Justicia, secuestros, homofobia

La justicia que esperan, desean y necesitan los ciudadanos no termina de llegar, ni siquiera ante los casos más graves. Los secuestros, como bien explicó Isabel Miranda en una conferencia de prensa de Alto al Secuestro, siguen siendo una constante, con cientos de casos al año, con picos muy preocupantes en el centro del país, sobre todo en el Estado de México, la Ciudad de México y Morelos, además de estados como Tamaulipas y Guerrero.

Hay muchas razones para que sea así, pero una de las principales es que los secuestradores siguen sintiendo que es un delito cuyos costos terminan siendo relativamente bajos, más allá de que en los códigos penales se contemplen penas de decenas de años. En los últimos meses, por lo menos cinco secuestradores que estaban ya condenados a penas de entre 50 y 60 años de prisión han quedado en libertad, en todos los casos, porque los jueces siguiendo los criterios de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, advirtieron faltas al debido proceso y ordenaron la liberación inmediata de los criminales.

Estamos hablando de hombres que mutilaron a sus víctimas, las agredieron, en algunos casos las violaron, que en todos los casos no sólo estaban plenamente identificados, sino también juzgados y condenados: no hay uno sólo de estos casos en los que pueda existir una cierta presunción de inocencia. Y, sin embargo, no sólo se han ido a la calle, sino que también han tenido, aunque parezca insólito, una indemnización suculenta de parte de esa extraña Comisión de Atención a las Víctimas, tan atenta a indemnizar a criminales liberados, pero no a sus verdaderas víctimas.

El problema es que cuando el 18 de junio próximo entre en vigor el Nuevo Sistema de Justicia Penal en el país, las liberaciones por faltas al debido proceso se van a convertir en una suerte de norma y serán no unas decenas, sino miles los delincuentes que terminarán en la calle. Las faltas al debido proceso son una realidad en un país con un sistema de justicia imperfecto como el nuestro, pero la primera sala de la SCJN se equivoca radicalmente en su interpretación (lo que, también, tiene dividida a la propia Corte sobre el tema) porque al establecer, en una visión ultragarantista, que cualquier falla en el proceso contamina al mismo en su totalidad y lo deja sin efecto, otorgando la libertad inmediata a los delincuentes, lo que está haciendo es crear un mecanismo que los delincuentes ya conocen para quedar, más temprano o más tarde, en libertad, con el consiguiente costo para sus víctimas y para la sociedad toda. Así se está en el peor de los mundos posibles: el de las garantías para los criminales y la falta de justicia para las víctimas.

Ninguna democracia tiene mecanismos similares ante delitos graves: lo que se hace es reponer el proceso o quitar del mismo los elementos aportados en forma irregular. No dejar a los criminales en libertad.

Por cierto, ahora que hablábamos de la Comisión de Atención a las Víctimas, no estaría mal que explicaran por qué ya han entregado 22 millones de pesos a las familias de los muertos en Tlatlaya cuando no existe decisión judicial alguna que asegure que esas personas hayan sido en realidad víctimas y no los victimarios de miles de personas a las que secuestraban, extorsionaban y mataban.

Pero hay otras caras en la justicia. El presidente Enrique Peña Nieto envió al Congreso una iniciativa que legaliza el matrimonio entre personas de un mismo género, como ya lo había establecido en su momento la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es un paso adelante en los derechos humanos y las libertades, más importante aún porque existen fuertes resistencias en un país machista y homofóbico como el nuestro para dar ese paso.

Pero, también, la propia iniciativa es una invitación a quitarse las máscaras para muchos actores políticos. Será particularmente interesante ver cómo asumen los partidos en el Congreso esta iniciativa, quiénes la respaldan y quiénes se oponen, porque recordemos que estamos hablando de una reforma constitucional que requiere, en el Congreso, una mayoría calificada y que, luego, debe ser ratificada por la mitad de los congresos estatales. El PAN, por ejemplo, en la campaña para la Constituyente capitalina, propone, vía Cecilia Romero y respaldada por Ricardo Anaya, dar marcha atrás en el derecho al aborto. ¿Se opondrán también a estas uniones maritales? Lo han hecho en el pasado. López Obrador siempre se opuso a los matrimonios igualitarios durante su gobierno en el DF, ¿cambiará de actitud Morena en el Congreso? El tema no aparece en su programa.

No somos, como se dijo, el segundo país más homofóbico del mundo después de Brasil. Quien lo diga olvida que en la mayoría de las naciones musulmanas la homosexualidad es condenada con la pena de muerte. O que en Rusia, como en otros países, las leyes lisa y llanamente prohíben la homosexualidad. No somos los más homofóbicos, pero la homofobia es real, y es con iniciativas como ésta como se debe ir rompiendo con esa tara social.