Ausencia de proyectos

Están por concluir las campañas presidenciales en dos semanas más y considero que, tanto la coalición gobernante como la alianza opositora, le han quedado a deber al electorado y a la sociedad mexicana en general, un plan detallado de sus propuestas de gobierno, eso que algunos llaman proyecto de nación.

En principio de cuentas, no deben confundirse las largas listas de propuestas simples que ha hecho una u otra campaña. Algo hay de información allí, pero ambas eluden muy importantes detalles. Hay dos opciones frente al electorado, incluso bajo una fuerte polarización, pero hacen falta odiosos detalles.

La coalición gobernante ha realizado una propuesta genérica de continuidad. Confiados en su ventaja en encuestas, y quizá también en la propia demagogia con que han justificado muchas de sus políticas públicas a lo largo del sexenio es posible que no sientan mayor presión para elaborar con mayor abundamiento sobre cómo podría llevarse a cabo eso que llaman “el segundo piso de la transformación”.

Basten dos ejemplos. Si la propuesta implica construir o fortalecer un estado de bienestar en México, es decir -–algo más que transferencias directas, por así decirlo–, hace falta una discusión sobre reforma fiscal, la incidencia del gasto público, así como las fuentes de financiamiento que harían sustentables en el largo plazo el cúmulo de transferencias que se prometen.

Si la propuesta oficialista trata de construir o fortalecer derechos sociales, hace falta una discusión seria sobre como reconstruir las muchas capacidades del Estado que se han visto afectadas a lo largo del sexenio ya sea en materia de combate a la corrupción, en seguridad, educación o salud, entre otras.

Si el oficialismo propone construir un “verdadero Estado de derecho” al mismo tiempo que defiende airadamente debilitar la Ley de Amparo, la prisión preventiva oficiosa, una mayor militarización de la seguridad y las obras públicas, o bien desaparecer al Inai, entonces luce difícil que la transformación sea muy prometedora.

Si se abrazan las iniciativas presidenciales para debilitar al Poder Judicial, y descabezar al instituto y tribunales electorales, pero nunca se dilucida cómo estas reformas pueden fortalecer la democracia constitucional o la rendición de cuentas en México, la propuesta de continuidad luce muy arriesgada: no hace falta desmantelar una democracia constitucional para abatir la pobreza y la desigualdad.

Por su parte, la coalición opositora nos ha quedado a deber un proyecto más detallado sobre cómo piensan reconstruir lo mucho que se ha destruido, como fortalecer lo que sobrevive, y algo acaso más importante aún: cómo evitar que los abusos del pasado reciente o remoto vuelvan a repetirse.

No basta prometer la continuidad de un gobierno que ha dado malos resultados en tantas áreas. Al parecer, pesa demasiado que el Presidente saliente no sea muy tolerante con quienes no comparten su optimismo por sus logros.

Por otro lado, tampoco basta con prometer sacar del poder a un mal gobierno, aunque el argumento no debería ser tan difícil de hacer. Es claro que, si el oficialismo plantea una concentración del poder no vista en décadas y desmantelar contrapesos clave de la joven democracia mexicana, no debería ser tan difícil construir un proyecto o propuesta alternativa que apueste por fortalecerla en vez de desmantelarla.

Un gran problema de muchas democracias latinoamericanas es que, si no se fortalecen las capacidades estatales para proveer un Estado de derecho, seguridad, así como bienes y servicios públicos básicos, es muy difícil que tales democracias se fortalezcan o consoliden. Al mismo tiempo, sin democracia y sin elecciones libres y justas, se antoja difícil que la rendición de cuentas electoral produzca gobiernos de mejor calidad.

Con esta información limitada que han ofrecido las campañas durante estos últimos meses, el electorado tendrá que tomar una decisión frente a las boletas electorales que tendrán en sus manos este 2 de junio.