Divorcio a la mexicana

La decisión de trastocar la renovación escalonada del Tribunal Electoral demuestra que los acuerdos informales se imponen, otra vez sobre la rendición de cuentas y la credibilidad de las instituciones, a pesar del avance de la transparencia. Esta lógica del arreglo político tiene consecuencias cada vez más perniciosas por ubicar a la clase política contra los derechos de sus representados y profundiza su divorcio con la ciudadanía. Reproduce las viejas formas de ejercer el poder del autoritarismo, pero sin los mecanismos para ocultarlas al escrutinio público y sin recursos para comprar estabilidad en una sociedad distinta.

La clase política cree que es  suficiente tener una mayoría legislativa para articular sus intereses y actuar como la antigua aplanadora del partido casi único, aunque esta vez la defensa del statu quo sea a tres bandas. Paradójicamente, los tres grandes partidos en el Congreso recuperan las viejas reglas no escritas de la negociación con la legalidad y la opacidad política sobre una institución construida para dar certeza e imparcialidad a la justicia en la distribución del poder. Ni siquiera reparan en el flanco que abren a la legitimidad del Tribunal que calificará la elección presidencial y el “balón a la red” que dejan a Morena para impugnar el proceso.

La reforma exprés que arrancó en el Senado para ampliar la estancia de cuatro de los nuevos magistrados tras haber sido nombrados, se cerró con su aprobación en el Congreso bajo la misma consigna: dejarla pasar. Pero Morena y diputados del PRD acusaron de fraude a la legalidad del proceso y presentarán recursos ante la Corte. En el marco jurídico no hay previsión legal para sancionar fraudes a la ley cuando los responsables sean los mismos legisladores, pero más allá de eso el recurso asentará un golpe contra la credibilidad e imparcialidad de la institución y anticipa barruntos de crisis en 2018.

La actuación contra la sociedad no es un hecho aislado. En las últimas semanas se suman las negociaciones intramuros entre Hacienda y el Congreso para modificar el presupuesto y ofrecerles  recursos adicionales, en medio del recorte presupuestal y menores dineros por casi 4% para el sistema anticorrupción; el acuerdo para tramitar sin debate parlamentario nombramientos clave para el combate a la corrupción en la SFP y PGR, así como la negociación para asegurar un blindaje a investigaciones sobre corrupción del actual gobierno y gobernadores con la permanencia nueve años de un hombre cercano a Peña Nieto en la próxima fiscalía general.

Es decir, mientras se habla de combatir la corrupción o fortalecer instituciones como el Tribunal, en los hechos se desprecian las preocupaciones de la ciudadanía. También reclamos de sus organizaciones como la campaña contra la reforma al Tribunal o de la designación del ex senador Raúl Cervantes en la fiscalía con miles de firmas en plataformas digitales.

Además, preocupa el riesgo de perder la oportunidad de que iniciativas de la sociedad recuperar confianza en las instituciones caigan en el descredito, como la ley 3de3 a todas luces insuficiente para trasparentar ingreso, patrimonio o conflicto de interés de las autoridades como muestra el caso del presidente del PAN, Ricardo Anaya, o la fortuna de Duarte.  ¿Qué sigue?

Como nunca en la historia reciente es imprescindible la supervisión y colaboración de la sociedad con la autoridad para construir consensos sobre el rumbo del país. También, como nunca antes se extiende el reclamo el malestar con el mal gobierno. Urge explorar nuevos terrenos comunes para evitar la colisión que nos dejaría más vulnerables ante los peligros de la ingobernabilidad y las amenazas del exterior.