Peña, año I: la inseguridad no se doblega

En la actual administración es verdad que ha mejorado la coordinación entre las fuerzas federales y, también, entre ellas y las estatales.

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Jorge Fernández Menéndez 03/12/2013 01:44
Peña, año I:  la inseguridad no se doblega

“No es normal ni mucho menos aceptable que diariamente se cometan 50 homicidios intencionales, se denuncien cinco secuestros y 21 extorsiones, o bien, les roben con violencia sus pertenencias a 590 personas. Por ello exigimos acciones más contundentes por parte de la autoridad para combatir estos delitos”. Esa es una de las conclusiones del informe sobre la inseguridad en el pasado mes de agosto que acaba de presentar el Observatorio Nacional Ciudadano, la institución civil más importante del país (agrupa a la mayoría de las organizaciones sociales del sector) en el ámbito de la seguridad.

Las cifras de agosto pasado son más que preocupantes: los homicidios aumentaron un 20.53% respecto al mes anterior; el robo con violencia, un 6.66%; el robo de vehículo con violencia, un 7.16%. El secuestro llegó a su máximo histórico: 146 secuestros denunciados sólo en ese mes, casi un 25% más respecto al mismo mes del año pasado. Si se va a evaluar lo realizado en seguridad por la administración Peña Nieto en su primer año de gobierno con base en números, éstos son los más recientes proporcionados por el Observatorio con base en las denuncias presentadas y recabadas por el Sistema Nacional de Seguridad Pública y son desalentadores. La cifra negra, los delitos de este tipo que se cometen, pero no se denuncian, nadie la conoce. A ello habría que agregar la irrupción de las autodefensas en Guerrero y Michoacán, la operación de grupos armados, o recordar que los decomisos de droga se redujeron a la mitad respecto al último año de Felipe Calderón.

Ahí están los números pero, ni antes, ni ahora, se puede juzgar sólo por ellos. En la actual administración es verdad que ha mejorado la coordinación entre las fuerzas federales y, también, entre ellas y las estatales. Es verdad que en varios estados se ha logrado destrabar la negativa a contar con mandos únicos y pareciera que ahora sí va a haber un mayor control presupuestal sobre el tema en estados y municipios. Se quiere poner el acento en aspectos sociales relacionados con la seguridad y se han presupuestado importantes recursos con ese fin. También se busca un respeto mucho más palpable en las acciones de seguridad respecto a los derechos humanos. En este año, las denuncias, por ejemplo, por presuntas violaciones de derechos humanos supuestamente cometidas por militares se redujeron a la mitad del año pasado.

Se pueden hacer cosas nuevas, pero nadie inventa el hilo negro a la hora de establecer estrategias de seguridad. Lo que sí se puede hacer y se supone que es lo que está intentando hacer la actual administración, es contar con nuevas y renovadas políticas al respecto. Y las políticas sí han cambiado en relación al sexenio anterior, aunque hasta el día de hoy, en términos generales, los resultados siguen siendo casi los mismos que en el pasado inmediato. Han mejorado las cosas en Baja California (desde el sexenio anterior), en Chihuahua, en Veracruz, en Tamaulipas, en Nuevo León, en Sinaloa, un poco en Coahuila o Durango, pero han empeorado en forma notable en Michoacán o Guerrero, mientras comienzan a verse muy complejas ciertas zonas del Estado de México, de Guanajuato y de Jalisco, incluso del DF.

Fue un acierto sexenal reincorporar la seguridad pública a Gobernación, pero el área debe tener una autonomía (y autarquía) real aún mayor, porque si no, el tramo de control del secretario del ramo se hace larguísimo. También lo fue dejar de lado la idea original de crear una gendarmería que en los hechos se pensaba que casi podría reemplazar a la Policía Federal. Es una buena decisión que Ejército y Marina puedan trabajar mucho más cerca entre sí. Y por supuesto, que se establezca una relación con los gobernadores de mayor confianza.

Pero se debe trabajar sobre resultados y éstos siguen siendo pobres. Por supuesto que nadie imaginaría resultados inmediatos en este terreno, pero hay dos o tres variables que no pueden seguir esperando: primero, el secuestro, es inconcebible que el número sea hoy el más alto de la historia. Segundo, la extorsión y cobro de piso. Tercero, el robo con violencia, incluyendo el de automóviles. Esos son los tres principales delitos que lastiman a la ciudadanía y con base en los cuales se calificará a la administración Peña, no cuando concluya su mandato, sino en un futuro muy próximo, porque esa inseguridad, la que generan esos delitos, es la que más lastima y la que puede cohibir desde el apoyo social y político, hasta ciertas inversiones.

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