Triple alianza para el TEPJF

La triple alianza de partidos mayoritarios en el Senado cuajó como valladar para que pasaran sin obstáculo los ajustes en el gabinete y una reforma al Tribunal Electoral que les permita llegar  unidos y confiados a la elección presidencial, ante la amenaza de una competencia cerrada y de que el ganador se imponga con menos de 30% del voto. El interés común de preservar el tripartidismo y frenar a López Obrador les ofrece seguridad suficiente como para poner en riesgo la legalidad y la estabilidad del tribunal o dejar pasar propuestas de nombramientos en áreas clave del gobierno sin debate parlamentario como en la PGR y la SFP.

Nuevamente, el acuerdo político se impone sobre la legitimidad de una institución vital para preservar la democracia y esa lógica deja ver por qué, entre otras causas, decae su respaldo a los niveles más bajos en las mediciones latinoamericanas.

Con una mayoría absoluta del PRI, el PVEM, el PAN y el PRD, se aprobó una reforma que alarga el plazo de cuatro magistrados recién electos para prolongar la estancia de todos más allá de las elecciones intermedias del próximo sexenio. Es decir, el nuevo pleno tendrá una misión tan delicada como la calificación y validación de la elección presidencial y, más allá de ésta, se extenderá hasta los comicios legislativos del próximo gobierno, a pesar de la selección escalonada de los magistrados. Pero el golpe a la legitimidad de la institución no parece preocuparles, como tampoco el rechazo de campañas en contra de la reforma con firmas ciudadanas en plataformas digitales como change.org.

Los siete nuevos magistrados se eligieron en votación en el Pleno con periodos determinados  para el encargo, porque desde la reforma de 2008 se estableció la renovación escalonada del TEPJF para garantizar la estabilidad política del país. Ahora, con el mismo argumento, se reformó la ley para incrementar la estancia de cuatro de ellos, aunque se viole el artículo 99 de la Constitución por la aplicación retroactiva de la ley y en medio de un proceso legislativo desaseado que arriesga la legalidad de su integración.

El albazo legislativo puede atender a su necesidad de resarcir inconformidades en el reparto de cuotas entre partidos, pero lo grave es que no reparan en que debilitan a la institución ante la creciente judicialización de los conflictos electorales y dejarla vulnerable a la impugnación de parte de los que resulten derrotados como sucedió en 2006 y 2012 en la elección presidencial con López Obrador. Nuevamente, los partidos parecen confiar más en el acuerdo político que preocuparse por la fortaleza de las instituciones a pesar del deterioro de su imagen y desconfianza de la ciudadanía hacia ellas.

Tampoco ven riesgo o conflicto de interés con la ratificación del procurador, el exsenador del PRI Raúl Cervantes, quien también podría convertirse en una carta transexenal con la transformación de la PGR en Fiscalía General por un periodo de nueve años, no obstante, tratarse de un hombre del círculo cercano del Presidente. En este caso también la triple alianza avaló el nombramiento presidencial sin mayor discusión y, de manera poco usual en órganos colegiados, sin mayor oposición más que voces aisladas.

A la luz de ese respaldo del acuerdo legislativo, Cervantes tendría ventajas para volver a transitar en el Senado una vez que se aprobara en las próximas semanas la Ley Orgánica de la Fiscalía General en que se transformará la PGR y, en ese caso, sería el encargado de procesar los casos de corrupción que afectaran a EPN y al actual gobierno.

La crisis política de los comicios de 2006 se fraguó en la integración del entonces IFE sin el PRD y luego en el acuerdo político para el desafuero de López Obrador. La historia política parece recurrente y la pregunta que ahora deja el proceso en el Senado es: ¿Y qué lecciones o qué hemos aprendido?