, en los últimos 15 años nuestro país ha hecho diversos esfuerzos por controlar la corrupción gubernamental, pero poco se ha hecho por atacar la de los particulares (excepto por la vía  de la recaudación fiscal).

Hoy el índice de Transparencia Internacional ubica a México en los primeros 34 lugares de los países con mayor corrupción a nivel mundial (en una escala donde 100 es el menos corrupto) y, de acuerdo con esa organización, llevamos varios años estancados en ese promedio.

Se habla de que el arraigo en nuestra cultura de la corrupción le cuesta al país alrededor del 10% del PIB. De ahí que millones de ciudadanos que son ajenos al sector público y que contribuyen con el pago de impuestos se quedan inermes frente a lo que parece un fenómeno imparable y, sobre todo, con escasas o nulas consecuencias.

Debiera ser tipificado como un delito de lesa humanidad, cuando estos actos de corrupción además trafican con las expectativas de la sociedad por una mejor calidad de vida, lo cual son daños que generalmente sufren los sectores sociales más desfavorecidos y que ponen en riesgo la vida de familias enteras, como es el caso de la Línea del Metro o de las múltiples urbanizaciones irregulares con permisos indebidos.

Nuevamente, el problema radica en la falta de instituciones idóneas para investigar y perseguir los delitos asociados con los actos de corrupción, aunado a la falta de decisión política y gubernamental por combatir este cáncer.

Cuesta trabajo entender que dentro de las prioridades de la agenda política, tanto gobierno como partidos, hayan relegado este tema por más de un año y aún no contemos con las dos instancias que tendrán la responsabilidad de combatir con autonomía estos actos ilícitos.

Ojalá que en esta ocasión se cumpla con el compromiso de despolitizar la integración de la comisión y fiscalía anticorrupción y no recurran a la lógica tradicional de nombracuotas que garanticen a los distintos actores políticos ámbitos de impunidad de la que hoy gozan.

Tiene sentido, entonces, que a ambas instancias gubernamentales se les otorguen las facultades suficientes para que la investigación y persecución de los delitos asociados a la corrupción pública y privada sea vista como una cuestión de estricto derecho y sin tintes políticos. Sólo en esa medida podrá ir paulatinamente mutando el ADN corrupto que hasta hoy caracteriza al sistema político.

                *Abogado y extitular de la FEPADE

                jl_var@yahoo.com

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