Corrupción sistémica

Al parecer, ni el gobierno federal ni la mayoría de nuestros legisladores quieren que avance el Sistema Nacional Anticorrupción. Para comenzar, vale la pena refrescar la memoria un poco: el primer compromiso de campaña de Enrique Peña Nieto, en aquel lejano 30 de marzo de 2012, fue la creación de una Comisión Nacional Anticorrupción. Uno podría suponer que había un diagnóstico atinado sobre la pertinencia del tema ante los ojos del electorado.

Pasadas las elecciones presidenciales, durante los tiempos del Pacto por México, el combate a la corrupción se volvió el compromiso número 85. Se aprobaron sendas reformas estructurales: la educativa, la energética, la fiscal, la de telecomunicaciones y un largo etcétera. El tema fue relegado a un segundo plano hasta finales de mayo de 2015 cuando, pocos días antes de las elecciones federales, se promulgó la reforma constitucional que daría origen al Sistema Nacional Anticorrupción. Aquel decreto de reforma otorgaba un plazo de un año para que se expidieran una serie de leyes generales del sistema. El plazo venció y llegamos a las elecciones locales de 2016 sin leyes generales: “No estaban dadas las condiciones”, se dijo. Conocido el resultado electoral, en el que el PRI perdió importantes gubernaturas, el 18 de julio de 2016 finalmente se promulgaron las leyes del Sistema Nacional Anticorrupción.

El año pasado, el Senado designó una Comisión de nueve personas para seleccionar a los cinco integrantes del Comité de Participación Ciudadana, pieza fundamental del Sistema puesto que dará voz y voto a la sociedad civil. Aunque este Comité ya ha rendido protesta, el sistema no está completo aún. El Senado se ha encargado de retrasar una y otra vez la designación del fiscal Anticorrupción, así como la de 18 magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa.

Antes del 4 de junio, se dijo que “no estaban dadas las condiciones” para hacer estas designaciones puesto que entorpecerían el importante proceso electoral en marcha en cuatro entidades. Las elecciones han pasado ya, con los resultados que todos conocimos, y ahora los senadores nos dicen que todavía “no están dadas las condiciones” para un periodo extraordinario, puesto que hay que esperar a que los tribunales electorales resuelvan el caudal de impugnaciones.

Hoy que estamos a menos de diez días de que se venza otro plazo fatal de la ley —el Sistema debe estar completo el 18 de julio próximo— diversas voces en el Senado mismo dicen tener dudas sobre el proceso de designación de los cuerpos colegiados que ellos mismos aprobaron unos meses atrás.

El mensaje es doblemente claro. En primer lugar, es evidente que a lo largo de este sexenio y en dos legislaturas consecutivas se ha hecho todo lo posible por retrasar, bloquear y torpedear la construcción de un importante mecanismo institucional para combatir la corrupción y la impunidad en México. No sólo se ha retrasado la promulgación de leyes y se han incumplido plazos, sino que además se ha debilitado la letra misma de la legislación en cada iteración del proceso legislativo.

El segundo mensaje es igual de claro y preocupante. No sólo se ha retrasado la designación de importantes funcionarios, incumpliendo otra vez plazos de ley —cosa a la que ya estamos acostumbrados—, sino que también se ha desatado también una andanada para torpedear y debilitar al Comité de Participación Ciudadana, incluso antes de que éste pueda actuar en un sentido u otro. Nunca “estarán dadas las condiciones” para que el gobierno tome acciones concretas para vigilarse a sí mismo. Se le tiene que empujar. Hay que seguir empujando.