Tragedia de los comunes

Esta semana, los habitantes de la Ciudad de México tuvimos tres días de contingencia ambiental consecutivos, un hecho sin precedente en años recientes. La notoriamente deteriorada calidad del aire y las medidas de emergencia implementadas desataron un saludable debate sobre las posibles medidas remediales para, entre otras cosas, reducir el número de coches en circulación. En esta columna me ocuparé del problema desde un punto de vista político.

Los problemas de congestión y contaminación ambiental pueden analizarse como un problema de acción colectiva conocido en ciencias sociales como la “tragedia de los comunes”: ésta ocurre cuando existe una demanda irrestricta o libre acceso a un recurso finito, mismo que puede desaparecer debido a su sobreexplotación. Cuando muchas personas pueden tener acceso o explotar cierto recurso, tienen incentivos (egoístas) para maximizar sus ganancias a nivel individual sin considerar las consecuencias o costos que esto implique para los demás. El ritmo con que este recurso se agotará depende del número de consumidores o usuarios, de cuánto lo explote o consuma cada uno y, finalmente, de si el recurso puede renovarse o no.  Para decirlo en breve, los “recursos de uso común” ofrecen la oportunidad de privatizar ganancias inmediatas y socializar costos.

La sobreexplotación de recursos de uso común implica que ciertas personas impongan una “externalidad” (un daño a terceros, por así decirlo) a los demás. El remedio, dicho en breve, es hacer que las personas interioricen o consideren los costos sociales de sus decisiones individuales. Esto, por desgracia, es más fácil decirlo que hacerlo.

¿Cómo puede impedirse entonces la tragedia de los comunes? La opción más difícil es que un buen día todos devengamos en ángeles y dejemos de ser egoístas. Otra alternativa es privatizar los recursos de uso común, de modo que los propietarios los exploten o administren de manera más racional. Pero esto no siempre es posible: podemos cobrar cuotas para descongestionar una carretera, pero no podemos privatizar un río ni el aire respirable, por ejemplo. Otra posible solución es la regulación o intervención gubernamental vía impuestos, cuotas o permisos. Y una tercera solución, analizada por la Premio Nobel de Economía, Elinor Ostrom, son distintos arreglos colectivos a nivel local (léase no gubernamentales) que, si bien no privatizan del todo el recurso, sí penalizan su sobreexplotación.

Dicho esto, volvamos a los coches. Quienes poseen un automóvil sólo pagan una parte de los costos de usarlo: gasolina, tenencia, servicios, mantenimiento, etcétera. Pero sólo pagan una parte mínima de los costos sociales de hacerlo: congestionamiento (“no te quejes del tráfico, tú eres el tráfico”) y contaminación. En principio, las vías de cuota, la tenencia y la verificación de emisiones podrían ayudar a paliar tales costos sociales. En la práctica, la evidencia de la Ciudad de México sugiere que tales remedios han sido insuficientes.

Aunque las y los automovilistas son una minoría de la población, tienen más poder político que las mayorías porque las clases medias y altas tienden a ser más decisivas para ganar elecciones que las clases bajas (otra tragedia de la acción colectiva, por cierto). Y nuestros políticos lo saben. Quizá por ello el gobierno federal permitió hace algunos años reducir o eliminar la tenencia —medida que los gobernadores de inmediato adoptaron—. Desde su punto de vista, el rendimiento electoral de abaratar el uso de los automóviles era mucho mayor que el costo social diluido entre toda la población sin coche. ¿Quién será el primer político en atreverse a bajar a los votantes de sus coches?