¿Otra reforma? Sí

Dos de las principales sorpresas de las más recientes elecciones fueron, sin duda, el sorprendente éxito de algunos candidatos independientes y, por otro lado, el avance de muchas mujeres en cargos de elección popular a nivel federal y local. Durante años, unos y otras tuvieron todo en su contra, comenzando por el acceso a la boleta electoral. El papel del Tribunal Electoral ha sido y será fundamental en el futuro de ambas figuras. Veamos por qué.

A pesar de sólo haber conseguido un puñado de triunfos —un gobernador, un diputado federal, un diputado local y unas cuantas alcaldías—, los líderes de los partidos políticos perciben ya a las candidaturas independientes como una amenaza real a dos de sus tradicionales fuentes de poder: el acceso a la boleta electoral y el control centralizado del financiamiento público para gastos de campaña.

De aquí en adelante, cualquier ciudadano –con experiencia partidista o sin ella, desdeñado o no por algún partido— que sea capaz de recabar suficientes apoyos podría llegar a la boleta electoral. En algunas circunstancias podría recibir financiamiento público más generoso del que tradicionalmente otorgan las cúpulas partidistas a sus candidatos. Bajo otras circunstancias, él o ella podría tener acceso a más financiamiento privado del que normalmente recibe un candidato partidista, ya sea por vías legales o ilegales. Hoy día ninguno de estos aspectos está claramente regulado y las sentencias del Tribunal han tenido que marcar la pauta.

Si los partidos políticos hicieran bien un aspecto clave de su trabajo: postular a los mejores perfiles, muy pocos candidatos independientes tendrían posibilidades reales de ganar. En la medida en que los partidos no mejoren o democraticen sus procesos de selección de candidaturas, la vía independiente será más y más atractiva. Por la misma razón, no deberá sorprendernos que legisladores federales o locales intenten imponer nuevas o mayores barreras ante la amenaza de “los independientes”. Tocará al Tribunal proteger los derechos políticos de los ciudadanos como candidatos.

Consideremos ahora los avances en paridad. Puede argumentarse que, de no ser por el activismo del Tribunal en materia  de género, hoy día no tendríamos el mayor número de mujeres en cargos de elección popular. En 2012, el Tribunal obligó a los partidos a postular 40% de candidatas a diputaciones de mayoría relativa sin excepción alguna. Poco después la paridad de género en candidaturas legislativas sería elevada a rango constitucional por el Congreso. Y este año el mismo Tribunal ha impulsado el principio de paridad a las candidaturas a presidente municipal y la integración de los cabildos: la llamada paridad horizontal y vertical, respectivamente. En algunos casos, el Tribunal ha ordenado que el reparto de plurinominales sea distinto al que estipula la ley, con tal de que la integración de los Congresos locales sea más cercana a la paridad.

No deberá sorprendernos que legisladores federales o locales intenten frenar el alcance de estas sentencias mediante nuevas leyes. Y, si en verdad es garantista, tocará al Tribunal proteger los derechos políticos de las mujeres y hombres por igual.

No es cuestión menor. Llevados al máximo, los derechos políticos de los independientes, las mujeres o bien los políticos con derecho a reelegirse pueden derruir mucha de nuestra abigarrada legislación electoral diseñada por y para preservar el poder de los partidos políticos. Esa es la reforma que viene: y si no es por la vía legislativa, continuará por la judicial.

Twitter: @javieraparicio