¿Mejores árbitros o mejores leyes?
El INE tiene la elección más complicada de su historia, porque la reforma electoral le obliga a más funciones de las que estaba acostumbrado.
Está en marcha la convocatoria para renovar a tres consejeros (as) electorales del Instituto Nacional Electoral. Hasta el día de ayer había 152 aspirantes registrados, 43 mujeres y 109 hombres. Un comité técnico de evaluación, designado para esta convocatoria, tiene hasta el 13 de marzo para integrar tres listas de cinco nombres cada una. El pleno de la Cámara de Diputados y Diputadas tiene hasta el 4 de abril para elegir, por mayoría calificada, a las tres personas designadas.
Al igual que antes, preocupa si predominarán los criterios partidistas por encima de la capacidad, la experiencia profesional o la imparcialidad. Hay quienes dicen que no hay de otra: árbitros elegidos por un Congreso multipartidista necesariamente deberán ser seudopartidistas. ¿Será? En una comisión legislativa, la fragmentación política es natural y hasta deseable. ¿Debemos esperar lo mismo de un cuerpo colegiado como una Corte, un Tribunal o un Consejo General? A falta de consejeros y consejeras angelicales, lo mínimamente deseable sería lograr o mantener un Consejo suficientemente plural y calificado.
Me preocupan, sin embargo, algunas cuestiones que van más allá de la identidad de las consejeras y consejeros. Vayamos por partes. ¿Qué tan sólidas son nuestras instituciones electorales? El Consejo General del IFE/INE fue desintegrado parcial o totalmente en 2008 y, una vez más, en 2014. En otras ocasiones ha tenido que trabajar sin todos sus integrantes. Si la permanencia del actual Consejo depende del resultado de la siguiente elección presidencial, o de una nueva reforma electoral, ¿cuánta autonomía tiene en realidad?
¿Necesitamos mejores leyes o mejores árbitros? Supongamos sin conceder que contamos con un proceso de selección que permita identificar a las personas idóneas para integrar el Consejo General del INE. ¿Cómo debería proceder un (a) consejero (a) ante una legislación electoral contradictoria o accidentada, por así decirlo? Si obedeciera en sentido estricto a las leyes vigentes, tendría que sancionar e intervenir en cada instante de los procesos electorales: vigilar cada posible acto anticipado de campaña, revisar cada spot o entrevista, fiscalizar cada mitin y, en su caso, anular muchas elecciones.
Por otro lado, si obedeciera una especie de sentido común más allá de la letra estricta de las leyes, es posible que no quisiera sancionar a cada partido a cada instante, sino que se abocara a administrar los aspectos más importantes del proceso electoral y vigilar las violaciones más graves a la ley. Pero si hiciera eso, los tribunales le recordarían que su papel no es interpretar la ley, sino aplicarla a secas. Y quienes no estuvieran conformes con sus actuaciones, le acusarían de parcialidad y de aplicar la ley sólo a conveniencia.
Nadie está obligado a lo imposible. El Instituto Nacional Electoral electoral tiene frente a sí la elección más complicada de su historia. No sólo porque las elecciones presidenciales son complicadas en sí mismas, sino porque la última reforma electoral le obliga a realizar muchas más funciones de las que estaba acostumbrado a realizar el Instituto. Ahora le toca organizar la mayor parte de los procesos electorales locales y federales. Esto implica, por ejemplo, contar con casillas únicas en prácticamente todo el país. Difícil, pero no imposible. En varios estados, en 2018 habrá reelección legislativa y municipal, pero no existe el marco legal necesario para hacerlo. ¿Quién vigilará o fiscalizará a los congresos locales y presidentes municipales? Las malas leyes pueden lastimar hasta a los mejores árbitros.