Economistas y juristas

La institución financiera más capitalizada en activos, más adueñada de su clientela, más consentida por su gobierno, no vale nada si está fincada sobre un batidillo jurídico de desorden.

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José Elías Romero Apis 20/06/2014 01:02
Economistas y juristas

Muy interesantes las declaraciones de Agustín Carstens sobre la inversión extranjera y el artículo de Francisco Gil sobre el crecimiento, ambos en Excélsior de esta semana.

 

Hace algún tiempo, Alan Greenspan se esforzó por instalar una desregulación financiera casi ilimitada. Fue eficiente y lo logró. Pero fue para su mal. Después de la crisis mundial de 2008 reconoció, públicamente, que se había equivocado.

Y es que la vida financiera y, yo agregaría que, la vida toda no pueden sustraerse al mandato de la ley, partiendo del supuesto iluso de que los humanos siempre nos portamos bien por nuestra propia voluntad. La ley y el dinero tienen una relación indisoluble, aunque no siempre fácil de aceptar. Algunas cosas valen más por su licitud y otras, por su ilegalidad.

Pensemos en lo que vale más por ser ilegal, y el ejemplo perfecto son las drogas. Ello se debe a que tienen una ilicitud intrínseca que no las compite con un símil legal. Pero pensemos en el alcohol. A diferencia de las drogas tiene una naturaleza legal y sólo su falsificación es contra natura y, por lo tanto, mucho más barata.

Así, pensemos en el automóvil importado más lujoso, pero sin papeles. Vale tan poco como una casa sin escrituras, un casino sin autorización, una construcción sin permiso, un burdel sin licencia o un banco sin concesión. La licitud genera riqueza, mientras que la ilegalidad provoca depreciación.

Porque, siguiendo a Greenspan, la institución financiera más capitalizada en activos, más adueñada de su clientela, más consentida por su gobierno o más posicionada en las credibilidades, no vale nada si está fincada sobre un batidillo jurídico de desorden, de ilegalidad o hasta de ausencia de normatividad.

En cierta ocasión conversé con Hernando de Soto, inteligente economista peruano a quien se le ha mencionado, en ocasiones, como merecedor al Premio Nobel.

De Soto abordó un tema no usual en los economistas, pero muy seductor para mí como abogado. La relación que existe entre el derecho y la economía. Muy en particular, se refirió a la importancia que la legalidad imprime a la capitalización y a la riqueza.

Puso, como ejemplo, un caso real de mucha lucidez. Cuando el gobierno peruano se decidió a vender la telefónica del Estado, le practicaron un avalúo que resultó en la bicoca de 53 millones de dólares. Se trataba de una empresa con un status de legalidad muy sui géneris, como el batidillo jurídico en el que se encuentran muchas de las paraestatales latinoamericanas. Porque sucede que en estas empresas del Estado no se han pagado ni las tenencias ni las verificaciones, los edificios no tienen escrituras, los adeudos fiscales son un revoltijo, las concesiones son de palabra, las licencias se las toman por su cuenta y los contratos son atípicos.

Se decidieron a ponerla en orden mediante una tarea de diez meses de ingeniería jurídica. El resultado fue que la compañía se cotizó y se vendió en dos mil 500 millones de dólares. No se le cambiaron las alfombras. No se modernizó su equipamiento. No se remodelaron sus edificios. Tan sólo con ponerla en condiciones normales de legalidad se capitalizó en 50 veces su valor inicial, porque con ello ya valía para todos y no solamente para un gobierno apadrinante de sus irregularidades.

En eso reside el valor capitalizable de la legalidad, lo cual tiene implicaciones múltiples.

Pensemos un minuto en la economía informal mexicana, formada por un enorme caudal de operaciones ilícitas e irregulares, relacionadas con el ambulantaje, el contrabando, la evasión fiscal, la falsificación, la piratería y otros especímenes similares. Es un enorme capital muerto de los pobres y de las clases medias que suman el equivalente a 62 veces las ventas anuales de Cemex. A 31 veces la inversión extranjera directa. A 26 veces la inversión pública federal. A diez veces las operaciones anuales del mercado de capitales.  Y a siete veces el valor de Pemex.

Pero esta enorme riqueza, por su ilegalidad, no puede heredarse, no puede asociarse, no puede hipotecarse, no puede venderse y, en muchos casos, no puede ni confesarse.

Esto provoca, a su vez, que las empresas de los ricos, instaladas en la legalidad, cada vez aumenten de valor mientras que las de los pobres, sumergidas en la ilicitud, nunca lo incrementan. Debemos remitir esa situación. Para ello se requiere de un esfuerzo de regularización jurídica a partir de la simplificación, de la culturización y de la remisión de la corrupción.

Muchísimas otras derivaciones tiene este tema. Esa ronda me dejó, además de un vivo interés, una peculiar satisfacción y un desconocido agrado. Por primera vez escuché a un economista decir y creer que los abogados servimos para algo. Por lo menos, para darle más valor a las cosas. También, me di cuenta de que los economistas sirven. Quizás algo que ha faltado a nuestros pueblos es que estas dos nobles profesiones se entiendan entre sí, se comprendan, se interrelacionen y se unan en el esfuerzo de mejores estadios para todos.

                *Abogado y político. Presidente de la Academia Nacional, A. C.

                w989298@prodigy.net.mx

                Twitter: @jeromeroapis

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