Designaciones públicas

El 20 de octubre pasado, el pleno del Senado designó a la nueva integración de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. El nombramiento de las siete magistraturas fue aprobado con 93 votos a favor (72% de la Cámara), sólo cinco en contra y una abstención.

El 26 de octubre pasado, el Senado ratificó el nombramiento de Raúl Cervantes como procurador General de la República. El Presidente propuso su nombramiento apenas un día antes y éste fue aprobado con 81 votos a favor, sólo tres en contra y una abstención.

Al día siguiente, la misma Cámara aprobó ampliar el plazo de cuatro magistrados electorales designados una semana antes. Esta reforma por demás extraña fue aprobada con sólo 68 votos a favor, 17 en contra y ninguna abstención.

Considerando que en el Senado los partidos de oposición tienen la misma fuerza que los de la coalición gobernante, ¿cómo pueden interpretarse estas tres votaciones? Una primera reacción es que, al parecer, cuando el pleno del Senado quiere hacer designaciones de prisa, oposición y gobierno se pueden poner de acuerdo fácil y rápido. Y que cuando quieren modificar sus propias designaciones, también se ponen de acuerdo—ya no tan fácil, pero sí igual de rápido—.

A propios y extraños les ha llamado la atención el apoyo de la oposición para la designación en la PGR —la futura Fiscalía General de la República que, se nos dice, ahora sí tendrá autonomía del Ejecutivo— de alguien tan cercano al Presidente en turno. Vistas en conjunto quizá haya menos misterio: es posible que la designación de la PGR haya sido negociada de manera conjunta con las siete magistraturas del TEPJF. ¿Será?

La reforma electoral de 2008 ordenó que la nueva integración del TEPJF fuera escalonada: es decir, con designaciones por tres, seis y nueve años (algo similar ocurre con el Consejo General del INE, por cierto). El proceso de designación, realizado entre la Suprema Corte y el Senado, concluyó el 20 de octubre pasado.

Un segundo misterio —porque las negociaciones en los pasillos del congreso son poco observables— es la ampliación del plazo de cuatro magistrados electorales con nombre y apellido. Dejemos de lado el espinoso asunto de si es legal o no enmendar un artículo transitorio después de que éste ha surtido efecto. Dejemos de lado lo inusual que resulta modificar una ley federal para beneficiar exclusivamente a cuatro personas en lo particular: ¿acaso se trata de una ley privativa?

¿Por qué le interesaría a una mayoría simple del Senado ampliar los plazos de dos magistrados de tres a siete años y a dos más de seis a ocho? Consideremos el calendario electoral federal y hagamos un pequeño ejercicio de prospectiva. Los plazos originales implicaban renovar a cuatro de siete magistraturas entre 2019 y 2022. De aprobarse en la cámara revisora, los plazos ampliados implican renovar las siete magistraturas entre 2023 y 2025.

Los siete máximos árbitros electorales son designados por el Senado a partir de una propuesta de la Suprema Corte. Pues bien, los senadores de hoy han decidido que los senadores electos en 2018 sólo podrán renovar a dos magistraturas en 2023, mientras que los electos en 2024 podrán renovar a cinco. ¿Qué bancadas partidistas tendrían mayor interés en apoyar una medida como esta? Fácil: aquellas que desde hoy puedan anticipar tener menor fuerza en el Congreso elegido en 2018.

La renovación escalonada de cargos públicos tiene diversas virtudes. Modificar estratégicamente los plazos de estas designaciones pone en evidencia el escaso compromiso de la clase política con árbitros imparciales e independientes.