Recorte presupuestal

El 8 de septiembre pasado, el nuevo secretario de Hacienda entregó en San Lázaro el así llamado Paquete Económico para 2017, el cual consiste en tres documentos clave: un proyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación, una iniciativa de Ley de Ingresos, así como los Criterios Generales de Política Económica.

Los criterios generales delinean las expectativas del gobierno federal sobre las principales variables macroeconómicas para el próximo año, tales como el crecimiento esperado del PIB, el precio del petróleo, el tipo de cambio y el nivel de endeudamiento, entre otros. A partir de estos supuestos se pueden estimar tanto los ingresos como los egresos de 2017.

La Ley de Ingresos deberá ser aprobada por ambas Cámaras del Congreso a más tardar el 31 de octubre, mientras que el Presupuesto de Egresos —facultad exclusiva de la Cámara baja—, deberá ser aprobado a más tardar el 15 de noviembre.

El paquete para 2017 es más conservador que el del presente año. Se pronostica un crecimiento del PIB de entre 2 y 3 puntos porcentuales, mientras que la expectativa inicial para este año fue de entre 2.6 y 3.6. En los últimos años, este pronóstico ha tenido que revisarse a la baja. Por otro lado, el paquete supone un superávit primario para 2017, mientras que los criterios para este año previeron un déficit de medio punto porcentual respecto al PIB. Quizás el aspecto más relevante del nuevo Paquete Económico sea la magnitud del recorte en el gasto público. El proyecto presupuestal implica un recorte de 239.7 mil millones de pesos respecto al presupuesto aprobado para 2016, equivalentes a una reducción de 5% en términos nominales y de 1.7% en términos reales. Este recorte es mayor a la suma de los dos recortes anunciados a lo largo de 2016: el primero por 132.3 mmdp, anunciado en febrero, y el segundo por 31 mmdp, anunciado en junio pasado.

Mantener un presupuesto, inclusive en los mismos niveles del presente año, representa un esfuerzo fiscal y recaudatorio importante, toda vez que los ingresos petroleros como proporción del PIB han disminuido en los últimos años: éstos pasaron de un 8.9% del PIB en 2012 a un estimado de 4.2% para 2016. Si los ingresos petroleros decrecen, la única forma de mantener constante el gasto es mediante un mayor esfuerzo recaudatorio o un mayor endeudamiento: los ingresos tributarios han pasado de 8.4% del PIB en 2012 a un estimado de 13.5% en 2016.

Como hemos comentado en otras ocasiones, los gobiernos de una democracia representativa no siempre cuentan con los mejores incentivos para hacer un uso racional y eficiente del gasto público: en general es políticamente más sencillo endeudarse que cobrar más impuestos. En general, es más fácil gastar en programas que cultiven clientelas electorales que en programas de amplio espectro.

El recorte presupuestal obligará a la Cámara de Diputados a revelar sus preferencias sobre qué rubros y partidas de gasto merecen ser recortadas y cuáles no tanto: gasto corriente, gasto de inversión, burocracia, programas sociales, etcétera. Idealmente, deberían recortarse los rubros con menor rentabilidad o impacto social. Por desgracia, algunos beneficiarios del gasto público están políticamente mejor organizados que otros, mientras que otros son relativamente más vulnerables.

Por último, el mayor esfuerzo recaudatorio, necesario como lo es, también tiene consecuencias políticas. ¿Dónde se esforzará más el gobierno federal? ¿En la recaudación de impuestos sobre la renta, en la del IVA o en los precios de gasolinas? ¿Quién vigilará la incidencia del recorte presupuestal?