La madre de la corrupción

Si los escándalos de corrupción son un fardo pesado para la aspiración del PRI de continuar en el poder, la controversia sobre el manejo de recursos federales a los estados es una bomba de relojería para la élite tecnocrática que domina la hacienda pública con cartas de servicio de imparcialidad y separada de lógica política.

El gobierno de Chihuahua se prepara para llevar a la SCJN una controversia constitucional por incumplimiento en la transferencia de fondos que podría implicar violaciones al pacto federal y la división de poderes. El expediente se perfila como “caballo de batalla” hacia una campaña estancada como la de José Antonio Meade, quien proviene de ese grupo en su larga carrera en la administración pública. Pero, sobre todo, podría desvelar uno de los principales modus operandi de la corrupción en todos los niveles de gobierno.

El diferendo podría llegar a la SCJN después que concluya en la CDMX la marcha del gobernador Corral para reclamar la entrega de recursos públicos del Ramo 23, que pactó con Hacienda a través de convenios ad hoc. No es la primera vez que ocurre un conflicto de este tipo entre el gobierno federal y un estado, pero otros se han saldado con su reintegración por negociación o bajo mandato de la Corte.

La novedad del actual es que, además de denunciarse la ilegalidad de la omisión, pretende demostrar que el propósito de retener los recursos es interferir con la investigación por corrupción que sigue la fiscalía local contra el exmandatario César Duarte; lo cual ubicaría a Hacienda en el centro de la problemática que más indigna a la ciudadanía, a través del manejo discrecional del Ramo 23 como “madre” de la corrupción de ésta y anteriores administraciones.

En un hecho inédito, la Corte será llamada a pronunciarse sobre un alegato de presunto caso de “chantaje” por condicionarse recursos públicos al acceso a las pesquisas por peculado contra el exsecretario general del PRI, Alejandro Gutiérrez, y de desviación de recursos hacia el PRI en el gobierno de Duarte. Es también inusual que un estado eleve el conflicto a  este punto porque el disuasivo del control de los recursos aconseja negociar y evitar rebeldías que arriesguen el cumplimiento de funciones soberanas en las entidades —la seguridad pública o la procuración de justicia— sin suficientes recursos propios para solventarlas. Ahí el fondo de la problemática, más allá de las campañas, aunque no ajenas a ellas.

El Ramo 23 del presupuesto federal, sin ley que regula  su operación, funciona como “caja negra” de recursos que Hacienda tiene la capacidad de aprobar y adecuar para entregar a los estados de forma discrecional. En un pronunciamiento de una veintena de agrupaciones civiles y empresariales se asegura que esos fondos son usados políticamente para premiar o castigar  a gobiernos estatales.

Por ejemplo, en 2016, según México Evalúa, al Ramo 23 se le aprobó un presupuesto de 146,000 millones, pero ejerció 74% más del aprobado. Es decir, se gastó casi dos veces más que la Secretaría de Salud, cuyos recursos ejercidos fueron de 128,000 millones.

Es significativo, además, que en 2017 Chihuahua recibiera 61 millones, mientras que Edomex superase los 5,300 millones, sin motivación o criterios claros sobre el reparto entre entidades. 

No obstante, la discrecionalidad en la operación del Ramo 23 no está en la preocupación del Congreso, a pesar de que necesitaría una ley para fiscalizar los recursos públicos y facultades para supervisar los incrementos de esta partida; en la que, al mismo tiempo, los legisladores negocian los llamados moches para sus entidades. Tampoco parece estar en la agenda de los gobernadores, a los que debía convenir que se trasparenten los fondos que reciben de Hacienda y evitar su uso político. Y, finalmente, tampoco están en los temas de campaña de los precandidatos de todos los partidos, aunque todos prometan combatir la corrupción, pero no el lado oscuro del Ramo 23.