Uno de cada mil mexicanos, secuestrado

La cifra se dice fácil pero entraña un drama monumental: en 2012 hubo 105 mil secuestros, lo que quiere decir que hubo unos 288 secuestros cada día: algunos prolongados, de meses, otros exprés, de horas. Muchos terminaron con las víctimas desaparecidas para siempre, se haya o no pagado el rescate, otros han dejado huellas indelebles en ellas y en sus familias. Todos han lastimado el patrimonio, la confianza, la vida de las familias mexicanas. No tenemos aún las cifras de 2013 y quizás ha habido cambios, pero de ninguna forma son, no pueden serlo, dramáticos. Esa cifra de secuestros constituye el más doloroso trance de la inseguridad que vive nuestro país, mucho más que los otros tipos de violencia, incluso más que los ajustes de cuentas o las extorsiones.

Lo increíble es que no haya un estallido social en una sociedad que carga con un lastre de esa magnitud. No nos equivoquemos, estamos diciendo que el año pasado, según cifras del INEGI, uno de cada mil mexicanos fue secuestrado, pero contrasta más con otra cifra: de esos 105 mil secuestros, sólo se radicaron mil 137 denuncias y, de éstas, poco más de 60% terminaron en una averiguación previa. No tenemos las cifras de personajes realmente castigados por este delito, pero si se mantiene el promedio de los años anteriores, no alcanzan a 4% de todos los denunciados (una cifra inmensamente menor que los efectivamente realizados).

¿Por qué crece año con año el número de secuestros? Las razones son muchas, pero se resumen en esos datos. Crecen por el mal que más aqueja a nuestro país, que es la impunidad y, de la mano con ella, la corrupción. Ayer mismo nos enterábamos de que en un sonado caso de un secuestro de un ciudadano colombiano en la Ciudad de México intervinieron policías capitalinos, como también lo hicieron en el secuestro y asesinato de 12 jóvenes en el bar Heaven, en el contexto de una venganza entre grupos de narcomenudistas donde también participan esos policías. También ayer, en Reynosa, fueron liberadas 73 personas que estaban secuestradas en un rancho a la espera de que sus familias pagaran rescate: la mayoría eran migrantes; algunos llevaban unos pocos días secuestrados, otros tenían hasta cuatro meses sojuzgados.

La corrupción y la exigencia de impunidad no es sólo de fuerzas de seguridad involucradas con criminales, sino también parte de una enfermedad política que nos aqueja. Cada día que los grupos de la Coordinadora y la Sección 22 se movilizan, piden, en su larga lista de demandas (que se suele transformar también en una exigencia de impunidad laboral), la liberación de sus dirigentes presos por el secuestro de dos niños en Oaxaca, mantenidos además en crueles condiciones de reclusión durante cuatro meses. Esos dirigentes magisteriales y de grupos políticos radicales están confesos, fueron detenidos en el lugar de los hechos, han sido reconocidos por sus víctimas y por los sistemas de reconocimiento de voz al demandar rescates. Y están involucrados algunos de ellos en por lo menos otros dos secuestros. Y sin embargo se demanda políticamente su liberación. No la descarte usted; hace ya algunos años los secuestradores del empresario Alfredo Harp Helú (y de varias otras personas) fueron liberados en una generosa amnistía aplicada en Oaxaca por el entonces gobernador José Murat, precisamente para llevar la fiesta en paz con estos mismos grupos.

Pero todo se concentra en un tema: si cometer un secuestro implica un margen de riesgo de apenas 2% a 4% de posibilidades de ser castigado por ese crimen, se torna atractivo para cualquier delincuente recurrir a él, sea para obtener dinero rápido o como parte de estrategias criminales o políticas de largo plazo. Esa es la razón por la cual no se puede disminuir drásticamente el número de secuestros. Es verdad que existen unidades especializadas sobre todo en la Policía Federal (que incluso en los últimos meses han cambiado su forma de operación contra ese delito), pero la clave sigue siendo su combate en el ámbito local, por las policías locales y, de la mano con ello, la denuncia: si sólo se denuncia 1% de todos los secuestros que se efectúan, es muy difíciles combatirlos y no se denuncian porque la gente sabe o percibe que esas fuerzas locales están coludidas con los delincuentes. Ahí reside el verdadero huevo de la serpiente de la inseguridad nacional.