El pulso de Cienfuegos

La cúpula militar decidió echar vencidas al poder civil con la apuesta de consolidar sus avances de la última década. Ganó, sin encontrar  mayores resistencias, el pulso sobre un pendiente de la “guerra contra las drogas”: la regulación de su presencia permanente en las calles en tareas de seguridad y persecución del delito. Es un antiguo reclamo, aunque cobra nuevas dimensiones por el rol que jugarían ante fenómenos que afectaran la estabilidad como el descontento social. Por ello el objeto de la Ley de Seguridad Interior que exigen es confuso. Los contornos entre seguridad pública, interior y nacional son poco claros, más aún cuando ahora tendría que atender nuevas amenazas del exterior del próximo gobierno de Estados Unidos como la frontera, migración o deportados.

El discurso del secretario de la Defensa Salvador Cienfuegos, esta semana levantó  revuelo como pretendía el general. No es la primera vez que los militares reprochan la falta de cobertura legal para realizar funciones de seguridad pública, desde que el gobierno de Calderón los llevó a las calles a enfrentar el delito. La novedad es que esta vez emplazó al poder civil a aceptar su regreso a los cuarteles dado que —advirtió— cubrir el trabajo de los policías “desnaturaliza” al Ejército, a sabiendas de que el Presidente lo rechazaría.

Cienfuegos ha demostrado manejo de la comunicación política, como cuando sorprendió a sus críticos con una “sentida disculpa a toda la sociedad agraviada” por el caso de tortura de una joven en Ajuchitlán. Ahora levantó un airado reclamo al Congreso por no hacer su tarea y al poder civil por el rezago de la policía, que rápidamente fue atendido con el ofrecimiento de un periodo extraordinario para aprobar la ley y un fuerte espaldarazo del gobierno federal y los empresarios a su trabajo en la seguridad pública.

Detrás de la presión hay una antigua discusión y argumentos tautológicos, que tiene mucho de repetición inútil y viciosa. Se defiende que los militares deben combatir el crimen por la incompetencia de las policías de cumplir su tarea, que en una década de lucha contra el narco no se ha logrado revertir. La cúpula militar exige “certeza y legalidad” para permanecer en las calles, aunque sin un horizonte temporal para salir de una situación de “excepcionalidad” con que se justificó su participación en la persecución de delitos. Y al mismo tiempo, en un verdadero galimatías, la Ley de Seguridad Interior pretende “normalizar” su presencia en las calles.

Es razonable la irritación castrense por ocuparse del combate al crimen sin respaldo constitucional, pero su ocupación de la calle disminuye la responsabilidad de la policía y del poder civil en la seguridad pública. Además de las implicaciones respecto de sus obligaciones en la seguridad interior y hasta en el impacto presupuestal de los operativos contra el crimen. EU ha canalizado 1.5 mil millones de dólares a través de la Iniciativa Mérida y México ha destinado 54 mil millones desde 2007 a la guerra al narco, a pesar de que el presupuesto de defensa es bajo, de apenas 0.29% del PIB. ¿Se mantendrá la cooperación?

Lo más grave aún es que a pesar de estos recursos, que muchas veces se ejercen con opacidad e insuficientes mecanismos de rendición de cuentas, la violencia y la criminalidad tampoco han descendido con el ejército en las calles, como aceptó el propio Cienfuegos. No obstante, la presencia y el poder de los militares sobre la esfera civil no han dejado de avanzar en la última década, como ejemplifica ahora el control de la Marina de los puertos del país o millonarios recursos en los operativos conjuntos contra el narco. Por lo pronto, el pulso es favorable otra vez para los militares.