Reforma Telecom ¿es la ley que necesitamos?

El dictamen aprobado con 85 votos a favor y 12 en contra, soslaya modificaciones y precisiones de los temas más polémicos como la preponderancia, propiedad cruzada, aplicación de sanciones y/o el apagón analógico, que de-berá resolverlo el IFT

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José Buendía Hegewisch 06/07/2014 01:16
Reforma Telecom ¿es la ley que necesitamos?

Es normal que en cualquier democracia las leyes den lugar a las mayores confrontaciones, lo paradójico en nuestro caso es que su incumplimiento luego acerque e iguale  a quienes las disputaban. La aprobación de la ley de Telecomunicaciones ha sido desde hace casi un año escenario de debates encendidos y las batallas más cruentes —incluido el espionaje y las escuchas ilegales, la presión de los intereses más poderosos de telecomunicaciones—, sin que ningún partido repare en la violación de su plazo constitucional, que venció hace más de seis meses. La polarización de posturas del debate, también dejó una ley con muchos temas fuera sin resolver que, en su operación, previsiblemente, derivarán en casos para la Suprema Corte.

No se podrá reclamar que faltara suficiente debate, aunque el dictamen aprobado con 85 votos a favor y 12 en contra, soslaya modificaciones y precisiones de los temas más polémicos como la preponderancia, propiedad cruzada, aplicación de sanciones y/o el apagón analógico, que deberá resolverlo el IFT. La falta en los tiempos constitucionales se justificó por lograr una mejor ley, sin embargo, la ruptura del consenso dejó en la cuneta legislativa la mayoría de las reservas y los cambios se redujeron a algunas disposiciones sobre discapacitados,  uso de la infraestructura del preponderante y corrección del error sobre la neutralidad de la red de la iniciativa presidencial.

Tampoco se puede dejar de ver que en las últimas semanas se construyó una amplia mayoría de dos tercios del Senado para aprobarla, aunque paradójicamente ésta también enterró los acuerdos cupulares que permitieron la reforma constitucional  y sacó a flote las divisiones dentro del PAN y el PRD.

Políticamente, en efecto, la guerra de las telecomunicaciones es el réquiem del Pacto con el que el gobierno sostuvo el ánimo reformista en su primer tercio y, sobre todo, el fin del esfuerzo por construir visiones compartidas sobre el futuro del país. Algún legislador llegó a calificar la ley como “hijo bastardo” del Pacto, pero es la reforma que el gobierno requiere hoy para el país.

El fin de la política de consensos pluripartidistas nos devuelve al terreno conocido de la polarización y la fragmentación al interior de la oposición. ¿La ruptura del Pacto con la Reforma Energética explica el debilitamiento del consenso en telecomunicaciones? ¿La mayor división proviene de la reedición de posiciones ideológicas que creyeron haber ganado la partida a los poderes de facto con la reforma constitucional? ¿La desarticulación de la coalición política puso a los legisladores a merced de los monopolios?

Por ejemplo, el presidente del PAN, Gustavo Madero, no logró unificar a su partido y la mayoría voto contra su posición desfavorable al dictamen. Más de una veintena de panistas se sumaron al  voto de priistas, verdes, uno del PT y Panal, y no faltó algún diputado contrario al consenso que declarara que Madero los habría traicionado por ello. En el PRD la división requirió llevar el caso al Consejo Nacional luego que su dirigente, Jesús Zambrano, no lograra  convencer a algunos senadores que en comisiones habían avalado el dictamen.

Las telecomunicaciones concentran a las empresas más fuertes del país y mueven inversiones millonarias que, tan sólo en los últimos cuatro años podrían haber ascendido a la cifra “espeluznante” de más de 100 mil millones de dólares, como recordó el secretario de Comunicaciones y Transportes para contabilizar las pérdidas por el retraso de la ley. Es evidente, como dijo el coordinador del PRI en el Senado, Emilio Gamboa, que la reforma “lastima” a los monopolios que caracterizan al sector. Pero ante ello, la coalición política que impulsó la reforma constitucional para abrir la competencia perdió vigor con la ruptura del Pacto.

En este sentido, la demora en la ley de telecomunicaciones no sólo implicó violar los tiempos legales o pérdidas de inversiones en el sector, también creó una desventaja política para las posiciones más aperturistas de las dirigencias del PAN y del PRD.  Pero mientras éstos atendían sus elecciones internas o las nuevas reglas para competir con el poder de la Reforma Electoral, dejaron para luego la Reforma de Telecomunicaciones. Su aplazamiento también jugó a favor de los grandes intereses del sector, que pudieron recuperarse del primer “golpe” y de los recientes fallos del IFT sobre preponderancia, para plantear una estrategia de lobby articulada y consistente que parece haberles dado frutos.  

                *Analista político

                jbuendia@gimm.com.mx

                Twitter:@jbuendiah

 

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