Duarte, ¿negociar la justicia?
Desde luego no se trata de una comedia de errores, por ejemplo, descubrir la pérdida del fuero luego de que pidiera licencia.
La PGR hizo mutis y salió de escena en el caso Duarte hasta que se confirmó la fuga, a pesar de ser actor principal de la obra. La fiscalía guardó extraños silencios después de que pidiera licencia como gobernador de Veracruz, no obstante la alarma social por su anticipada huida. En el Congreso se advirtió de la evasión, pero ahí se negaron a acelerar las solicitudes de desafuero para investigarlo. El PRI y el PAN se confrontan por los escándalos de corrupción de Duarte y el panista exgobernador de Sonora, Guillermo Padrés, mientras la aspirante presidencial Margarita Zavala se pronuncia por combatir este mal “sin linchamientos, venganzas, ni persecuciones”. Y el mensaje que dejan todos es el viejo libreto de la politización de la justicia.
El caso parece una comedia frívola y picante, basada en intriga y equívoco. Podría ser un vodevil con música de sones jarochos y desenlace abierto, si no fuera porque se trata de una de las investigaciones que más indignan por las denuncias de malos manejos de recursos públicos, revelaciones de fosas clandestinas o el asesinato de periodistas.
¿Por qué el “tortuguismo” de la justicia contra Duarte cuando hace tiempo se conocen las denuncias de la ASF y el SAT sobre millonarios desvíos por más de 35 mil millones de pesos a través de más de un centenar de empresas fantasma en su administración? ¿Por qué el doble discurso en el PRI de expulsarlo de sus filas, al tiempo que en el Congreso lo protegieron de cuatro solicitudes de juicio político que hay desde 2015? ¿Por qué el silencio del gobierno federal sobre la situación del gobernador veracruzano o de la evasión de Padrés, así como el vacío de información de la PGR sobre la averiguación hasta conocerse su desaparición?
Desde luego no se trata de una comedia de errores, por ejemplo, descubrir la pérdida del fuero luego de que pidiera licencia. Ni de omisión de la autoridad para vigilarlo y prevenir el alto impacto público de un caso convertido en marca de impunidad. Lo que refleja la contradicción entre la dilación de la acción de la justicia y el escándalo político es la persistencia del viejísimo problema de la politización de la persecución del delito. La fuga de Duarte y “las lagunas de información” sobre la orden de aprehensión en su contra exhiben la falta de transparencia de la justicia y la discrecionalidad de la autoridad para castigar a responsables de delitos, incluido el contubernio y la componenda. ¿Cómo contrastan los casos de Duarte o Padrés con el esfuerzo de dejar atrás la vieja cultura judicial autoritaria del ocultismo y la prestidigitación jurídica con el nuevo sistema penal? ¿Cómo afecta la confianza en el nuevo sistema anticorrupción aun antes de nacer?
Tanto Guillermo Padrés como Javier Duarte siguen viejos guiones de complicidades para ocultar el delito y luego la
negociación de la justicia cuando el costo político es mayor que el beneficio de las lealtades. La transformación de las prácticas y estándares de la justicia que operan en regímenes democráticos es imposible si prevalece la negociación política a costa de la impunidad.