Indebido proceso

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José Cárdenas 21/01/2014 00:56
Indebido proceso

Si no ocurre un milagro —lo cual se ve muy difícil—, mañana el mexicano Édgar Tamayo Arias —de 47 años— será ejecutado en la prisión de Huntsville, Texas, por el asesinato del policía Guy P. Gaddis, cometido el 31 de enero de 1994. Poco habrá importado a la justicia texana la discapacidad intelectual leve del asesino, por lo cual debió impedirse el juicio… y la sentencia de muerte.

De aplicarse la pena capital, Tamayo habrá pasado de victimario a víctima… y su muerte será un claro ejemplo de impunidad y soberbia del gobierno texano, encabezado por el republicano Rick Perry.

Al violar el debido proceso del mexicano, la supuesta justicia implacable queda como ejecutora de un acto sumario de venganza irremediable ante la violación de leyes y tratados internacionales.

Édgar es uno de los 52 mexicanos “protegidos” por el fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en el llamado Caso Avena —cuando el tribunal ordenó la revisión de juicios tras comprobar la violación al derecho de asistencia consular de connacionales sentenciados—.

Tamayo sería el tercer mexicano ejecutado, después de José Ernesto Medellín —2008— y Humberto Leal —2011—…  pero su historia es distinta.

Según la abogada Sandra Babcock, se trata del primer caso no revisado. El plazo límite para ello vence esta mañana de martes.

Hasta ahora, el único elemento a favor de Édgar Tamayo es el amparo concedido —en 2004— por la CIJ, que ordenó a Estados Unidos revisar el caso, ante la probable violación a sus garantías como extranjero. Es un “fallo” vinculante —obligatorio—, alega la abogada; desconocido como tal por la justicia estadunidense, en 2008.

Veintiún mil activistas de Amnistía Internacional han enviado mensajes de apoyo al sentenciado… y de indignación contra la pena de muerte.

Por negligencia, la autoridad texana se ha negado a acatar la ley, pese a los reclamos del propio secretario de Estado, John Kerry, quien ha advertido la violación del artículo 36 de la Convención de Viena, sobre relaciones consulares.

De nada han servido las demandas del gobierno mexicano ante la Junta de Perdones y Libertad Condicional para solicitar el aplazamiento de la ejecución o la conmutación de la pena de muerte. Tampoco las peticiones de la CIJ, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, el Parlamento Europeo, la Comisión Internacional contra la Pena de Muerte, o de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos…

“La muerte de Édgar Tamayo no será una ejecución judicial sino un artero asesinato; un acto de venganza, no de justicia”, protesta el gobernador de Morelos, Graco Ramírez.

Tamayo —culpable o no— tiene derecho a defenderse… a un juicio justo. No se trata de un acto de piedad… ni de una súplica desesperada.

Mientras, en el municipio morelense de Miacatlán —donde nació el condenado—, cientos de vecinos se mantienen en la zozobra; rezan rosarios colectivos; marchan por las calles en protesta por la ejecución.

PURA MEMORIA: Hace un año —precisamente el 23 de enero de 2013— la Suprema Corte ordenó la liberación de Florence Cassez tras otorgarle un amparo “liso y llano” por los vicios que contaminaron el debido proceso en su contra… 

                Twitter: @JoseCardenas1

                www.josecardenas.com.mx

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