Hacer todo al revés

Existe un problema de legalidad que debe valorarse en su justa dimensión.

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José Luis Vargas Valdez 07/03/2014 03:12
Hacer todo al revés

La lógica para la conformación del nuevo Instituto Nacional de Elecciones depende en gran medida del nacimiento sano de lo que se convertirá en el órgano rector del sistema democrático mexicano.

La enorme responsabilidad que recaerá durante las próximas semanas en el  Consejo Técnico Evaluador responsable de valorar los 307 perfiles inscritos, será determinante para ese correcto despegar  y por supuesto existe la confianza que quien lo integra realizarán una función objetiva que culminará en 11 listas de cinco mejores perfiles.

Una excelente noticia es que en esa larga lista aparecen los cuatro consejeros electorales del IFE, quienes  participarán con la finalidad de poner a disposición del nuevo órgano electoral su valiosa experiencia. Insisto, el problema radica en que si esa era la voluntad de los partidos, por qué razón no se contempló expresamente en la reforma constitucional, para darles desde un principio la viabilidad y seguridad jurídica requerida, en vez de depender de la fragilidad de los acuerdos políticos.

Sin embargo, no puede dejar de señalarse que más allá de las apuestas que hoy  hacen los medios de comunicación y especialistas en la materia por quiénes serán las 11 personalidades que integrarán el INE, existe un problema de legalidad que debe valorarse en su justa dimensión.

Se trata la falta de disposición legal expresa de los requisitos para ser consejero electoral del nuevo INE. Me explico, los requisitos para hoy ser designado consejero electoral del organismo naciente se encuentran contenidos en un acuerdo administrativo de la Junta de Coordinación Política de Cámara de Diputados, lo cual no satisface en forma alguna lo que señala el texto constitucional recientemente aprobado, que es “cumplir  con  los requisitos constitucionales y legales”.

Actualmente es la ley electoral (el Cofipe) donde se encuentran los requisitos legales para poder ser designado consejero del IFE, motivo por el cual era indispensable que el legislador federal primero aprobará la nueva legislación aplicable al INE y posteriormente se procediera a la selección de los consejeros.

No obstante, que el régimen legal transitorio del IFE al INE señala que mientras no esté aprobada la nueva legislación, se entiende siguen vigentes las disposiciones del actual Cofipe, no se puede asumir en automático que los requisitos para los nuevos cargos puedan ser trasladables con identidad. La razón es simple: porque el nuevo INE tendrá competencias federal, pero también locales para organizar elecciones, mientras que antes eran exclusivamente de carácter federal. Pero además, porque se trata de nombramientos de rango constitucional (antes equiparados a ministros de la Suprema Corte), por lo que el fundamento de su nombramiento debe derivar de la propia constitución o de las leyes que de ahí emanan.

El problema no es un tema de mera pulcritud legal, sino que el día de mañana podría constituir un vicio de constitucionalidad en el origen de los próximos  nombramientos. Ello podría dar pie a un escenario nada improbable en el que alguno de los partidos políticos que hoy fijaron esas reglas, luego las desconozca e impugne un proceso electoral o  cualquier acto de autoridad, aduciendo vicios de origen en la legalidad de la integración del INE.

Por esta razón, es deseable que los partidos políticos compongan a la brevedad este entuerto de legalidad, así como que den muestras de respetar el proceso de selección y la autoridad que la constitución hoy le confiere al comité encargado de proponer a las 55 mejores opciones para el INE.

                *Abogado y extitular de la Fepade

                jl_var@yahoo.com

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