Gobierno y Derechos Humanos, una crisis política

En la repentina pugna en que se encuentra el gobierno mexicano con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) podría aplicarse aquella famosa frase atribuida al Quijote de la Mancha: “Con la Iglesia hemos topado, amigo Sancho”.

Y si lo cierto es que la frase es apócrifa, y que de hecho no existe como tal en Don Quijote, también es correcto recordar que se ha convertido en una expresión de uso común en referencia al poder de una institución.

Aunque ya se sabía que el gobierno no renovaría su convenio con el GIEI, la ruptura coincide con lo que parece una actitud de política exterior más agresiva, simbolizada la semana pasada por la decisión de cambiar al embajador de México en Washington, Miguel Basáñez, por Carlos Sada, un diplomático y experimentado operador político, y colocar en la Subsecretaría de América del Norte a Paulo Carreño, un experimentado publirrelacionista.

El anuncio de la decisión de no renovar el convenio con el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de investigación de la desaparición de 43 estudiantes normalistas en Iguala hace ya más de 18 meses fue, aunque conocida, un choque por las polémicas condiciones en que ocurrió.

Pero al hacerlo no sólo entró en choque con el GIEI y su sombra protectora, la CIDH, predispuesta ya por la demanda presuntamente por fraude que se presentó contra su secretario ejecutivo, el mexicano Emilio Álvarez Icaza, sino con toda la estructura profesional de Derechos Humanos en México, América y quizá el mundo.

Y lo cierto es que, por un lado, lo que ocurre en México es un drama constante, en un clima que bien podría calificarse como de permanente violación de Derechos Humanos auspiciado por faltas que son en buena parte del gobierno, pero no necesaria ni únicamente de este gobierno, sino de las decisiones o indecisiones de muchos de sus predecesores y coronadas por sus propias limitaciones.

Que los grupos del crimen organizado y cárteles del narcotráfico son poderosos y de hecho plantean desafíos al Estado en algunas regiones del país no hay duda. Pero eso no se gestó sólo en este régimen, sino que es una situación que se desarrolló en varias décadas.

La crisis de credibilidad de los políticos mexicanos y por tanto del gobierno es una que lleva años en desarrollo y se agudiza ahora.

Pero que es este gobierno al que hoy toca enfrentar la tormenta y no ha logrado dar respuestas ni soluciones, también es el problema.

Y si a eso se agrega que por principio los activistas de Derechos Humanos son, deben ser, intolerantes, y que a algunos de ellos les gusta su ejercicio del poder, el resultado es un conflicto.

La situación es, pues, harto complicada para el gobierno y en particular para la Cancillería, que de repente “toparon” con una versión moderna de la Iglesia.