Desilusión fiscal
Por fortuna, ha terminado ya el malhadado 2016, plagado de malas noticias para muchos. Por desgracia, 2017 no luce muy distinto que digamos. El gobierno federal prometió que, gracias a las reformas estructurales aprobadas al inicio del sexenio, la economía crecería y los ...
Por fortuna, ha terminado ya el malhadado 2016, plagado de malas noticias para muchos. Por desgracia, 2017 no luce muy distinto que digamos. El gobierno federal prometió que, gracias a las reformas estructurales aprobadas al inicio del sexenio, la economía crecería y los hogares mexicanos disfrutarían, entre otras cosas, de energía más barata. También prometió que, tras la Reforma Fiscal de 2013, los impuestos no volverían a aumentar. En enero de 2015, el gobierno federal prometió que se acabarían los gasolinazos. Hoy sabemos que ninguna de esas promesas podrá cumplirse.
El precio de las gasolinas es un tema económica y políticamente sensible. Se trata de un precio clave de la cadena productiva en general —después de todo, ésta era una razón para justificar el monopolio público de Pemex— y también es parte del gasto de las clases medias y altas. El secretario de Hacienda de Felipe Calderón y el de Enrique Peña Nieto lo saben bien porque son la misma persona.
¿Por qué tiene que subir el precio de la gasolina? Hoy, el precio internacional del petróleo y las gasolinas es menor que cuando se aprobó la Reforma Energética. Sin embargo, el tipo de cambio es mucho peor y los precios de los hidrocarburos han comenzado a recuperarse en los últimos meses. Hoy por hoy, la gasolina no se subsidia en México —como sí se hizo durante algunos años del sexenio pasado—, pero mantener sin cambio su precio implicaría un esfuerzo fiscal que, en efecto, subsidiaría relativamente más a los hogares más ricos.
¿Por qué el gobierno actual ha decidido aumentar un precio que el gobierno anterior había decidido subsidiar? Para decirlo en breve: porque se ha quedado sin opciones. Cuando los precios del petróleo eran históricamente elevados, la renta petrolera alcanzaba para subsidiar el consumo de gasolinas. Fue un subsidio regresivo y socialmente costoso. Hoy, que los precios del petróleo son bajos y nuestra moneda se ha devaluado —hecho que nos ha empobrecido en general—, el gobierno ha reemplazado renta petrolera por impuestos a gasolinas. Hoy no hay recursos disponibles para subsidiar la gasolina.
¿De verdad no hay alternativas? En el corto plazo, muy pocas: elevar otros impuestos o reducir el gasto. Por desgracia, la política fiscal no puede cambiar tan rápido. Quienes aprobaron el paquete fiscal de 2017 conociendo la incertidumbre que se ceñía sobre el país actuaron irresponsablemente, por decir lo menos. Quienes no implementaron los recortes presupuestales anunciados en años pasados, también. Quienes no han hecho más eficiente el gasto público, también. Ante la emergencia, uno de los pocos instrumentos disponibles para el gobierno son los impuestos a las gasolinas.
¿Por qué la Reforma Energética no ha producido los resultados anunciados o esperados por sus promotores? Porque fue aprobada demasiado tarde. De haberse aprobado diez o 20 años atrás, la historia pudo haber sido distinta. Pudo haber existido un boom petrolero distinto. Pudo haber llegado más inversión extranjera. Pudimos haber llegado menos vulnerables ante el gobierno de Trump. Quienes pospusieron o bloquearon las llevadas y traídas “reformas estructurales que el país necesita”, también actuaron irresponsablemente.
No es la primera vez que nuestros gobiernos nos mienten o incumplen sus promesas. La renta petrolera produjo una especie de ilusión fiscal: que podíamos consumir bienes y servicios públicos sin pagar su verdadero costo. Quizá por ello el llamado gasolinazo ha producido tal desilusión y desengaño. Con suerte, la vigilancia y exigencia pública sobre la calidad del gasto público y los impuestos deberán ser mayores.
