Derrame en Sonora: una sanción ejemplar

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Jorge Fernández Menéndez 28/08/2014 01:38
Derrame en Sonora:  una sanción ejemplar

El derrame de 40 mil toneladas de desechos tóxicos, sobre todo sulfato de cobre, a la cuenca el río Sonora, con afectación a más de 24 mil personas, cabezas de ganado, tierras, áreas de riego, pozos de agua, es el mayor desastre ecológico causado por una empresa en México en décadas. El derrame inició en el arroyo Tinajas, afectado en poco más de 17 kilómetros; pasó al río Bacanuchi, en 64 kilómetros; al río Sonora, en 190 kilómetros, y llegó hasta la presa El Molinito, que tiene un almacenaje de 15 millones 400 mil metros cúbicos de capacidad de los cuales el 20% fueron afectados por el derrame.

Si bien, la principal sustancia tóxica derramada en los ríos es el sulfato de cobre, más de mil muestreos analizados en Hermosillo y la Ciudad de México han revelado que también se vertieron al agua: arsénico, aluminio, cadmio, cromo, fierro, manganeso y plomo, tóxicos cuyos niveles están, todos, fuera de las normas.

Grupo México, la empresa minera más grande del país y una de las más importantes en el mundo, es responsable del derrame que contaminó los ríos Bacanuchi y Sonora, y tendrá por ello una multa de 40 millones de pesos, una cantidad que puede ser insignificante por el volumen de sus operaciones. Pero lo importante es que deberá resarcir los daños al medio ambiente y a la salud de la población, más allá de esa multa de 40 millones de pesos. La cifra de los daños será establecida por un juez de Distrito de acuerdo a la estimación de los mismos, que ya está realizando el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, y puede alcanzar a cientos o incluso miles de millones de pesos. Y deberá establecerse a la mayor brevedad posible.

La responsabilidad de Grupo México se acrecienta porque la empresa, como lo confirmó el secretario de Medio Ambiente, Juan José Guerra Abud, primero demoró en informar del accidente, y luego mintió al asegurar que el derrame en la mina de Buenavista del Cobre se debía a “lluvias atípicas” en la zona, ya que se comprobó que la fuga inició por la falla en el amarre de un tubo de polietileno y la falta de una válvula. O sea por negligencia de la empresa. Ya la Comisión Nacional del Agua pudo corroborar, luego de algunas visitas técnicas al lugar, la forma en que se dio el derrame.

Como decíamos, si bien la multa es relativamente pequeña para las operaciones de la empresa, lo importante será establecer un resarcimiento del daño real, efectivo y que implique, también, una advertencia a muchas empresas, que ya operan o que se instalarán en el país a partir de las reformas sobre todo en el terreno energético (gas, petróleo, fracking), con riesgos inherentes en el medio ambiente. De la misma forma en que se debe respaldar y apoyar esas inversiones que son necesarias y útiles, se debe garantizar que las mismas cumplan con todas las normas ambientales que establece la ley.

En estos temas suele haber confusión. De la misma forma que el gobernador Guillermo Padrés siembra confusión cuando dice que las cifras para reparación de daños oscilaría entre 80 y 100 millones de pesos (en realidad esa sería la cifra destinada a paliar los primeros daños y reparaciones), también se genera confusión cuando desde el congreso o ONG se habla de cerrar la mina o retirar la concesión a la empresa. La mina es una de las más importantes del país y su producción interviene en muchos ciclos económicos. Su cierre afectaría a la economía nacional y regional. Nadie ganaría con ello. Lo que se debe sancionar es el daño ocasionado y la sanción, insistimos, más allá de la multa de 40 millones de pesos, debe ser ejemplificadora, sobre todo de cara al futuro.

Es como si después del derrame de petróleo del pozo de British Petroleum en el Golfo de México, hace dos años, se hubiera prohibido la operación de esa empresa británica en la Unión Americana. Lo importante es que se aplicaran las sanciones y se pudiera resarcir el daño ocasionado, que en ese caso fue de cuatro mil 500 millones de dólares por resarcimiento de daños y otros mil 500 millones de dólares de multa.

En esos capítulos debe estar la dureza de la ley. No sirven los sistemas de leyes estrictas que se aplican de forma laxa. Es mucho más útil un sistema laxo que se aplica de forma estricta. Y en este caso, debe ser de la forma más estricta posible.

El hijo de Esparragoza

Resulta desconcertante que no existan elementos para realizarle pruebas genéticas, para confirmar su parentesco, al supuesto hijo de Juan José El Azul Esparragoza, ya que éste estuvo detenido varios años y se supone que está siendo buscado por las autoridades, fuera del hecho de que tiene familiares, etcétera. En todo caso lo más importante en todo esto es confirmar si Esparragoza murió, como dicen sus familiares, o si simplemente se desvaneció en el aire.

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