Uno por ciento

Esta semana concluyó el periodo para registrarse ante el INE como aspirante a alguna candidatura independiente para algún cargo federal: ya sea presidente, diputación o senaduría. En las próximas semanas ocurrirá lo mismo para cargos locales.

El derecho a ser votado mediante la figura de candidatura independiente (es decir, sin el aval explícito de algún partido político) es un derecho constitucional obtenido apenas en agosto de 2012. Por ello, en 2018 tendremos las primeras elecciones con candidaturas independientes para la Presidencia o el Senado (para diputaciones se estrenaron en 2015).

La primera y quizá más costosa aduana de cualquier aspirante será recabar el apoyo de un importante número de ciudadanos: uno por ciento de la lista nominal nacional para aspirar a la Presidencia, 2% de la lista estatal o distrital para aspirar a alguna de las Cámaras. En contraste, considere que para formar un nuevo partido político se requieren, entre otras cosas, de 0.26% del padrón nacional.

Estos apoyos no son simples clics en alguna página de internet, sino apoyos con nombre, firma y copia de la credencial de elector de cada ciudadano(a) en plazos reducidos: 120 días para presidente, 90 para el Senado, 60 para San Lázaro. En este periodo, las y los aspirantes no pueden incurrir en actos de campaña ni pueden contratar propaganda en radio o televisión —esta es prerrogativa exclusiva de los partidos políticos y quienes eventualmente consigan el registro a alguna candidatura—.

Muy pocos lo lograrán. De entre ellos, la segunda aduana será conseguir el triunfo en su contienda. Muy pocos lo lograrán. De entre ellos, aún está por verse si lograrán hacer una diferencia en un sistema dominado por cúpulas e intereses partidistas.

Al cierre de este texto, 39 aspirantes a candidato(a) independiente se han apuntado para buscar la presidencia, 21 para el senado y 241 para la Cámara baja. Estimo que, dados los costos implícitos en recabar miles de apoyos, las y los aspirantes a cargos legislativos tendrán mejor suerte que los suspirantes presidenciales.

¿Qué motiva a una ciudadana a buscar un cargo de elección popular por esta costosa vía? ¿Por qué alguien gastaría tiempo, dinero y esfuerzo en buscar una candidatura que quizás acabe siendo meramente testimonial? Son preguntas válidas que sin duda debemos hacer a cualquiera de los aspirantes. Hay quienes sospechan que algunos partidos políticos impulsan ciertas candidaturas con el fin estratégico de fragmentar el voto. Puede ser.

Sin embargo, puede ser relativamente injusto cuestionar a estos aspirantes con un rasero distinto al que aplicamos a las y los aspirantes partidistas. Considere, por ejemplo, que por lo menos siete de cada diez candidaturas partidistas también son testimoniales: la mayoría de las contiendas de mayoría relativa son elecciones entre dos punteros. Por la misma razón, muchos de los sufragios depositados en las urnas también son testimoniales: si usted no vota por la primera o segunda fuerza de cierta contienda, su voto no tendrá un impacto en el resultado.

Yo tendría cuidado en cuestionar los motivos detrás de quienes buscan ejercer sus derechos políticos, por la simple razón de que no me gustaría que cuestionaran mis motivos cuando voto o cuando apoyo o no cualquier causa política.

Hay quienes temen a la fragmentación del voto que puede ocurrir si demasiados aspirantes logran llegar a la boleta electoral en 2018. Y también hay quienes apuestan por ello como una forma de mantener el poder a pesar de su mal desempeño. Para fortalecer nuestra democracia, hacen falta más y mejores candidaturas, no menos, junto con más votos y apoyos razonados, no menos.