Terremotos y desastres

Hace cuatro años, en esta misma columna, comentaba algunos aspectos económicos y políticos de los desastres naturales. En aquel septiembre de 2013, el huracán Manuel había golpeado al estado de Guerrero causando graves pérdidas humanas y económicas. Tras aquella desgracia, se aprobaron recursos extraordinarios para la reconstrucción y el Presidente visitó numerosas veces la entidad —quizás para demostrar cuánto le preocupaba el asunto y el bienestar de los guerrerenses—. Un año más tarde, tras la tragedia de Ayotzinapa, el Presidente dejaría de visitar Guerrero.

El 7 de septiembre pasado, un terremoto de gran intensidad sacudió al Istmo de la República Mexicana. El sismo cobró numerosas vidas humanas y causó cuantiosos daños económicos y patrimoniales a cientos de miles de hogares de Oaxaca y Chiapas. El Presidente, quien no había visitado Oaxaca más que dos o tres veces durante su administración, tuvo que volver a ir. Por otro lado, a Chiapas sí había ido en varias ocasiones ya. Por desgracia, las visitas presidenciales —o el color rojo o verde del chaleco de los gobernadores— no salvan vidas ni implican una mejor respuesta ante un desastre natural ni implican una mejor infraestructura o mejores políticas públicas de prevención. Importa mucho más, eso sí, todo lo que se hace o deja de hacer antes o después de un desastre.

El gobierno no puede impedir que ocurran desastres naturales. Lo que sí puede hacer es prevenir o mitigar los daños de eventuales desastres. Es un hecho que no se puede predecir la ubicación y fecha precisa de un terremoto.

Lo que sí es bastante predecible es identificar las zonas más susceptibles a sismos, o bien aquellas con características o infraestructura vulnerables ante un sismo.

Los potenciales daños de un desastre natural también son relativamente predecibles. Éstos dependen de la magnitud del desastre, de la riqueza y densidad poblacional del área afectada, y de la calidad de la infraestructura disponible para paliar sus efectos.

No ocurren más desastres naturales en países relativamente pobres que ricos. Sin embargo, el número de víctimas tiende a ser mucho mayor en los países menos desarrollados. Al mismo tiempo, los desastres naturales causan menos víctimas en los países con gobiernos relativamente más democráticos que en los regímenes autoritarios: la calidad de los gobiernos influye en la magnitud de los daños.

Los desastres naturales tienen impactos regresivos: lastiman más a las familias y hogares que menos recursos tienen. Los hogares más ricos pueden evacuar más rápido si cuentan con alertas oportunas, pueden asegurar su patrimonio de uno u otro modo, o bien pueden reparar los daños sufridos más fácilmente.

Las respuestas gubernamentales también pueden ser regresivas si tienden a ser más expeditas en las zonas más privilegiadas económicamente. La tragedia de los desastres naturales es doble o triple: por un lado exacerban las desigualdades subyacentes y por otro ponen de relieve las limitantes e incapacidades de las respuestas del Estado.

La respuesta solidaria y compasiva de la sociedad también refleja otros problemas. Muchas personas quieren ayudar a las víctimas con bienes, dinero o voluntariado. Otra tragedia consiste en que muy pocas personas confían en que el gobierno sea el mejor conducto para hacer llegar sus donativos a quienes más lo necesitan. Y cuando recurren a organizaciones no gubernamentales, lo hacen con cierta desconfianza o información limitada.

Los malos gobiernos —la corrupción, el desvío de recursos públicos, la política social clientelar, y la desconfianza inducida por ellos— cuestan vidas.