IFE mocho y maltrecho

A partir de hoy el Consejo General del Instituto Federal Electoral se queda con cuatro de sus nueve miembros, debido a que tres de sus consejeros y el consejero presidente han terminado su periodo constitucional. Aunado a la vacante que desde hace ocho meses existe para ...

A partir de hoy el Consejo General del Instituto Federal Electoral se queda con cuatro de sus nueve miembros, debido a que tres de sus consejeros y el consejero presidente han terminado su periodo constitucional. Aunado a la vacante que desde hace ocho meses existe para sustituir a don Sergio García Ramírez.

En  nuestra vida democrática empieza a ser costumbre el incumplimiento a los términos constitucionales que el propio legislador federal ha impuesto con el carácter de normas para la renovación de estos órganos. Ello revela a veces el desdén al árbitro y la falta de conocimiento en las actividades sustantivas de una institución toral para la vida democrática mexicana.

La insistencia de no dejar indefinidamente mocho al Consejo General del IFE radica en que las principales decisiones de ese organismo se toman de forma colegiada en el seno de comisiones que integran las funciones que, por ley, les corresponde ejercer de manera cotidiana. Se trata de todo lo relativo al Registro Federal de Electores y a la credencial de elector, al monitoreo de medios de comunicación y asignación de los tiempos en radio y televisión de los partidos políticos, a las funciones permanentes de fiscalización y regulación de la vida interna de los partidos políticos, etcétera.

Hoy surge la duda de si tiene sentido nombrar a los cinco funcionarios faltantes, a sabiendas de que existe una iniciativa para modificar el esquema federal de organizar elecciones a un sistema nacional con las siglas del INE. En este espacio he defendido algunas de las bondades en la homologación nacional de nuestras elecciones que radican en poder ofrecerle al ciudadano una democracia de mejor calidad en todo el territorio, a un menor costo (que no es un argumento menor).

Es palpable que en la ciudadanía no existe objeción a una oferta así de clara; por lo mismo, las principales objeciones radican en un círculo rojo que ha encontrado en estos institutos y tribunales locales un medio rentable de vida o de promoción personal.

Sin embargo, sea IFE o INE lo que el legislador decida de cara al futuro que es la instancia más idónea para organizar elecciones y conducir un buen trecho de la democracia nacional, lo cierto es que en la medida que no se parta de una verdadera convicción por fortalecer al árbitro electoral, dotarlo de una legitimidad de origen y robustecer sus condiciones para garantizar imparcialidad y equidad en las contiendas políticas, difícilmente habrá perfiles o instituciones que satisfagan a sus destinatarios directos, que en este caso son los partidos políticos.

Es ahí donde cobra mucha importancia el principio constitucional de la inamovilidad en el cargo de los consejeros electorales presentes y futuros, como una precondición para garantizar la independencia y, de esta manera, ofrecer mayores garantías de imparcialidad en ejercicio de la función. Es también por esta razón que están previstos los mecanismos constitucionales para que, en caso de que quienes sean electos para esta alta responsabilidad de Estado lleguen a violar o comprometer esos principios de actuación, se pueda dar la expulsión del cargo.

De ahí que resulte un juego tonto y perverso de quienes pretendan condicionar de origen la imparcialidad e independencia de los miembros del máximo órgano electoral, pues no existe garantía de que quienes hoy corrompen sus principios con unos, mañana no lo hagan con los otros.

Esa racionalidad política es el motivo principal por lo que en materia electoral tiene todo el sentido que los partidos políticos —que son en quienes recaen estas decisiones—, de manera uniforme, apuesten a un organismo electoral compuesto por perfiles que garanticen los máximos niveles de independencia e imparcialidad. Igualmente que haya una verdadera apuesta por dotarlos de una legitimidad de origen que les permita resistir los duros embates a los que seguramente estarán expuestos con las partes interesadas durante el ejercicio del cargo. De lo contrario, es igualmente factible que siga en aumento esa percepción ciudadana de un IFE —INE— cada vez más mocho y maltrecho.

                *Abogado y ex titular de la Fepade

                jl_var@yahoo.com

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