La legalidad no importa

El mensaje del Congreso es elocuente de falta de compromiso con la legalidad. No en los discursos, sino en los hechos. El incumplimiento del plazo constitucional para aprobar las leyes del sistema anticorrupción exhibe lo poco que importa violar sus propios mandatos y confirma la prioridad de partidos por ganar elecciones encima de cualquier demanda y del interés público. La comunicación colectiva de su permisividad es que no pasa nada y la transgresión, una invitación a burlar la ley. La clase política lo sabe, y aun así, nada pasa.

Desde hace un año también conocen el plazo legal para aprobar las siete leyes reglamentarias anticorrupción y la iniciativa ciudadana 3de3, el 28 de mayo. Al vencer el plazo para convocar un periodo extraordinario para desahogar la agenda pendiente, no hubo condiciones técnicas (dictámenes), ni políticas, para no caer en falta. No importa. También desde el fin del periodo sabían que no saldría antes de las elecciones estatales del 5 de junio para evitar que se “contaminen”, aunque el mensaje sea tóxico para la confianza en el propio régimen de partidos. También lo saben, y aun así, no pueden actuar diferente incluso en perjuicio suyo.

Como otras veces, la clase política prefiere cuidar la competencia electoral que atender una exigencia ciudadana: desmontar un sistema de protección de funcionarios públicos y redes de complicidad con empresarios, como propone el paquete de leyes anticorrupción. Ése es su llamado a las urnas en 13 estados que renovarán poderes locales y el Constituyente de la Ciudad de México, aunque su mensaje no haga más que profundizar el descrédito y socavar la confianza ciudadana en la legalidad democrática. Pero tampoco importa demasiado si la competencia se da entre estructuras partidistas movilizadas con operación territorial, clientelas y dinero. El talón de Aquiles que desde hace dos décadas tiene a la democracia mexicana en estado germinal.

El acuerdo para echar el periodo extraordinario hacia adelante muestra que no ven mayor costo político electoral. La derrota no depende del castigo por violar sus disposiciones y desdeñar la demanda de más de 600 mil ciudadanos de atacar la corrupción. La lógica que imprimen a la competencia no atiende la rendición de cuentas, sino a la “guerra sucia” y la reactivación de viejas prácticas como la compra y coacción del voto para ganar en las urnas. Tampoco importa que construir así la representación política se revierta luego en falta de gobernanza. Lo que vale es ganar en lo inmediato y como sea.

Si partidos y candidatos no pueden dar confiabilidad a las instituciones, políticas y leyes, lo que les queda es dejar enseres, electrodomésticos, despensas o costales de cemento para comprar el voto. Si no pueden ofrecer fiscalías autónomas para perseguir la corrupción o un catálogo de sanciones para castigar este delito, tampoco hay razón para cuidar la limpieza y equidad electoral de viejos vicios como la desviación de recursos públicos a las campañas o la prohibición de campañas negativas.

Cuando la clase política toma decisiones equivocadas o renuncia a sus responsabilidades, a quién puede extrañarle que las campañas estén centradas en denuncias entre ellos sobre nexos con el crimen organizado, acusaciones de pederastia de candidatos y hasta falsedad de pruebas en los ataques.

El peor error que cometen no es sólo bloquear la lucha anticorrupción, sino que con su conducta ayudan a desmontar el sistema de garantías legales que dan seguridad, confianza y certeza en las elecciones. Las violaciones a la legalidad en el Congreso no son conducta aislada, sino mensaje claro de que a nadie tiene que importarle, por ejemplo, transgredir el financiamiento hacia partidos. ¿Cuánto deberá caer la confianza en el sistema de partidos para que algo pase?