Mercadotecnia verde

El Partido Verde Ecologista de México recibirá este año financiamiento público de 444.7 millones de pesos (8% de las prerrogativas totales a partidos políticos), dividido en dos grandes rubros: 323.2 para actividades ordinarias, 96.9 para gastos de campaña y 8.8 para otras actividades. En los últimos días, el Partido Verde ha sido sancionado —tanto por el Instituto Nacional Electoral como por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación— con multas de más de 78 millones de pesos por diversas violaciones a la regulación electoral.

La lista no es corta. Se ha sancionado u ordenado medidas cautelares contra los spots de informes de labores de sus legisladores, la difusión de promocionales partidistas en salas de cine (“cineminutos”), el uso de ciertos elementos y frases en sus prerrogativas de radio y televisión que coinciden con aquéllos de sus informes, propaganda en espectaculares y parabuses, así como la distribución de tarjetas de descuento por correo postal, entre otros.

Por su parte, los voceros del Partido Verde señalan que tanto los informes de sus legisladores como sus actividades de propaganda están apegados a derecho y que, al imponerles multas millonarias, afectarán las condiciones de equidad de la contienda durante las campañas que están por iniciar.

¿Quién tiene la razón? En términos legales, una vez que algún partido, presenta una queja, toca al Instituto Electoral decidir en primera instancia, si la conducta del partido acusado en efecto viola la normatividad electoral y, de ser necesaria una intervención expedita, puede ordenar medidas cautelares. Ahora bien, si algún partido está inconforme con las sanciones impuestas, siempre puede apelar ante el Tribunal Electoral, quien decide en última instancia si sostiene, revoca o modifica las sanciones originalmente impuestas.

¿Qué es lo que permite o no permite la ley vigente? Desde 2008, está prohibida la compraventa de spots con fines electorales y los partidos reciben prerrogativas en todas las estaciones de radio y televisión abierta del país para poder difundir sus mensajes genéricos o de campaña. También está prohibido que los funcionarios públicos promuevan su imagen, a menos que lo hagan poco antes o poco después de sus informes de labores. Una vez que inicia el proceso electoral, los precandidatos y candidatos de todos los partidos tienen acceso a los spots administrados por el INE. Entre precampañas y campañas hay un extraño “periodo de intercampañas” en el cual estos mensajes deben suspenderse. Los programas sociales, por su parte, no pueden usarse o promoverse con fines electorales y su difusión está limitada durante los periodos de campaña. Esto no es todo, desde el año pasado, también está prohibida la entrega de materiales que ofrezcan beneficios directos o indirectos, en especie o en efectivo. Y por supuesto, la compra y coacción del voto es un delito electoral desde años atrás. Si todo lo anterior le parece confuso y enredado es porque lo es.

¿En qué parece consistir la estrategia de mercadotecnia electoral del Partido Verde? En hacer un uso estratégico y coordinado de lo que, muy a su entender, les permite la ley. Quizá por ello sus legisladores hacen informes de labores escalonados y con mensajes muy similares entre sí. Posteriormente, sus mensajes de precampaña y sus mensajes genéricos comparten elementos con los informes de sus legisladores. Por separado, unos y otros pueden no ser ilegales, pero vistos en conjunto es claro que hay una estrategia detrás que puede constituir un intento de fraude a la ley.

¿Es ilegal que un partido  difunda la existencia de un programa social prometido o el cumplimiento de ciertos compromisos de campañas previas? ¿Debe ser permitido o no? Para bien o para mal, la legislación obliga a las autoridades electorales a juzgar los contenidos de los mensajes de campaña y los informes de labores. Pero regular la información política es un terreno complicado donde la creatividad de los abogados y la de los publicistas se enfrentan o se asocian.

                Twitter:@javieraparicio