¿Michoacanazo..? el nombre no importa

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Jorge Fernández Menéndez 05/02/2014 01:34
¿Michoacanazo..?  el nombre no importa

El programa Juntos lo vamos a lograr, presentado ayer por el presidente Peña, en Michoacán, es el más completo e integral que se ha dado, en mucho tiempo, para una entidad asolada por el crimen y la violencia. Decisión política del más alto nivel, una inversión millonaria y políticas muy activas en el terreno social, de inversiones, en infraestructura y en la propia seguridad. Un cóctel que busca equilibrar las lógicas y necesarias opciones de fuerza con un mejoramiento de la calidad de vida que modifique las condiciones que permitieron el surgimiento de la violencia y la inseguridad.

En ese sentido, el programa presentado es inobjetable. El problema es que será necesario un componente adicional del que, obviamente, no se podía hablar ayer: la depuración de la clase política local y una acción persistente y pertinaz para romper culturalmente con un modelo que ha privilegiado durante muchos años la complicidad con los grupos delincuenciales. Si organizaciones como La Familia o Los Templarios han logrado tener tanto éxito en la penetración social en Michoacán, se debe a que cooptaron a una buena parte de la clase política y lograron con ello protección e impunidad, pero también porque hubo sectores de la sociedad que estuvieron dispuestos a tolerarlos y tratar de sacarles provecho.

Decía el lunes el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, que el gobierno no repetirá michoacanazos, utilizando la vía legal para presionar adversarios. Tiene toda la razón, pero el michoacanazo, con todas sus fallas de implementación, fue una respuesta a un fenómeno que ya había dejado de ser embrionario mucho tiempo atrás y que buscó limpiar una clase política que estaba profundamente corrompida por el crimen. No se hizo bien, quizá sobraron algunos nombres y faltaron otros. Quizá faltó también decisión de llevar las cosas realmente hasta el final, tomada aquella opción de impulsar alianzas PAN-PRD en varios estados.

Pero el hecho es que Michoacán necesita un nuevo michoacanazo, como sea que se le quiera llamar e implementar, que no implique, como bien dice Osorio, un camino para debilitar a adversarios políticos, pero que permita que la gente recupere la confianza en la clase política al tiempo que desde el Estado se ponga de manifiesto que no habrá cacería de brujas, pero tampoco impunidad.

Eso es más urgente aún porque en poco más de un año habrá elecciones en Michoacán. Se tendrán que renovar Poderes, incluyendo la gubernatura, y no se puede repetir una elección tan bochornosa como la de 2011, donde las denuncias pernearon a todos los partidos, pero en la cual fue evidente la participación de los grupos criminales, sobre todo en el ámbito municipal, pero también en el estatal. No estamos especulando: allí están las grabaciones de llamadas de narcos con políticos, los testimonios de candidatos que intentaron ser comprados, los que renunciaron a sus candidaturas por temor y hasta el asesinato de algunos alcaldes y aspirantes. La elección michoacana de 2011 fue vergonzosa y los costos altísimos en el descrédito de buena parte de la clase política.

La intervención directa del gobierno federal en Michoacán tiene, además, fecha de caducidad y es precisamente dentro de un año. Para entonces, el proceso electoral local (y el federal) ya habrá comenzado, y en el estado habrá candidatos a gobernador y se estará preparando el escenario para elegir aspirantes a presidentes municipales y legisladores. Para entonces, la intervención federal directa, por lo menos en sus fases cruciales, tendrá que haber quedado atrás. Pero, por eso mismo, antes se debe limpiar a parte de la clase política local: hay responsables y actos de corrupción o protección en la anterior administración local y en la actual. Hay personajes que no deberían estar en sus actuales posiciones. No se trata, insistimos, de una cacería de brujas, pero los testimonios de complicidades (y también de malversaciones) están sobre la mesa desde hace mucho tiempo. No puede volver a repetirse una historia como la de Julio César Godoy, buscado por la PGR, protegido por su partido, llevado a escondidas a San Lázaro a que tomara protesta como diputado, exonerado y prófugo de la justicia, después de gozar del fuero legislativo durante algunos meses. Y casos como el suyo hay muchos.

Le pueden llamar de una forma distinta, pero un programa tan amplio y ambicioso como el que presentó ayer el presidente Peña en Michoacán sólo podrá tener éxito garantizando que las autoridades locales, estatales y municipales, ejecutivas, legislativas o judiciales estén comprometidas con esas políticas y con su gente y no con los criminales.

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