Botón anticorrupción desactivado

El mensaje que envía el gobierno con su política de dejar hacer y dejar pasar la corrupción, la normaliza. Los escándalos causan cada vez menos asombro y se diluyen en la opinión pública con mayor rapidez, se estabilizan. El ejemplo prohíja maratones de trampas. La acción y efecto de corromper y corromperse se regulariza  al tiempo que se debilitan las respuestas institucionales contra la impunidad, como el cuestionado Sistema de Justicia Penal, las leyes anticorrupción y la reforma del Ministerio Público con la nueva fiscalía autónoma o el fiscal anticorrupción.

Si la corrupción anida en las carencias de las estructuras gubernamentales, la pérdida de capacidad de rumbo institucional deja un problema mayor. La elusión de la respuesta gubernamental contra la impunidad es la peor amenaza para el legado del presidente Peña Nieto. Su decisión de evadir su obligación y responsabilidad no le servirá para esquivar tres frentes que se abren en el fin de su administración. Primero, el acuciante malestar social por la corrupción y sus efectos en situaciones cada vez más extremas, como la tragedia de damnificados en el sureste. Segundo, la creciente presión internacional por la falta de Estado de derecho en el país y la exigencia de incorporar estándares de combate a la corrupción en la negociación de tratados comerciales como el TLCAN. Y finalmente, el distanciamiento y confrontación con parte de la cúpula empresarial por las posturas anticorrupción de una parte a la  que cada vez resulta menos funcional la ausencia de reglas para el desarrollo de sus negocios.

Si la corrupción puede ser la marca del gobierno, la desactivación de la respuesta contra la impunidad se avista como la crisis del fin de sexenio. Se descubre que la familia del secretario de Desarrollo Social lucra con gasolina robada, y el gobierno no dice nada. Luis Miranda es uno de los personajes más cercanos a Enrique Peña Nieto y en las gasolineras de su hermana y cuñado, en Edomex, se vendía combustible extraído ilegalmente de los ductos de Pemex, es decir, huachicol. Tampoco hay respuesta alguna sobre responsabilidades políticas a las 22 observaciones de irregularidades del Paso Exprés por una sangría de más de 1,034 millones de pesos, más allá de la apertura de procesos administrativos menores  para deslindar responsabilidades.

Ante esos escándalos, la reacción oficial ha sido esquivar las responsabilidades y tratar de evitar con poca astucia la rendición de cuentas. A nadie le piden, ni ponen su renuncia por delante, pero los responsables repiten el estribillo de ofrecer ir hasta las últimas consecuencias. El presidente mantiene al secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, y a Luis Miranda, aunque su presencia sea icono de la impunidad. Y en cambio, sacrifica las pocas salidas institucionales, como el nacimiento de la Fiscalía General autónoma. Se desliga de las instituciones para refugiarse en sus lealtades de grupo. 

En varias oportunidades, el Presidente ha rechazado que la corrupción vaya a ser la marca de su administración, pero difícilmente evadirá el sello de la impunidad. Al igual que en otros casos, la respuesta a operaciones de corrupción institucionalizada como la “gran estafa”, que reveló Mexicanos Contra la Corrupción, es el silencio. El problema es que cada vez resulta más caro para los empresarios que deciden seguir financiando proyectos como ése que investiga y denuncia la corrupción. La última vez que la cúpula empresarial decidió que el gobierno era disfuncional a sus intereses se produjo una debacle económica, como en el cierre de los gobiernos de Luis Echeverría y José López Portillo. Hoy hay cada vez más señales de confrontación en la cúpula del poder y convendría a Peña Nieto no olvidar las lecciones de aquellos gobiernos del viejo PRI.